Lo que en realidad fue la incursión del 6 de enero en el Capitolio

Comentario

Después de las elecciones presidenciales de 2020, mis columnas en The Epoch Times resumieron las medidas que podrían tomar las legislaturas estatales en los estados con resultados controvertidos. Cuando se me pidió que lo hiciera, también resumí esas opciones directamente a los legisladores estatales interesados. La semana pasada, un sitio web de izquierda distorsionó esto en una afirmación de que yo «guié» a ciudadanos privados para que se representaran a sí mismos como electores presidenciales sin autorización legislativa.

Supongo que el autor esperaba que me citara el comité del Congreso del 6 de enero, el «Comité Selecto para Investigar el Ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos». Tal vez piensa que soy un «coconspirador» en la «insurrección».

Sin embargo, no creo que una citación sea probable, porque el comité probablemente no querría escuchar lo que yo tendría que decir. Es esto: La incursión en el Capitolio estuvo mal, pero no fue una «insurrección». Fue un evento muy diferente con profundas raíces en nuestra herencia angloamericana.

¿Qué habría pasado en D.C. si Trump hubiera ganado?

Para poner el evento del 6 de enero en contexto, hagamos esta pregunta: ¿Qué habría pasado en Washington D.C. si Donald Trump hubiera ganado la reelección?

No tenemos que especular mucho, porque tenemos mucha experiencia con las protestas de la izquierda. Los disturbios de Watts de 1968, por ejemplo, duraron seis días y mataron a más de 30 personas. Los incidentes más recientes incluyen, en 2011, la ocupación de 17 días del Capitolio del Estado de Wisconsin; en 2018 el asalto a la Corte Suprema, la invasión del Capitolio de Estados Unidos y la toma del edificio de oficinas Hart del Senado; y en 2020 los disturbios de Black Lives Matter/Antifa.

Así que conocemos el libro de jugadas. Esto es lo que habría ocurrido en Washington si Trump hubiera ganado:

Decenas de miles de manifestantes llegan a la ciudad. Marchas masivas, algunas realizadas sin permisos, bloquean puentes y calles. Los manifestantes dejan montones de suciedad tras de sí.

Muchos manifestantes se amotinan. Los vehículos transportan ladrillos y otras armas potenciales a puntos estratégicos para armar a los manifestantes. Los alborotadores los utilizan, así como las armas que han traído consigo, para romper ventanas y saquear en todas las zonas céntricas de la ciudad. Provocan incendios por todas partes. Los grafitis y el vandalismo alcanzan proporciones descomunales.

Los manifestantes vociferan consignas insurreccionales: «Ni Trump, ni muro, ni Estados Unidos». Crean «zonas autónomas» supuestamente independientes del gobierno estadounidense. Atacan y destrozan el Capitolio y otros edificios públicos. En algunos edificios, acampan durante días o semanas, hasta que la policía puede sacarlos. En otros edificios provocan incendios y se marchan. Atacan a los policías, a los contramanifestantes y a los transeúntes con productos químicos, ladrillos y otras armas, hiriendo gravemente a muchos y matando a otros.

Mientras tanto, la CNN reporta que los manifestantes son «mayoritariamente pacíficos». Los manifestantes detenidos por la policía suelen ser puestos en libertad con cargos menores o sin cargos. Kamala Harris y otros recaudan el dinero para fianzas con el fin de que pocos delincuentes violentos sufran penas de cárcel.

Cómo fue diferente la incursión en el Capitolio

La incursión del Capitolio fue obra de una pequeña minoría de los partidarios de Trump que se reunieron en Washington, D.C. el 6 de enero. Se centraron en el Capitolio y solo en el Capitolio. Pero no atacaron la propiedad privada ni otros edificios públicos. No saquearon negocios ni agredieron a los transeúntes. No ocuparon otros espacios públicos. Causaron daños estimados en 1.5 millones de dólares, en comparación con el total de los disturbios de BLM/Antifa de más de mil millones de dólares. La única persona que murió por la aplicación de la fuerza fue un alborotador que recibió un disparo, probablemente sin justificación, de un policía.

Y mientras la ocupación izquierdista del Capitolio del Estado de Wisconsin en 2011 duró más de dos semanas, la incursión del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos terminó en unas cuatro horas.

Muchos de los detenidos eran los típicos alborotadores. Pero muchos eran líderes comunitarios por lo demás respetables: un policía, «profesores, varios bomberos, el director ejecutivo de una empresa y numerosos funcionarios electos«. A diferencia de los manifestantes de izquierda, no se imaginaban anulando la Constitución, sino protegiéndola.

Resistencia forzada limitada

Esta revuelta estuvo muy mal. Pero también estaba en una categoría diferente de aquellas que regularmente patrocina la izquierda.

La difunta Pauline Maier fue una distinguida historiadora de la América colonial y revolucionaria. Ella identificó una tradición angloamericana de «resistencia forzada limitada». Aunque hay diferentes tipos de acciones que encajan en esta descripción, todas tienen cuatro características:

• La resistencia forzada limitada no es dispersa, como los saqueos propagados por los manifestantes de izquierda. Se centra en el origen del agravio político. Es, según Maier, «notablemente unitaria y selectiva… Los objetivos están característicamente relacionados con los agravios».
• Cuando la resistencia incluye disturbios u otros altercados, puede causar importantes daños materiales, pero provoca muy pocas víctimas. Por lo general, se producen más víctimas entre los manifestantes que las que ellos mismos provocan.
• Entre los participantes no solo se encuentra el vulgo móvil (turba o muchedumbre), sino también los líderes de la comunidad que se ven a sí mismos como protectores del orden constitucional.
• Cuando los participantes se involucran en los disturbios, lo hacen solo porque perciben que todos los medios legales de solución han sido excluidos.

Cómo encaja la incursión del Capitolio

La incursión en el Capitolio cumplía los tres primeros criterios. Se dirigió al Capitolio, donde los manifestantes creían que se estaban contando los votos electorales fraudulentos. Hubo pocas víctimas, muy pocas armas y entre la multitud había líderes comunitarios que creían estar defendiendo la Constitución.

La incursión también coincidía con el cuarto criterio: la falta de solución legal.

Recordemos que las elecciones de 2020 se vieron empañadas por numerosas y graves acusaciones de irregularidades en seis o siete estados cruciales. En una columna anterior, documenté una irregularidad innegable: el uso generalizado de votos por correo en violación de una ley federal constitucionalmente autorizada.

Otras acusaciones estaban menos claramente probadas, y era incierto si habían cambiado los votos electorales de algún estado. Sin embargo, eran lo suficientemente graves como para exigir una investigación rápida.

Aquellos cuyo deber era investigar se negaron a hacerlo. Los funcionarios electorales estatales y locales aseguraron que su propia administración de la votación había sido simplemente excelente. Las legislaturas estatales, a las que la Constitución encarga la supervisión de la elección de los electores, parecían paralizadas. Sus abogados legislativos, poco familiarizados con esta área secreta del derecho constitucional, a veces les decían a las legislaturas que no tenían opciones.

Los tribunales emplearon tecnicismos legales para rechazar a casi todas las demandas que impugnaban los resultados electorales certificados. Los principales medios de comunicación afirmaron una y otra vez —sin una investigación seria— que las acusaciones de irregularidades eran «infundadas» y que los tribunales las habían rechazado en cuanto al mérito.

Todos los recursos habituales contra las irregularidades electorales habían fracasado. Así que algunos manifestantes llegaron a la conclusión de que solo les quedaba un recurso: Podían entrar en el Capitolio para decirle al vicepresidente y a los miembros del Congreso que detuvieran el recuento de los votos electorales hasta que se realizara una investigación. Pero cuando los manifestantes llegaron al Capitolio, se encontraron con que tenían prohibida la entrada.

La insensatez de los manifestantes

El plan de entrar en el Capitolio y enfrentarse al vicepresidente y a los miembros del Congreso no solo era ilegal, sino también insensato. Como informé a los curiosos legisladores estatales después de las elecciones, el plazo práctico para impugnar los resultados electorales era hasta el 14 de diciembre de 2020, el día que el Congreso había designado para la votación del Colegio Electoral. El 6 de enero era demasiado tarde.

Trump y muchos de sus seguidores pensaron que el vicepresidente podía suspender el Congreso y ordenar una investigación. Se equivocaron. El vicepresidente es el presidente de la sesión conjunta del Congreso, no más. La sesión conjunta estaba bajo control demócrata. Si el vicepresidente intentara aplazar los procedimientos, una moción desde el hemiciclo para «apelar la decisión de la presidencia» lo habría revocado.

Además, según la Ley de Recuento Electoral (pdf) (que probablemente no es constitucionalmente vinculante para estas sesiones conjuntas, pero que generalmente siguen) la única forma de desplazar a una delegación de electores presidenciales certificada por el estado es que ambas Cámaras del Congreso voten para hacerlo. No había ninguna posibilidad de que esto ocurriera en un Congreso demócrata.

En cualquier caso, es increíble que alguien pudiera creer que los autores de la Constitución redactaran una norma que otorgara a un solo hombre —probablemente un candidato a la presidencia o a la vicepresidencia— el poder de retrasar o anular una elección presidencial.

Aun así, no fue una «insurrección»

Dicho todo esto, es un error clasificar los disturbios del 6 de enero como una «insurrección» y no como lo que fue: una resistencia forzada limitada emprendida por personas convencidas de que no tenían otro remedio.

Maier observó que la resistencia forzada limitada se consideraba tradicionalmente como una señal de que el gobierno había fracasado de alguna manera. Había dos métodos para detenerla. Uno era imponer una tiranía represiva, un «remedio» peor que la enfermedad. El otro, mucho mejor, era abordar las deficiencias que provocaban la resistencia.

En el caso de las elecciones de 2020, esas deficiencias fueron el fracaso de los funcionarios y de los medios de comunicación a la hora de investigar rápidamente las denuncias creíbles de irregularidades y, en caso necesario, emprender acciones para corregirlas. Como mínimo, esto habría asegurado a la gente que Joe Biden (o Trump) había ganado realmente.

Esperemos que el comité del 6 de enero muestre la suficiente humildad para reconocer la culpabilidad de los funcionarios y de los medios de comunicación que han contribuido a este triste incidente. Probablemente no lo hará, pero espero que lo haga.

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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times