Después que el Fiscal General de Virginia Mark Herring (D) desestimó los santuarios de armas de Virginia como ilegales, los activistas de la Segunda Enmienda en todo el estado están instando a los propietarios de armas a resistirse a la aplicación de leyes más estrictas de armas, que ellos consideran inconstitucionales.
En un memo del 26 de diciembre, los grupos de acción de la Segunda Enmienda «Gun Owners of America» y «Virginia Citizens Defense League», hicieron un llamado a los ciudadanos a resistir activamente la implementación de inminentes leyes de restricción de armas.
Más de 100 condados y ciudades han aprobado resoluciones de santuario de armas que prometen proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos a portar y vender armas.
«Si el gobierno de Richmond actúa de forma ilegal, entonces los funcionarios locales y las personas que representan no cooperarán y podrán tomar medidas para resistir activamente», dice la carta.
La carta se produjo en respuesta a la opinión consultiva de Herring, publicada el 20 de diciembre, en la que declara que las resoluciones de santuario de armas «no tienen fuerza legal».
A su vez, los defensores del santuario de armas argumentaron en su carta que los proyectos de ley estatales recientemente aprobados que declaran el derecho del gobierno a confiscar las armas de los ciudadanos de Virginia que respetan la ley, son ilegales.
«La Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Virginia son las declaraciones de la voluntad del pueblo mismo y los pactos de los que la legislatura de Virginia extrae su autoridad. Si la Asamblea General de Virginia, junto con el gobernador o el fiscal general de Virginia, promulgan e intentan hacer cumplir una ley que está prohibida por la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos o por el Artículo I, Sección 13 de la Constitución de Virginia, y los derechos inalienables preexistentes de la gente, entonces dicha ley no tiene legitimidad y es nula. En respuesta, los funcionarios del gobierno local que han jurado defender la Constitución federal y estatal tienen sin duda alguna el poder inherente —y el deber— de negarse a aplicar esas leyes inconstitucionales, e incluso de proteger al pueblo contra su aplicación».
Santuarios de la Segunda Enmienda
Después que la mayoría de los 95 condados de Virginia se declararan jurisdicciones santuarias, Herring dijo en su opinión consultiva que las resoluciones aprobadas por los gobiernos locales que se declaran «Santuarios de la Segunda Enmienda» no tienen «ningún efecto legal».
Estas localidades «no pueden anular las leyes estatales» y deben seguir las medidas de prevención de la violencia con armas aprobadas por la Asamblea General, escribió.
«Estas resoluciones no tienen fuerza legal, y son solo parte de un esfuerzo del lobby de las armas para avivar el miedo».
Más de 100 ciudades, pueblos y condados han aprobado tales resoluciones desde que los demócratas obtuvieron la mayoría en el Senado estatal y en la Cámara de Delegados en noviembre. Se comprometieron a oponerse a cualquier nueva ley sobre armas que consideren que viola la Segunda Enmienda.
Las resoluciones santuario vinieron en anticipación de las leyes de armas de bandera roja más estrictas respaldadas por el gobernador de Virginia Ralph Northam (D), que permitiría la remoción temporal de las armas de alguien que es considerado peligroso para ellos mismos o para otros.
The Associated Press y The Epoch Times contribuyeron a este informe.
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