Un grupo de 21 líderes negros defendió el martes la recién aprobada ley de votación de Georgia en una carta dirigida a los miembros del Comité Judicial del Senado, calificando las críticas a dichas leyes como una campaña para sembrar la división y la desinformación como parte de una agenda más amplia de los demócratas para nacionalizar las leyes de voto.
«Ha quedado claro que incluso los críticos bienintencionados de la ley simplemente no tienen ni idea de lo que es la ley», escribieron los líderes comunitarios en su carta (pdf) a los senadores.
«Está claro que no tienen ni idea de lo favorable que es la nueva ley de Georgia en comparación con la mayoría de los demás estados, incluido el estado natal del presidente Biden, Delaware. Y está claro que no tienen ni idea de que la mayoría de los votantes negros de todo el país apoyan la disposición clave que atacan los críticos: el simple requisito de que los votantes puedan identificarse al votar. Es el mismo requisito sencillo que se necesita para recoger entradas de béisbol o subir a un avión», continúa la carta.
El presidente Joe Biden y su administración criticaron la reciente medida de votación de Georgia como un esfuerzo racista para suprimir votos.
«La ley de votación de Georgia —como tantas otras que persiguen los republicanos en las cámaras estatales de todo el país— es un ataque flagrante al derecho de voto, a la Constitución y a la buena conciencia. Es el Jim Crow del siglo XXI y debe terminar», escribió Biden en un posteo de Twitter el 26 de marzo.
La Casa Blanca no devolvió una solicitud de comentarios sobre los comentarios del presidente acerca de las nuevas leyes de votación de Georgia.
«En cambio, los críticos de la ley han sustituido la razón por la pasión, y el juicio por la histeria», escribieron los líderes a los senadores Dick Durbin (D-Ill.) y Chuck Grassley (R-Iowa). «Han lanzado una despreciable campaña de desprestigio contra los partidarios de la ley y de represalias económicas contra el estado de Georgia, castigando a las mismas personas que dicen defender. Han cortado con la misma tijera del racismo a personas cuyo único pecado es el deseo de confianza en nuestras elecciones».
La carta fue enviada el mismo día en que el Comité Judicial del Senado, dirigido por los demócratas, celebró una audiencia titulada: «El último ataque al derecho al voto». La reunión aborda las legislaturas estatales que introducen y promulgan nuevas leyes de voto, que los demócratas califican de asalto al derecho de voto y los republicanos dicen que protegen el proceso de votación.
El representante Burgess Owens (R-Utah) testificó el martes ante el Comité Judicial del Senado y calificó de «indignante» la comparación de la nueva ley electoral de Georgia con las leyes de Jim Crow.
«Pero como alguien que realmente ha experimentado las leyes de Jim Crow, me gusta dejar en claro los mitos con respecto a la ley del estado de Georgia recientemente aprobada, y por qué cualquier comparación entre esta ley y Jim Crow es absolutamente indignante».
«Además, las leyes de Jim Crow, como el impuesto de sufragio, las pruebas de propiedad, las pruebas de alfabetización y la intimidación violenta en las urnas, hacían casi imposible que los estadounidenses negros votaran. La sección de la ley de Georgia que ha provocado tanta indignación por parte de la izquierda, simplemente requiere que cualquier persona que solicite un voto en ausencia incluya en la solicitud una prueba de identificación emitida por el gobierno», continuó Burgess.
Las leyes Jim Crow eran normas estatales y locales promulgadas en el sur por las legislaturas estatales dominadas por los demócratas para privar de derechos a los negros e impedirles obtener beneficios políticos o económicos.
La presidenta de la Fundación Heritage, Kay Cole James, dijo en un video de Youtube que ella tiene un interés personal en el derecho al voto y que no haría nada que pusiera en peligro la capacidad de las minorías para acudir a las urnas.
«Al crecer como adolescente negra durante la década de 1960, conocí los tremendos sacrificios y peligros que mis amigos y familiares soportaron para asegurar el derecho al voto de los estadounidenses negros», dijo James. «Así que, permítanme ser perfectamente clara: tengo cero interés en suprimir el voto de cualquier parte de la población».
«Pero eso no es lo que está ocurriendo en Georgia o en otros estados que persiguen reformas electorales», continuó. «No dejen que nadie les diga lo contrario».
Los líderes negros afirman que la verdadera agenda de los demócratas detrás de los ataques a las leyes de votación de los estados, como la de Georgia, es que el gobierno federal tome el control de las normas de votación de la nación.
«La verdadera agenda detrás de estos ataques a la nueva ley electoral de Georgia y las calumnias contra los partidarios de la identificación de los votantes es crear el ambiente político para una nueva toma de poder por parte de la gente en Washington», escriben los líderes.
La carta se refiere a la H.R. 1 de los demócratas, una amplia legislación aprobada en la Cámara de Representantes a principios de marzo que federalizaría y haría permanentes muchas de las reformas electorales adoptadas como medidas temporales en 2020 a causa de la pandemia.
«Una pequeña disposición en la que los contribuyentes se verán obligados a subvencionar las campañas de los mismos políticos que ahora apoyan la HR1», afirma la carta sobre el proyecto de ley de los demócratas, «Qué enorme conflicto de intereses».
«Se trata de agendas políticas que no tienen nada que ver con la mejora de la seguridad electoral y el acceso de los votantes. Si esperamos sinceramente que sea más fácil para todos los estadounidenses votar y más difícil para los que quieren hacer trampa, atacar al pueblo de Georgia no es una solución», concluye la carta.
Además de James, otros firmantes de la carta son el exembajador de la Campaña de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ken Blackwell; la líder de los derechos civiles, la Dra. Alveda King; el exrepresentante estatal de Georgia, Vernon Jones; el presidente del GOP de Texas, el coronel Allen West; el vicegobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson; el exabogado de la Administración de Pequeñas Empresas, Bruce LeVell; la ex vicegobernadora de Florida, Jennifer Carroll, y el ex fiscal general de Indiana, Curtis Hill.
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