El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió este jueves por la noche un decreto en el que se apunta que la construcción, funcionamiento y operación de «obras prioritarias» como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y de tres aeropuertos, son seguridad nacional e interés público.
El decreto de López Obrador fue prácticamente una respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México que horas antes había invalidado el decreto del presidente mexicano que declaraba sus obras prioritarias como de «seguridad nacional», reservaba información e impedía cualquier obstrucción legal para frenarlas.
Este jueves, en la edición vespertina del DOF, López Obrador publicó el nuevo decreto.
«Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec», indicó en una primera parte el texto.
«Y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerativa de este decreto», añadió el decreto.
En el fallo previo, la SCJN «declaró inconstitucional el acuerdo del Poder Ejecutivo que declaraba obras y proyectos como de interés público y de seguridad nacional, por transgredir el derecho de acceso a la información».
La resolución, que se aprobó por una mayoría de 8 ministros de 11, devino de una controversia constitucional del órgano de transparencia mexicano, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Con este fallo, se quitaba el blindaje contra amparos y solicitudes de información que había emitido el mandatario mexicano en noviembre de 2021 para sus megaproyectos definidos como «prioritarios y estratégicos».
Entre ellos están los más polémicos, como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, en el sureste mexicano, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para la capital del país.
El decreto de López Obrador, emitido unas horas después del fallo del Supremo mexicano, busca evitar que el órgano de transparencia mexicano señale que el Ejecutivo incurrió en una repetición del acto anulado en la controversia.
Ahora, el INAI promovería una controversia contra el nuevo decreto de López Obrador, pero está impedido porque su Pleno no puede sesionar debido a que el Senado mexicano no ha designado a tres de sus siete comisionados.
En un mensaje en redes sociales, el INAI dijo que «analiza mecanismos legales para defender transparencia y derecho de acceso a la información sobre obras y proyectos de infraestructura del Gobierno Federal, ante nuevo decreto del Ejecutivo».
En el decreto, López Obrador señaló que «por su ubicación geográfica y su colindancia», que garantizan la conectividad entre el océano Pacífico, el Golfo de México y la zona fronteriza con Guatemala y Belice, las obras «son complementarias para mantener la seguridad interna del país y, desde luego, la seguridad nacional».
Además, dijo que por la naturaleza de sus instalaciones, «es procedente reconocer el carácter de estratégicas y prioritarias, y por tanto de interés público y de seguridad nacional».
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