La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos comenzó a liberar a cientos de inmigrantes ilegales en las calles de San Diego el 23 de febrero, un día después de que un grupo sin fines de lucro que fue contratado para proporcionar transporte, comida y otros servicios básicos a los inmigrantes cerró operaciones luego de quedarse sin fondos.
Más de 550 inmigrantes fueron liberados el viernes por la mañana, según dijo a The Epoch Times una fuente de la Patrulla Fronteriza que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias.
Los inmigrantes ilegales fueron transportados desde un centro de procesamiento en Otay Mesa que había rebasado su capacidad a un 190 por ciento y fueron liberados en la estación de tránsito Iris en San Ysidro, justo al norte de la frontera, dijo la fuente.
El condado de San Diego ha pagado 6 millones de dólares a Servicios Comunitarios del Sur de la Bahía (SBCS) desde octubre para operar un “centro de bienvenida a inmigrantes” en una escuela cerrada en San Diego.
El centro cerró el viernes, pero seguía funcionando el 22 de febrero, con un flujo constante de camionetas y autobuses que transportaban inmigrantes ilegales hacia y desde las instalaciones.
Un taxista, uno de los tres que esperaban pasajes afuera del centro el 22 de febrero, le dijo a The Epoch Times que a menudo lleva a los inmigrantes al aeropuerto, estaciones de autobuses y hoteles baratos en el área de San Diego, pero dijo que el jueves fue inusualmente lento para él.
El hombre, que también pidió no ser identificado, dijo que todavía veía un autobús tras otro y una van tras otra transportando personas al lugar.
Últimamente, dijo, ha habido “muchos de China”.
Recientemente, un inmigrante ilegal de Senegal afirmó que después de pasar tres días sin comer antes de llegar, el personal de una organización sin fines de lucro sólo le ofreció una manzana y agua, dijo el taxista.
“Estaba gritando. Estaba realmente enojado”, dijo.
La organización estaba operando en secreto, evitando la atención de los medios, y cuando veían a los equipos de noticias en un lado de las instalaciones, los autobuses y camionetas entraban y salían por el lado opuesto del complejo cerrado con cercas de alambre cubiertas.
Los reporteros de The Epoch Times vieron varios autobuses numerados entrando a las instalaciones, pero sin ninguna otra marca de identificación. Luego siguieron a algunos que parecían dirigirse a un conocido cruce fronterizo ilegal cerca de una planta de aguas residuales en la Vía Nacional en San Diego el 22 de febrero.
Estos “autobuses fantasma”, como se les ha llamado, se han convertido en algo común en los estados fronterizos durante los últimos tres años.
Varios hoteles de San Diego, que están cerrados al público, se seguirán usando para brindar refugio temporal a inmigrantes que luego son trasladados en avión a destinos en todo Estados Unidos. Dos de estos lugares que antes eran hoteles son operados por Caridades Católicas y el Servicio Familiar Judío.
La Red de Respuesta Rápida de San Diego (SDRRN), dirigida por el Servicio Familiar Judío, es “una coalición de organizaciones de servicios y derechos humanos, abogados y líderes comunitarios dedicados a ayudar a los inmigrantes y sus familias en la región fronteriza de San Diego”, según el sitio web del grupo.
La coalición afirma que: “Las personas detenidas por la CBP y el ICE tienen pocos recursos para defenderse. La SDRRN está lista para responder a las necesidades de los inmigrantes vulnerables y sus familias: abogando por su seguridad, brindando asistencia de emergencia y coordinando representación legal gratuita y de bajo costo para defenderse contra la separación familiar y la deportación injusta”.
Oposición a medidas fronterizas
Mientras tanto, la oposición a las políticas de inmigración y seguridad fronteriza de la administración Biden se ha intensificado.
El alcalde de El Cajón, Bill Wells, dijo en una declaración del 22 de febrero que el cierre del centro de bienvenida a inmigrantes administrado por Servicios Comunitarios del Sur de la Bahía “sirve como un claro recordatorio de la incompetencia” mostrada por los gobiernos del condado, estatal y federal al abordar la crisis fronteriza.
“A pesar de que se asignaron fondos importantes, hubo una flagrante falta de previsión y no se pudo desarrollar un plan sostenible a largo plazo. En menos de cinco meses, se desperdiciaron 6 millones de dólares de impuestos del condado sin resultados o beneficios tangibles para nuestros residentes”, dijo. “La noción mal concebida de ‘si lo construyes, ellos vendrán’ lamentablemente se ha vuelto cierta ya que la apertura del centro de recursos para migrantes coincidió con un aumento dramático en el número diario de migrantes que ingresan al condado de San Diego”.
El atractivo de la atención médica gratuita, la defensa legal y otras comodidades, sin duda contribuyeron al aumento. Lo que resultó en más de 100,000 detenciones en la frontera sólo en los últimos cinco meses, dijo Wells.
Si bien El Cajón “hará todo” lo posible para “proteger y priorizar” la protección de los residentes —agregó— “el fracaso recae directamente en nuestro sistema unipartidista en el condado y el estado, que consistentemente ha descuidado las necesidades de los residentes del condado de San Diego a favor de políticas y prioridades equivocadas”.
“A medida que las liberaciones en las calles se vuelvan inevitables y veamos un aumento en el número de personas que duermen en el aeropuerto, quedará muy claro cómo aquellos a quienes se les ha confiado el gobierno han defraudado a nuestra comunidad”, dijo Wells.
«Crisis humanitaria»
La Junta de Supervisores del Condado de San Diego declaró en septiembre el aumento de la inmigración ilegal como una “crisis humanitaria” y ha pedido al gobierno federal que frene la inmigración ilegal o que proporcione fondos.
El supervisor Jim Desmond se ha opuesto consistentemente al uso de fondos del condado para pagar los gastos de los inmigrantes ilegales y ha pedido al gobierno federal que “arregle el caos en la frontera” o que desembolse fondos federales para pagarlo.
Manny Bayon, portavoz del sindicato del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza de San Diego, dijo a The Epoch Times la semana pasada que los agentes no tendrán más remedio que liberar a los inmigrantes ilegales en las calles porque solo se les permite detenerlos durante 72 horas.
“La frontera está mal y está empeorando”, afirmó.
Los inmigrantes ilegales detenidos el 22 de febrero incluyen principalmente a personas de China, Japón, Egipto, Mauritania, Honduras, Perú y Venezuela, dijo la fuente.
Cierre del centro
La presidenta y directora ejecutiva de SBCS, Kathie Lembo, dijo en un comunicado el 22 de febrero que el centro de bienvenida a migrantes ha brindado servicios fundamentales como alimentos, artículos de tocador y transporte a 81,000 migrantes procesados por la Patrulla Fronteriza desde el 11 de octubre.
«Este apoyo temporal fue vital y evitó que decenas de miles de personas quedaran varadas en San Diego sin el apoyo necesario para continuar su viaje», dijo.
Casi todos los inmigrantes (99.5 por ciento) atendidos en el centro viajaron a destinos fuera del condado, dijo Lembo.
“Estoy inmensamente agradecida a nuestro personal, socios religiosos y sin fines de lucro y voluntarios que han trabajado durante los días festivos, los fines de semana y hasta altas horas de la noche en un esfuerzo por servir a estos migrantes con dignidad, cuidado e integridad”, dijo.
SBCS tiene la intención de presentar una contabilidad completa de los gastos al condado después de que se hayan recibido y validado todas las facturas de los subcontratistas entre la próxima semana y unos 10 días, dijo.
“Mientras el Centro de Bienvenida a Migrantes cierra sus puertas, [la] misión de fortalecer las comunidades y generar un impacto positivo en las vidas de aquellos a quienes servimos continúa”, dijo.
Si bien Lembo reconoció que la inmigración es una responsabilidad federal, agradeció a la junta de supervisores “bajo el liderazgo de la presidenta Nora Varga” por financiar la operación.
“Aunque la inmigración es una cuestión federal, agradecemos a la Junta de Supervisores del Condado por su inversión en esta crisis humanitaria, aunque sea temporal”, dijo Lembo.
Inmigración ilegal
De octubre a diciembre de 2023, hubo 785,422 encuentros a lo largo de la frontera suroeste con un récord de aproximadamente 302,034 solo en diciembre, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza. El 19 de diciembre de 2023, se registraron más de 12,600 detenciones de inmigrantes ilegales, la mayor cantidad jamás registrada en un solo día.
El total de detenciones de extranjeros ilegales e inadmisibles en el año fiscal 2022-2023 (del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023) fue de 3.2 millones. En el año fiscal 2021-2022, hubo más de 2.7 millones, y contando las llamadas “fugas” (aquellos a los que los agentes de la Patrulla Fronteriza registran pero no atrapan), más de 8 millones de inmigrantes ilegales han ingresado al país en menos de tres años.
El proceso de impeachment
La Cámara de Representantes aprobó a principios de este mes un juicio de impeahment contra el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, acusado de incumplimiento del deber por el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara.
El presidente del comité, Mark E. Green (R-Tenn.), dijo en una declaración del 13 de febrero: “El secretario Mayorkas se ha negado deliberada y sistemáticamente a cumplir las leyes de los Estados Unidos y ha violado la confianza pública. Como resultado, nuestro país ha sufrido una crisis fronteriza sin precedentes que ha convertido a cada estado en un estado fronterizo, causando un sufrimiento indecible en las comunidades de todo nuestro país. Con esta votación, el Congreso ha dejado claro que no toleraremos tal anarquía”.
Con información de John Fredricks.
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