El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este martes que los diputados discutan con los empresarios antes de aprobar la reforma constitucional que reduciría la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, pero evitó posicionarse sobre el tema.
“Yo lo que planteo es que, en este caso, se termine de discutir y de debatir en la Cámara (de Diputados) esta propuesta, y que se invite a empresarios, a todos, y que ahí se resuelva, esa fue mi postura y es la que yo sostengo», declaró el mandatario en su rueda de prensa diaria.
El gobernante mexicano se refirió a la modificación del Artículo 123 de la Constitución, que establecería ahora dos días obligatorios de descanso a la semana en vez de uno, una propuesta de la diputada Susana Prieto, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Aunque la iniciativa estaba programada para su primera votación en diciembre pasado, el mandatario pidió entonces realizar más debates con los empresarios, por lo que los coordinadores de Morena en el Congreso aplazaron su discusión hasta el próximo periodo de sesiones, que comienza el 1 de febrero.
La indefinición del presidente ha causado controversia porque sí ha impulsado otras iniciativas de derechos laborales, como el incremento del salario mínimo, una futura reforma de pensiones, la democracia sindical, y la eliminación de la subcontratación u ‘outsourcing’.
«Vamos a seguir apoyando a los trabajadores, eso sin duda, con la política salarial, con la política de pensiones, con la política de reparto de utilidades (beneficios de las empresas), le adelanto a los trabajadores que viene un buen incremento en el reparto de utilidades, como nunca”, argumentó.
México es uno de los países del mundo donde más horas se trabajan al año, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que señala que los mexicanos laboran 2124 horas anuales, por encima de Costa Rica (1913), Rusia (1874) y Japón (1598).
La reforma, que sería la primera sobre la jornada laboral en más de un siglo, afronta retos porque, al ser constitucional, requiere el aval de una mayoría calificada de dos tercios de los diputados y los senadores, y de la mayoría de los 32 congresos estatales.
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