Un proyecto de ley de California que exige a las Big Tech pagar ingresos a algunos proveedores de noticias digitales por el contenido que muestran en Internet sobrevivió a una audiencia realizada el 15 de agosto, pero la legislación debe superar otro obstáculo antes de que sea elegible para una votación en el pleno.
El proyecto de ley 886 de la Asamblea, también conocido como Ley de Preservación del Periodismo en California, fue puesto en suspenso a principios de agosto, mientras el Senado del Estado estudiaba su posible impacto fiscal. El jueves superó la audiencia del Comité de Asignaciones del Senado por 4 votos a favor y 2 en contra, con el voto en contra de los republicanos.
El proyecto de ley fue redactado por la asambleísta demócrata Buffy Wicks y presentado a principios del año pasado. Se basa en el argumento de que las plataformas tecnológicas digitales tienen un control “monopolístico” sobre los contenidos que producen los periodistas, según escribió Wicks en un análisis al proyecto de ley publicado en junio.
“Es el hecho de que, a medida que las noticias se trasladan a Internet, plataformas tecnológicas masivas y monopolísticas obligan a las redacciones a compartir el contenido original que producen los periodistas, a cambio de lo cual las plataformas vendían publicidad y ofrecían poca o ninguna compensación a cambio”, dijo.
Cerca de 2900 periódicos en Estados Unidos cerraron entre 2005 y 2023, con la consiguiente pérdida de más de 43,000 puestos de trabajo de periodistas de prensa en todo el país, sobre todo en periódicos metropolitanos y regionales, según un estudio publicado el pasado noviembre por Medill, la facultad de periodismo de la Universidad Northwestern.
Según un análisis de Press Gazette (una revista en Internet de noticias del sector periodístico con sede en Londres), los puestos de trabajo en los medios de comunicación han seguido disminuyendo significativamente desde 2023. En enero, Los Angeles Times, uno de los mayores periódicos de California por tirada, despidió al menos a 115 empleados, aproximadamente el 20 por ciento de su redacción.
El proyecto de ley afectaría a las plataformas tecnológicas con al menos 50 millones de usuarios activos mensuales en Estados Unidos o con ventas netas anuales superiores a 550,000 millones de dólares, según los análisis legislativos. Estas empresas tendrían que pagar un porcentaje de sus ingresos a los proveedores de noticias digitales por los contenidos informativos publicados en sus plataformas. El importe aún no se ha determinado, pero la legislación propone que las plataformas tecnológicas presenten el pago a los proveedores de noticias anualmente o a través de un proceso de arbitraje.
En el análisis jurídico del proyecto de ley, las plataformas tecnológicas en Internet se definen como sitios web, aplicaciones móviles, asistentes digitales o servicios online que proporcionan acceso a artículos periodísticos, obras periodísticas u otros contenidos.
En junio, Meta (la empresa matriz de Facebook) afirmó en un comunicado que se vería obligada a eliminar las noticias de California de sus sitios de redes sociales, incluido Instagram, “en lugar de pagar a un fondo para sobornos que beneficia principalmente a grandes empresas de medios de comunicación de fuera del estado con el pretexto de ayudar a los editores de California”.
Según el análisis judicial más reciente, el proyecto de ley AB 886 exigiría a los proveedores de servicios periodísticos que reciban fondos de las plataformas tecnológicas que paguen al menos el 70 por ciento de los mismos a sus periodistas y personal de apoyo.
La coalición de la industria tecnológica Chamber of Progress, con sede en Virginia, argumentó en contra del proyecto de ley en 2023, señalando en un análisis de la Asamblea: “Aunque el proyecto de ley pretende apoyar el periodismo, los editores se benefician del tráfico a sus sitios que generan las plataformas. Interrumpir esa relación no abordará los objetivos centrales de este proyecto de ley”.
Meta esgrimió un argumento similar este verano, afirmando que los desafíos al modelo periodístico tradicional son anteriores a la popularidad de las redes sociales.
“El proyecto de ley no reconoce que los editores y las emisoras ponen ellos mismos su contenido en nuestra plataforma y que la consolidación sustancial en la industria de las noticias locales de California se produjo hace más de 15 años”, dijo Meta en una declaración en junio a The Epoch Times.
Además, esta primavera, Google anunció que había empezado a eliminar los sitios web de noticias de California de los resultados de búsqueda en respuesta a la posibilidad de pagar elevadas tarifas a las empresas de medios de comunicación por los contenidos.
En una entrada de blog escrita por el vicepresidente de Global News Partnerships de Google, Jaffer Zaidi, argumentó que las tasas no serían más que un “impuesto sobre los enlaces” que la empresa tendría que pagar “por el simple hecho de conectar a los californianos con artículos de noticias”. Afirmó que Google ya ayudaba a editores “de todos los tamaños a aumentar su audiencia” sin coste alguno, y dijo que el proyecto de ley favorecía a los “conglomerados mediáticos” que utilizarían los fondos de las tasas recaudadas para comprar más periódicos de California y poner a los pequeños editores en “desventaja”.
“Una industria periodística saludable en California requerirá el apoyo tanto del gobierno de California como de una amplia base de empresas privadas”, escribió.
El jueves, el comité de apropiaciones envió el proyecto de ley al comité de reglas, lo que significa que la legislación requerirá otra ronda de discusión y aprobación antes de ser enviada a votación en el pleno del Senado.
El Presidente Pro Tempore del Senado Mike McGuire (un demócrata que también sirve como presidente del comité de reglas) dijo que los legisladores del Senado estaban trabajando en estrecha colaboración con los líderes de la Asamblea para trabajar en los detalles de la legislación.
“El proyecto de ley [de Wicks]… es necesario para garantizar que las redacciones reciban una compensación justa por sus contenidos”, declaró a The Epoch Times en un comunicado.
McGuire dijo que también cree que es importante aprobar otro proyecto de ley, SB 1327, relacionado con el tema.
Ese proyecto de ley fue co-escrito por McGuire e implementaría una tasa impositiva del 7.25 por ciento en las plataformas tecnológicas que recogen datos de los usuarios. Los legisladores estiman que recaudaría 2500 millones de dólares anuales. Ese dinero se colocaría en un fondo que se dividiría entre los medios de comunicación de California como un crédito fiscal o para becas de periodismo, de acuerdo con la legislación.
McGuire dijo que la legislación trabajaría “en tándem” con la AB 886 “para ayudar a nivelar el campo de juego” entre las plataformas tecnológicas y los proveedores de noticias.
La Ley de Preservación del Periodismo también ha obtenido el apoyo de la News Media Alliance, un grupo de defensa sin ánimo de lucro que representa a miles de organizaciones de medios de comunicación de Estados Unidos y Canadá.
“Durante demasiado tiempo, las Big Tech han utilizado los contenidos producidos por los editores locales en su propio beneficio, a menudo sin permiso ni compensación, mientras los editores luchaban por sobrevivir”, declaró el 15 de agosto Danielle Coffey, directora general de la alianza.
El 31 de agosto es la fecha límite para que el Senado apruebe el proyecto de ley antes de que concluya la legislatura. De ser así, pasaría al Gobernador Gavin Newsom para su aprobación o veto.
Travis Gillmore y Jana J. Pruet contribuyeron a este artículo
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