La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, recibió críticas de activistas por el control de armas y al menos de un miembro de su propio partido por su orden ejecutiva del 8 de septiembre que incluye la suspensión del porte oculto y abierto de armas de fuego durante 30 días en la ciudad de Albuquerque y el condado de Bernalillo.
En un post del 9 de septiembre en X, el activista por el control de armas David Hogg escribió que apoya el deseo de la gobernadora de promover la seguridad de las armas, pero no a costa de un derecho constitucional.
«Apoyo la seguridad de las armas, pero no existe tal cosa como una excepción de emergencia de salud pública estatal en la Constitución de EE.UU.», dice su post.
No cumpliremos»: Los propietarios de armas desafían públicamente la prohibición de armas de fuego de la gobernadora de Nuevo México
Un portavoz de la oficina de la gobernadora no respondió a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición.
El Sr. Hogg también repitió un post del representante Ted Lieu (D-Calif.).
«Estemos o no de acuerdo, las decisiones del Tribunal Supremo sobre la Constitución son la ley del país», escribió Lieu.
Cuando se le preguntó por el post, Lieu citó la decisión del Tribunal Supremo del año pasado en el caso New York State Rifle and Pistol v. Bruen, en el que el tribunal sostuvo que los estadounidenses tienen el derecho constitucional a llevar un arma en público.
Sobreviviente del tiroteo escolar del 2018
En un post de seguimiento, el Sr. Hogg comparó al Partido Republicano con un culto que exige lealtad completa. Escribió que esa era la diferencia entre republicanos y demócratas.
«Si alguien se sale de la línea con el Partido Republicano o se atreve a llamar a Trump (sic), termina su carrera», escribió el Sr. Hogg. «Somos liberales en el sentido literal y no sólo político. Hablamos abiertamente sobre diferentes puntos de vista, y aprecio nuestra apertura para hacerlo».
«Es una buena regla general asegurarse de que nunca se está de acuerdo con alguien al 100%, porque nadie tiene nunca toda la razón, especialmente yo».
Varios carteles de ambos lados del pasillo criticaron al Sr. Hogg.
Los conservadores expresaron su sorpresa por estar de acuerdo con él en este punto. Uno se ofreció a seguir hablando.
«Esto es genial. Me encantaría hablar de armas y 2A contigo», escribió Tim Pool, influenciador de redes sociales y presentador del podcast Tim IRL.
Hogg se convirtió en un activista del control de armas después de sobrevivir al tiroteo del 14 de febrero del 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Él y otros estudiantes se escondieron en un armario mientras 17 personas fueron asesinadas y otras 17 resultaron heridas por un ex alumno de 19 años.
Segunda orden dirigida a las drogas
También el 8 de septiembre, la gobernadora Grisham firmó una segunda orden ejecutiva destinada a reducir el consumo de drogas ilegales.
La primera, la orden ejecutiva 2023-130, declara la violencia armada una emergencia de salud pública; y la segunda, la 2023-132, nombra el abuso de drogas una emergencia de salud pública.
En un comunicado de prensa publicado en su sitio web, la Sra. Grisham escribió que emitió las directivas tras la muerte a tiros de tres niños, entre ellos un niño de 11 años el 6 de septiembre, y dos tiroteos masivos. Dijo que su decisión fue tomada después de «una conversación sustantiva y seria» con las fuerzas del orden y funcionarios públicos de Albuquerque y el condado de Bernalillo.
La orden relativa a las armas exime a los guardias de seguridad y policías con licencia. Los civiles con permiso para portar armas deberán guardarlas en cajas cerradas con llave y utilizar seguros de gatillo u otros medios para evitar que se disparen antes de portarlas en público.
Durante una rueda de prensa celebrada el viernes, Grisham afirmó que ningún derecho constitucional es absoluto y que, como gobernadora, debe suspender ciertos derechos cuando declara una emergencia.
«En mi opinión, ningún derecho constitucional, incluido mi juramento, pretende ser absoluto», declaró.
«Hay restricciones a la libertad de expresión; hay restricciones a mis libertades».
El sheriff del condado de Bernalillo, John Allen, expresó su preocupación por la orden de Grisham.
«En primer lugar, cada vida perdida es una tragedia, y el bienestar de nuestra comunidad es de suma importancia para la Oficina del Sheriff del Condado de Bernalillo. Compartimos el dolor colectivo y la urgencia de abordar esta cuestión», dijo el sheriff en un comunicado en X.
«Soy cauteloso a la hora de colocar a mis ayudantes en posiciones que podrían dar lugar a conflictos de responsabilidad civil, así como los riesgos potenciales planteados por prohibir a los ciudadanos respetuosos de la ley su derecho constitucional a la autodefensa».
El jefe del Departamento de Policía de Albuquerque (APD), Harold Medina, emitió un comunicado en el que afirmaba que los agentes del APD no aplicarían las violaciones civiles de la orden de la Sra. Grisham.
«La gobernadora dejó claro que la aplicación de la ley estatal y no APD será responsable de la aplicación de las violaciones civiles de la orden», dice la declaración.
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