Las resoluciones de la ministra recién designada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, mostrarán si tiene independencia y autonomía, según consideró Mariana Calderón Aramburu, directora del Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE).
El presidente Andrés Manuel López Obrador, eligió a Batres Guadarrama el 14 de diciembre como la nueva ministra de la SCJN, en sustitución del exministro Arturo Zaldívar Lelo, quien renunció el pasado mes de noviembre a su cargo.
Batres tomó protesta constitucional en el Senado, el mismo día que fue designada, para asumir el cargo por un periodo de 15 años.
La designación de la nueva ministra causó controversia, ya que anteriormente ocupó el cargo de funcionaria de la consejería jurídica de la presidencia y es hermana del jefe de gobierno de la ciudad de México, el oficialista José Martí Batres.
Lenia Batres cuenta con experiencia en la administración pública federal y local. Fue asesora en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, directora de Gestión, Vinculación y Asuntos Jurídico-Normativos de la Autoridad del Espacio Público y asesora en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entre otros cargos.
Mariana Calderón Aramburu, directora del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, dijo a The Epoch Times México el 14 de diciembre, durante el informe anual de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que la independencia y la autonomía de la nueva ministsra se reflejará en sus sentencias.
«Descubriremos la independencia y autonomía de esta nueva ministra a través de sus resoluciones. Eso es lo que impacta, eso es lo que demuestra cómo se comporta», dijo Calderón, añadiendo que a través de estas sentencias se verá «si efectivamente [Batres Guadarrama] cumple con su deber constitucional de defender el estado de derecho, la democracia, los derechos humanos y lo que se establece en la Constitución».
La elección de Batres Guadarrama fue un hito en la historia moderna del país, donde un presidente nombra de manera directa a una ministra a la máxima corte, luego de que el Senado no llegara a un consenso para su nombramiento.
Calderón Aramburu explicó que la elección de la nueva ministra cumplió con los procedimientos específicos para su designación «porque la Constitución lo prevé». Sin embargo, dijo que esta designación envía un mensaje no adecuado, pues no hubo consenso en el Senado para su aprobación.
«Se votó que sí era elegible por la mayoría parlamentaria, pero la minoría dijo que no era elegible por justo pertenecer a un partido político. No se escuchó a la minoría parlamentaria», señaló la directora del CNLE agregando que, en cambio, «se utilizó este poder de las mayorías, que se ha utilizado en los últimos años».
Para Calderón Aramburu, a pesar de que se utilizó este método, la ministra debe cumplir con su juramento a la Constitución y al país, en lugar de deber fidelidad al gobierno que la designó.
«Yo esperaría que una persona que va a ocupar un cargo tan alto, la lealtad a partir de este momento se lo debe a la Constitución, al Estado de Derecho, a la democracia y a los principios constitucionales, no a una política de gobierno», reflexionó la abogada.
«Los ministros no están para defender intereses partidistas, ni políticas públicas, ni políticas gubernamentales, ni ideologías. Están para defender la Constitución. Entonces, lo correcto sería que se apegará a lo que dice el marco constitucional», agregó.
Respecto a la postura del grupo oficialista en el Senado, que afirma que los gobiernos anteriores designaron a ministros con su misma afinidad ideológica, Calderón Aramburu dijo que ese argumento «se ha usado siempre para todos los casos».
«Rebajar a los ministros, en este caso, a que por el simple hecho de ser nombrados van a jurar lealtad a la persona que los nombró, es no confiar o incluso poner en tela de juicio la naturaleza de la persona que está en ese cargo».
Siga a Eduardo Tzompa en X: @JEduardoTzompa
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