Cuando la Corte Suprema de EE.UU. emitió una decisión el martes para permitir que una ley de inmigración de Texas entre en vigor, una juez disidente afirmó que la medida «sembraría el caos».
La ley, SB4, otorga a las fuerzas del orden de Texas la capacidad de arrestar, detener y expulsar a las personas sospechosas de entrar ilegalmente en Estados Unidos. El Tribunal Supremo rechazó una petición de urgencia del Departamento de Justicia de Biden, que había argumentado que los estados no tienen derecho a aplicar las leyes de inmigración.
Horas después del fallo del alto tribunal, el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos suspendió la ley. El mes pasado, un juez federal con sede en Texas bloqueó su aplicación, argumentando también que es probable que vaya en contra de la cláusula de supremacía de la Constitución.
La orden del Tribunal Supremo no da razones, pero los jueces Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh presentaron opiniones concurrentes. Tres jueces designados por los demócratas, Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, disintieron.
En su voto en contra, la juez Sotomayor dijo que la ley pondría en entredicho la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración. No abordó los argumentos de que el gobierno de Biden no ha aplicado la ley de inmigración o si el estado está siendo invadido por inmigrantes ilegales, como los abogados del estado de Texas han dicho en documentos judiciales.
«El Tribunal da luz verde a una ley que alterará el antiguo equilibrio de poder entre el gobierno federal y el estatal y sembrará el caos, cuando el único tribunal que ha examinado la ley llegó a la conclusión de que es probablemente inconstitucional», escribió en su opinión, a la que se unió el juez Jackson.
La medida SB4 permitiría a las fuerzas del orden locales y estatales detener a las personas que consideren que han entrado ilegalmente en el estado. También otorgaría a los jueces estatales el poder de ordenar que los inmigrantes ilegales sean transportados a un puerto de entrada o devueltos a México, a pesar de su país de origen.
Los republicanos de Texas, incluido el gobernador Greg Abbott, han afirmado que la ley es necesaria debido al significativo aumento de inmigrantes ilegales en Texas en los últimos tres años. Han argumentado que la administración Biden no ha hecho cumplir las leyes fronterizas y que el estado tiene derecho a hacer cumplir sus propios mandatos, al tiempo que argumentan que Texas está siendo invadida por extranjeros ilegales.
Describiendo la ley SB4 como un «esquema novedoso», la juez Sotomayor añadió que debería merecer «una consideración cuidadosa y razonada en los tribunales para determinar qué disposiciones pueden ser inconstitucionales».
«Aunque el [Tribunal Supremo] hoy no expresa ninguna opinión sobre si la ley de Texas es constitucional, y en su lugar defiere a la gestión de un tribunal inferior de su expediente, el Tribunal de Apelaciones abusó de su discreción al entrar en una suspensión administrativa irrazonable e indefinida que alteró el statu quo», agregó el juez. «Este Tribunal se queda de brazos cruzados. Porque no puedo, disiento».
La juez designada por Obama escribió que durante los últimos 100 años, el precedente de la Corte Suprema ha afirmado la autoridad del gobierno federal sobre la inmigración, incluida la admisión o exclusión de no ciudadanos estadounidenses.
«El procedimiento puede ser tan trascendente como el fondo. El Tribunal de Distrito concluyó que la S. B. 4 era probablemente inconstitucional y causaría un caos inmediato si entrara en vigor», continuó la juez Sotomayor. «No obstante, Texas pidió permiso para aplicar esa ley mientras apelaba la orden preliminar».
Su disidencia arremetió contra el 5º Circuito, que previamente había permitido a Texas promulgar la ley hace varias semanas. El tribunal pronto escuchará los argumentos en el caso para determinar si la ley debe permanecer en suspenso.
«El Quinto Circuito abusó de su discrecionalidad, y este Tribunal comete el mismo error al permitir que una suspensión administrativa temporal altere el statu quo que ha existido durante más de un siglo», afirmó.
La juez Elena Kagan escribió una disidencia separada en el caso, haciéndose eco de las afirmaciones hechas por la juez Sotomayor de que ella cree que la inmigración debe ser manejada por el gobierno federal.
«Teniendo en cuenta ese entendimiento establecido, yo no permitiría que la Ley 4 del Senado de Texas entrara en vigor. Y en estas circunstancias, no creo que el uso del Quinto Circuito de una suspensión administrativa, en lugar de una suspensión en espera de apelación, deba importar», escribió.
Pero el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, que apeló el fallo del juez inferior que bloqueó la aplicación de la ley, dijo a un canal de noticias local el martes que la mayoría del Tribunal Supremo hizo un «gran fallo» y envía un mensaje de que «los estados tienen derechos».
«Mientras la gente se enfrenta a las sobredosis de fentanilo que sufren sus hijos, mientras se enfrentan a posibles terroristas que entran en nuestra nación, mientras se enfrentan a mayores índices de criminalidad en nuestras ciudades debido a este problema de inmigración ilegal, creo que es importante que sepan que Texas va a tratar de protegerles y tratar de defenderles, incluso si el gobierno federal no lo hace, y en realidad está haciendo todo lo contrario al fomentar este comportamiento», dijo Paxton, republicano, al canal.
El caso volverá al Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU., que tiene previsto escuchar los argumentos orales el 3 de abril.
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