Un empleado del expresidente Donald Trump compareció ante un tribunal de Miami el 31 de julio, acusado de conspirar para obstruir la justicia y de mentir a los investigadores que investigaban el manejo de documentos clasificados por parte de Trump.
Carlos De Oliveira, de 56 años, administrador de la finca de Trump en Florida, se convirtió la semana pasada en el tercer acusado del caso. Un gran jurado de Florida votó a favor de actualizar la acusación original contra el Sr. Trump y su ayudante, Walt Nauta, que se declararon inocentes de los cargos originales en junio.
Dado que el Sr. De Oliveira, de Palm Beach Gardens (Florida), aún no había conseguido un abogado en Florida que le representara en los cargos que se le imputaron hace cinco días, se volvió a programar su declaración de culpabilidad para el 10 de agosto.
El lunes, en el tribunal, accedió a entregar su pasaporte y firmó un acuerdo por el que pagaría 100,000 dólares si no se presentaba a la audiencia en Fort Pierce, Florida. Según las condiciones de su libertad bajo fianza personal, el Sr. Oliveira tiene prohibido comunicarse con «testigos de hecho» sobre el caso, salvo a través de sus abogados. También debe obtener permiso del tribunal antes de viajar fuera del sur de Florida.
El juez de instrucción Edwin Torres presidió la audiencia y leyó los cargos al Sr. De Oliveira. El Sr. Torres fue el mismo juez que aceptó la declaración de inocencia del Sr. Nauta el mes pasado.
El abogado John Irving, que reside en Washington, acompañó al Sr. De Oliveira al tribunal el lunes. Tras la audiencia, el Sr. Irving dijo a los periodistas que estaba deseando ver qué pruebas tenía el gobierno contra su cliente. No quiso decir si se ha pedido al Sr. De Oliveira que declare contra el expresidente.
El Sr. Trump y el Sr. Nauta podrán declararse por escrito sobre los cargos que se añadieron a la acusación revisada la semana pasada, según consta en los registros judiciales.
El expresidente se enfrenta ahora a un total de 40 cargos federales relacionados con los documentos que poseía en su casa del club Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), además de 34 cargos estatales en un caso de «soborno» en Nueva York que data de 2017.
Trabajadores perseguidos para «atrapar a Trump»
El Sr. Trump está defendiendo a Nauta y Oliveira, diciendo que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) está empeñado en destruir las vidas de «dos buenas personas» que han sido sus leales empleados durante mucho tiempo.
«Están siendo perseguidos con un único objetivo: ‘atrapar a Trump’, escribió el expresidente en un posteo de Truth Social el 28 de julio, un día después de que se emitiera la acusación sustitutiva contra los tres acusados».
La mayoría de los nuevos cargos giran en torno a presuntos intentos de borrar grabaciones de las cámaras de seguridad de Mar-a-Lago. Las imágenes muestran el traslado de cajas de grabaciones.
La acusación cita al Sr. De Oliveira diciendo a un colega que el «jefe» quería que se borrara un servidor que albergaba las grabaciones.
En una serie de posteos en Truth Social, el Sr. Trump negó las acusaciones, diciendo que las cintas no se borraron, que se entregaron voluntariamente a los investigadores y que «nunca dijo a nadie que las borrara». El Sr. Trump calificó las acusaciones de «ficción fiscal y mala conducta» y de «interferencia electoral», ya que es el principal candidato republicano para oponerse al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de 2024.
Sin noticias sobre los antecedentes de Biden
Mientras tanto, el Sr. Trump pregunta si el Sr. Biden se enfrentará a algún cargo por poseer registros clasificados que datan de su servicio como senador de EE. UU. y como vicepresidente. El Sr. Trump señala que ambos cargos carecen de autoridad para desclasificar registros, una acción que se deja a la entera discreción del presidente, según ha dictaminado un tribunal.
El Sr. Trump ha alegado repetidamente que el Sr. Biden poseía muchos más documentos que el Sr. Trump.
Aunque el DOJ ha publicado fotografías que muestran docenas de cajas de documentos almacenados en Mar-a-Lago, las actas judiciales muestran que la cantidad de documentos en cuestión es mucho menor. Trump entregó 235 páginas de documentos clasificados entre enero y junio de 2022. Después, el FBI encontró 102 documentos más durante su redada en Mar-a-Lago en agosto de 2022.
El abogado especial Robert Hur fue designado para investigar la posesión de documentos clasificados por parte de Biden. Esos documentos se han encontrado en varios lugares, pero el estado de esa investigación ha permanecido en secreto.
En cambio, la acusación contra Trump en el caso del «soborno» de Nueva York se filtró a los medios de comunicación en marzo. Asimismo, han aparecido reportes sobre las actividades del abogado especial Jack Smith, que lleva investigando a Trump desde noviembre.
Se acumulan los cargos contra Trump
El equipo del Sr. Smith ha investigado no sólo el caso de los documentos clasificados, sino también la conducta del Sr. Trump en relación con su impugnación de los resultados de las elecciones de 2020, que culminó en una protesta que se tornó violenta en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021.
En el caso de los documentos, el Sr. Trump se enfrenta ahora a 32 cargos de retención intencionada de información de defensa nacional en virtud de la Ley de Espionaje, y a ocho cargos relacionados con presuntos esfuerzos por obstruir la investigación.
El juicio del caso de los documentos está fijado para el 20 de mayo de 2024. En los nuevos documentos presentados ante el tribunal, el Departamento de Justicia afirma que tiene intención de mantener esa fecha a pesar de los cargos adicionales y de que un tercer acusado complica aún más el caso.
El Sr. Trump confirmó el 27 de julio que sus abogados se reunieron con la oficina del Sr. Smith para impugnar la inminente acusación del 6 de enero, pero dijo que no había «ningún indicio de notificación» de que se fuera a presentar una acusación. Anteriormente, Trump había revelado que el 16 de julio había recibido una «carta objetivo» de la oficina del Sr. Smith, lo que indicaba que la acusación era inminente.
También se espera que una investigación del condado de Fulton, Georgia, sobre la impugnación por parte de Trump de los resultados electorales de ese estado dé lugar a cargos penales contra él.
Con información de The Associated Press.
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