El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, eludió este martes pronunciarse sobre la crisis de derechos en Nicaragua, donde el líder, Daniel Ortega, ha desterrado y retirado la ciudadanía de cientos de opositores en la última semana.
En su rueda de prensa diaria, que duró cerca de tres horas, un periodista cuestionó al mandatario: «¿condena usted la violación a los derechos humanos de los 222 nicaragüenses (desterrados) y les ofrecería la nacionalidad mexicana?».
«Vamos a desayunar ya y mañana hablamos, contestamos, sobre ese tema», respondió López Obrador pese a la conocida longitud de sus conferencias matutinas.
Apenas el lunes, una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) denunciaron el silencio de López Obrador ante el destierro y retirada de nacionalidad a 222 presos políticos de Nicaragua.
El silencio del mandatario mexicano contrasta con el de otros gobiernos de izquierda de Latinoamérica, como el del presidente chileno Gabriel Boric, quien ha condenado el hecho y se ha referido a Ortega como «dictador», y el de Argentina, que este martes ofreció la nacionalidad a los desterrados.
El pasado 9 de febrero, las autoridades nicaragüenses expulsaron a Estados Unidos a un grupo de 222 presos políticos por «traidores a la patria», incluidas siete personas que intentaron disputar la presidencia del país a Ortega el pasado año y cinco sacerdotes, a quienes inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos o de elección.
Además, el día 15 las autoridades de Nicaragua despojaron de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos religiosos, diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a solicitud de EFE, respondió el jueves pasado que «México ha dado puntual seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses deportadas de Nicaragua».
En este sentido, sostuvo que «se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos de este grupo de personas, incluidos sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de ésta de manera arbitraria».
«Y al uso y goce de sus bienes y propiedad a menos que ésta sea confiscada o restringida por causas justificadas previstas en las leyes y mediante el pago de una indemnización justa», matizó.
Aunque López Obrador ha condenado de forma explícita la crisis de Perú bajo el mando de Dina Boluarte y ha ofrecido asilo a la familia del exmandatario Pedro Castillo, ha guardado una polémica ambigüedad ante Nicaragua y las denuncias de represión a opositores por parte del régimen de Ortega.
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