La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pidió al juez del caso de fraude civil del expresidente Donald Trump que declare «sin efecto» la fianza de 175 millones de dólares que una compañía de fianzas depositó en su nombre y le exija que deposite una nueva fianza con garantías suficientes, al mismo tiempo que ha puesto en duda la credibilidad de la firma.
La compañía que emitió la fianza —Knight Specialty Insurance Company (KSIC)— depositó una fianza de 175 millones de dólares el 1 de abril en nombre del expresidente Trump, lo que le permite defenderse de un posible embargo de sus propiedades u otros activos a raíz de una sentencia de 464 millones de dólares (incluidos los intereses) en un caso que lo acusa de inflar el valor de los activos para obtener mejores condiciones de préstamo.
La señora James, una demócrata que presentó el caso de fraude civil contra el expresidente Trump, cuestionó inicialmente la «suficiencia» de la fianza de 175 millones de dólares en una presentación judicial varios días después de que KSIC la depositara, lo que llevó a los abogados del expresidente a insistir en respuesta en que la empresa está bien capitalizada y tiene suficientes garantías para respaldar la fianza.
Pero la Sra. James rechazó esa afirmación, planteando una serie de argumentos en oposición a la reclamación de KSIC en una presentación judicial del 19 de abril que pide al juez que preside, el juez de la Corte Suprema de Nueva York Arthur Engoron, que declare la fianza «sin efecto» y ordene que se deposite una fianza de sustitución en un plazo de siete días.
La KSIC no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El juez Engoron fijó una audiencia el 22 de abril para tratar la cuestión de la fianza.
Impugnación de la suficiencia de la fianza
La ley estatal habría obligado al expresidente Trump a depositar la totalidad de la sentencia (393 millones de dólares de devolución con un 9% de intereses retroactivos por un total de 464 millones de dólares), pero una corte de apelaciones la redujo a 175 millones de dólares, que se pagarían en un plazo de 10 días.
La KSIC depositó la fianza de 175 millones de dólares en nombre del expresidente Trump el 1 de abril, suspendiendo la ejecución de la sentencia en el caso e impidiendo cualquier embargo de sus bienes mientras se resuelve su apelación en el caso.
Sin embargo, tanto la validez de la fianza como la credibilidad de la empresa fueron inmediatamente cuestionadas por la Sra. James. En una presentación del 4 de abril, dijo que hizo una “excepción a la suficiencia de la garantía», justificando su oposición en parte debido al hecho de que KISC no era un operador admitido en Nueva York y carecía de un certificado de cualificación requerido por la Ley de Seguros de Nueva York Sección 1111.
La Sra. James dio al abogado del expresidente Trump, o KSIC, diez días para presentar una moción para justificar la fianza, amenazando con que de lo contrario la fianza quedaría sin efecto, una acción que entonces podría permitir la incautación de las propiedades de Trump para satisfacer la sentencia.
En respuesta, los abogados del expresidente Trump presentaron una moción el 15 de abril pidiendo al juez que desestime las objeciones de la Sra. James a la fianza, al mismo tiempo que exponen una serie de argumentos por los que creen que la fianza es válida.
El abogado del expresidente Trump señaló que no hay ningún requisito legal para que una compañía de fianzas sea un «operador admitido» en el estado de Nueva York para proporcionar la fianza.
También argumentaron que la compañía está bien capitalizada, con más de 539 millones de dólares en activos, 138 millones de dólares en capital, además de tener acceso a más de 2000 millones de dólares en activos y 1000 millones de dólares en capital.
Además, dijeron en la presentación que el acuerdo del expresidente Trump con KSIC y el banco Charles Schwab permite a KSIC activar el control de una cuenta de corretaje en Schwab en poder del Donald J. Trump Revocable Trust y que contiene algo más de 175 millones de dólares en un plazo de dos días hábiles, lo que significa que «el bono de 175 millones de dólares está totalmente garantizado por 175 millones de dólares en efectivo».
Sin embargo, la Sra. James rechazó esos argumentos en su presentación del 19 de abril.
«Los demandados y la KSIC (colectivamente, los «demandantes») no han justificado que la KSIC sea el garante de esta empresa extraordinariamente grande por varias razones», escribió.
Credibilidad en entredicho
El fiscal general de Nueva York argumentó en la presentación que KSIC y el abogado de Trump no han podido demostrar que la garantía que respalda la fianza de 175 dólares es lo suficientemente segura y determinable.
Se opuso a la estructura de los acuerdos que rigen cómo se promete y controla la garantía, argumentando que los 175 millones de dólares en la cuenta de corretaje en poder del Donald J. Trump Revocable Trust en Schwab pueden ser fácilmente vaciados a menos que KSIC se oponga en un plazo de dos días después de recibir la notificación de la transacción propuesta.
Además, aunque el acuerdo exige que el fideicomiso recargue el saldo de la cuenta de corretaje si cae por debajo de 175 millones de dólares, la Sra. James afirmó que esta promesa es «hueca» si el fideicomiso carece de los fondos para hacerlo y admite que el valor de la garantía fluctuará en función de las condiciones del mercado.
«En base a las pruebas presentadas por los demandantes en apoyo de la moción, no hay base suficiente para que la corte considere que el bono está suficientemente garantizado por activos identificables», escribió.
Además, dijo que la corte no debería basarse en el resumen financiero de KSIC adjunto a la fianza como prueba de que la empresa tiene capacidad suficiente para justificar la emisión de la fianza de 175 millones de dólares.
«Esto se debe a que KSIC envía el 100% de su riesgo de seguro retenido a sus filiales en las Islas Caimán, donde la laxitud de la normativa permite a KSIC utilizar esta transferencia de riesgo para reducir los pasivos que lleva en sus libros de una manera que refuerza artificialmente su superávit, una práctica que los reguladores de Nueva York han bautizado como ‘seguro en la sombra’ y sobre la que han alertadp», escribió.
Por último, la Sra. James dijo que aunque es legal que un corredor de líneas de exceso de licencia para colocar el negocio con un asegurador no autorizado como KSIC, solo puede hacerlo si está convencido de que la gestión de la aseguradora es «digno de confianza y competente».
«KSIC no está cualificada para actuar como garante bajo esta norma porque las autoridades federales han descubierto que su dirección ha operado con empresas afiliadas dentro de la estructura de la sociedad de cartera de KSIC en violación de la ley federal en múltiples ocasiones en los últimos años», argumentó en la presentación.
Pidió al juez que denegara la moción del abogado de Trump de desestimar su apelación y que depositara una fianza sustitutoria en un plazo de siete días.
Mientras que la campaña de Trump no respondió a una solicitud de comentarios sobre la impugnación de la fianza de la Sra. James, el abogado de Trump Christopher Kise denunció anteriormente sus acciones como «otra cacería de brujas».
El Sr. Kise sugirió que la Sra. James tenía motivos personales o políticos detrás de la medida, y lo hizo para «agitar alguna disputa pública igualmente infundada en un esfuerzo desesperado por recuperar relevancia».
El expresidente Trump ha prometido luchar contra el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si es necesario.
Se ha declarado inocente en el caso y ha acusado a la Sra. James de motivos políticos.
La oficina de James no respondió a una solicitud de comentarios sobre la impugnación de la fianza.
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