La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, promulgó un anexo de emergencia a la ley de control de armas del estado, acelerando su aplicación y deteniendo un esfuerzo de los activistas por los derechos de armas para retrasar sus efectos.
La ley, H.4885, debía entrar en vigor el 23 de octubre, es decir, 90 días después de que Healey la firmara en julio, pero su decisión de promulgar el anexo de emergencia significa que entrará en vigor inmediatamente.
Según la ley de Massachusetts, los gobernadores tienen autoridad para emitir un anexo de emergencia para acelerar la legislación cuando se considere necesaria «la preservación inmediata de la paz pública, la salud, la seguridad o la conveniencia».
La promulgación acelerada de la ley fue elogiada por los grupos de control de armas, pero duramente criticada por los defensores de los derechos de las armas, que esperaban reunir suficientes firmas para retrasar su aplicación hasta un posible referéndum en 2026.
La H.4885 amplía la ya estricta normativa sobre armas de Massachusetts, en parte como respuesta a la sentencia de la Corte Suprema de 2022, en el caso New York State Rifle & Pistol Association vs. Bruen, que afirmó el derecho de una persona a portar armas de fuego en público para defensa propia.
La ley acelerada incluye disposiciones que prohíben las «armas fantasma» imposibles de rastrear, amplía las restricciones sobre las armas de fuego «de asalto» y los cargadores de gran capacidad, y endurece las normas estatales sobre «bandera roja». También exige que los solicitantes de licencias de armas de fuego pasen un examen de seguridad estandarizado y realicen un entrenamiento con fuego real, además de proporcionar información sobre salud mental a las autoridades locales encargadas de conceder las licencias.
«Esta ley de seguridad de las armas prohíbe las armas fantasma, refuerza el estatuto de la Orden de Protección de Riesgo Extremo para mantener las armas fuera del alcance de las personas que son un peligro para sí mismas o para los demás, e invierte en programas de prevención de la violencia. Es importante que estas medidas entren en vigor sin demora», declaró Healey el 2 de octubre a los medios de comunicación.
La decisión de la gobernadora de acelerar la entrada en vigor de la ley provocó la rápida condena de las organizaciones de defensa de los derechos de las armas. Tody Leary, propietario de Cape Cod Gun Works y líder de la Coalición de Derechos Civiles, criticó duramente la medida, acusando a Healey de eludir el proceso democrático.
«De un solo golpe, Healey se arriesga a cerrar hasta 400 tiendas y a convertir a decenas de miles de ciudadanos respetuosos de la ley en delincuentes, simplemente por poseer armas que han tenido legalmente durante años», dijo Leary en una declaración. «Ella está actuando más como una dictadora que como una gobernadora».
La gobernadora Leary declaró que la Coalición de Derechos Civiles estaba en camino de reunir las 49,716 firmas necesarias para suspender la ley y colocarla en la boleta electoral de 2026, y agregó que la orden de emergencia de Healey eludió ese esfuerzo.
Jim Wallace, director ejecutivo de la Gun Owners Action League (GOAL), expresó frustraciones similares al Sr. Leary. El grupo emitió una declaración denunciando la ley como un «ataque histórico a nuestros derechos civiles».
El Sr. Wallace señaló que las acciones pasadas de la gobernadora Healey ya habían tensado las relaciones con los defensores de la Segunda Enmienda del estado.
«En todo momento, la Legislatura y ahora la gobernadora han evitado las aportaciones públicas honestas, especialmente de la comunidad [de la Segunda Enmienda]», dijo el Sr. Wallace en una declaración. «Somos los únicos interesados y hay un esfuerzo constante para silenciar nuestras voces y engañar al público en general».
GOAL, junto con la Asociación Nacional del Rifle, se comprometieron a emprender rápidamente acciones legales en contra.
«Con el golpe de un bolígrafo, la gobernadora Healey ha eludido descaradamente el proceso político de Massachusetts y ha acelerado la fecha de entrada en vigor de su radical ley de control de armas en la Mancomunidad», dijo Randy Kozuch, director ejecutivo del Instituto de Acción Legislativa de la NRA, en una declaración. «Esta ley extrema no quedará sin control, y la NRA lanzará un desafío para restaurar los derechos garantizados por la Constitución de Estados Unidos a los habitantes de la Bahía».
Por el contrario, la decisión de Healey fue elogiada por los sectores de Massachusetts de Moms Demand Action y Students Demand Action, que forman parte de la red Everytown for Gun Safety.
«Una vez más, la gobernadora Healey da prioridad a nuestra seguridad al tomar medidas significativas para proteger a nuestras comunidades de la violencia armada», dijo en un comunicado Olivia Benevento, líder de la sección Students Demand Action de la Universidad Northeastern. «Estamos agradecidos a los legisladores y a la gobernadora por apoyar este proyecto de ley y ayudarnos a adoptar una postura contra la peligrosa agenda del lobby de las armas».
La promulgación de la ley marca la culminación de casi un año de esfuerzos por parte de los defensores del control de armas para responder a Bruen y endurecer las ya estrictas regulaciones del estado. Además de prohibir las armas fantasma y las armas de fuego de «asalto», la ley prohíbe las armas de fuego en colegios, colegios electorales y edificios gubernamentales y aumenta las penas por tiroteos cerca de zonas residenciales.
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