Liberan, con medidas cautelares, a político mexicano acusado de corrupción

Por EFE
28 de septiembre de 2018 6:05 PM Actualizado: 28 de septiembre de 2018 6:06 PM

El exsecretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Chihuahua, Alejandro Gutiérrez, acusado de corrupción, fue liberado hoy con medidas cautelares, informaron fuentes gubernamentales.

En un comunicado, el fiscal general del estado, César Augusto Peniche, indicó que el dirigente del PRI dejó la penitenciaría a las 04.00 hora local (09.00 GMT) de este viernes.

«Sin embargo, aclaró que no podrá abandonar la ciudad ni dejará de portar el brazalete electrónico por los asuntos que tiene pendientes con la justicia local», agregó el texto.

El fiscal consideró que el juez que dictaminó la libertad hizo «caso omiso» de una suspensión decretada por un juez de amparo.

«Es el resultado de la irregular actuación de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) en la que solicitó el sobreseimiento de la causa penal, no obstante que tenía todas las pruebas para llevarlo a juicio oral», sostuvo.

Informó que el norteño estado de Chihuahua dará continuidad a los recursos que se encuentran en trámite y se continuará el proceso por un 1,8 millones de pesos (unos 96.000 dólares), causa penal por la que se le impuso un brazalete electrónico que le impide salir del estado.

En un comunicado, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar «la negación y el entorpecimiento a la aplicación de la justicia en el caso».

Asimismo, calificó la excarcelación como «un atropello al pueblo de Chihuahua».

Gutiérrez fue detenido a finales de diciembre de 2017 en Saltillo, capital del vecino estado de Coahuila.

Se le acusa de orquestar el desvío de 246 millones de pesos (unos 13 millones de dólares) durante el gobierno de César Duarte en Chihuahua (2010-2016).

Este dinero fue supuestamente canalizado a campañas electorales del oficialista PRI en cinco estados, tal y como han denunciado varias organizaciones civiles y ha investigado la Fiscalía General.

 

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