Los abogados del presidente electo Donald Trump han alegado pruebas de «mala conducta grave del jurado» en su caso de falsificación de registros comerciales que se ha estado desarrollando en Nueva York.
Una cartadel 3 de diciembre y publicada por el tribunal el 17 de diciembre mostraba a los abogados de Trump afirmando que la mala conducta «violó los derechos del presidente Trump bajo la Constitución federal y la ley de Nueva York».
Las acusaciones específicas no están claras, y la correspondencia recientemente publicada mostró a los abogados de Trump en desacuerdo con la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, sobre cuánta información divulgar.
La correspondencia fue publicada por el tribunal después de que el juez, Juan Merchan, de la Corte Suprema de Nueva York, emitiera una orden y una carta rechazando múltiples argumentos que el presidente electo había presentado sobre la inmunidad.
En una carta del 16 de diciembre, Merchan dijo que la corte había hecho redacciones adicionales a raíz de las redacciones hechas por las diferentes partes. Señaló, sin embargo, que las alegaciones no habían sido juradas y que, a menos que una denuncia de conducta indebida de un miembro del jurado se hubiera presentado correctamente con arreglo a la legislación de Nueva York, «esta corte no puede permitir la presentación pública de declaraciones no juradas y reconocidamente impugnadas».
«Hacerlo», dijo Merchan, «amenazaría la seguridad de los miembros del jurado. … En caso de que se presente una demanda debidamente presentada, se revisarán estas redacciones».
También indicó que se necesitaba una audiencia para evaluar las reclamaciones, pero dijo que la defensa se oponía a tener una audiencia. «Las acusaciones de mala conducta de los miembros del jurado deben ser investigadas a fondo», dijo Merchan. «Sin embargo, esta corte tiene prohibido decidir sobre tales reclamaciones sobre la base de meros rumores y conjeturas».
Los abogados de Trump argumentaron en su carta del 3 de diciembre que su cliente no podía presentar los recursos apropiados hasta que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito se hubiera pronunciado sobre la solicitud de Trump de trasladar el caso a una corte federal.
En una carta dirigida a Merchan el 5 de diciembre, la oficina de Bragg solicitó que la carta del 3 de diciembre y la correspondencia relacionada se mantuvieran bajo sello. Su oficina parecía sugerir que los abogados de Trump habían tergiversado la supuesta mala conducta.
«[L]os extractos de las comunicaciones que los abogados sí compartieron incluían una comunicación de [redactado] en la que [redactado] afirmaba claramente que la recitación de los abogados de la supuesta mala conducta del jurado —la misma mala conducta relatada en la carta del 3 de diciembre— ‘contiene inexactitudes y no contiene información adicional que nunca compartí'», decía la carta.
Añadía que «[d]e acuerdo con la propia narración de los hechos por parte del abogado, [redactado] rechazó varios intentos de conseguir que [redactado] respaldara las alegaciones de hecho que sirven de base a la carta del 3 de diciembre».
La carta continuaba acusando a Trump de no proporcionar un registro adecuado.
«Si el acusado hubiera proporcionado las alegaciones juradas requeridas para presentar una moción adecuada… una audiencia en la que las alegaciones [tachadas] pudieran explorarse plenamente en un foro público podría de hecho estar garantizada», decía.
«En cambio, lo que pretende es hacer públicas sus alegaciones no juradas, no probadas y, al menos parcialmente, inexactas, oponiéndose al mismo tiempo a cualquier intento de evaluarlas adecuadamente».
Una serie de cartas sucesivas de la defensa y la fiscalía siguieron con los abogados de Trump acusando a la oficina de Bragg de tratar de mantener en secreto información importante. Aunque sus abogados estaban a favor de ciertas redacciones, indicaron que pensaban que las peticiones de la fiscalía iban demasiado lejos y dijeron que el público tenía derecho a acceder a los procesos penales.
«Estos derechos de acceso público a los procedimientos penales responden a intereses importantes como promover una administración de justicia imparcial, fomentar la confianza pública en el poder judicial, permitir el escrutinio público de asuntos de gran interés público y defender los derechos fundamentales de los acusados», señalaron sus abogados en una carta dirigida a Merchan el 9 de diciembre.
La carta de Merchan del 16 de diciembre afirmaba que el tribunal «debe equilibrar los intereses contrapuestos del derecho del público a la transparencia de estos procedimientos frente a la necesidad muy real de proteger la privacidad y la seguridad de los miembros del jurado».
La oficina de Bragg también acusó a Trump el 9 de diciembre de intentar socavar la confianza pública en el veredicto. En mayo, un jurado declaró a Trump culpable de 34 delitos graves. Trump ha negado haber actuado mal.
En un posteo publicado en TruthSocial el 17 de diciembre, Trump criticó las decisiones de Merchan sobre los argumentos de inmunidad. Merchan había «faltado completamente al respeto a la Corte Suprema de Estados Unidos y a su histórica decisión sobre la inmunidad», dijo.
El presidente electo dijo que el caso en sí es ilegítimo, y que la opinión escrita por Merchan «va en contra de nuestra Constitución, y, si se permite que se mantenga, sería el fin de la presidencia tal y como la conocemos».
Merchan dijo que Trump esperó demasiado o no preservó las objeciones a las pruebas y que la información relacionada tanto con los argumentos preservados como con los no preservados no recibió protección bajo la doctrina de la inmunidad presidencial.
La controversia se produjo cuando la Corte Suprema rechazó el 16 de diciembre la petición de un podcaster de levantar las órdenes de mordaza a las que se enfrentaba Trump en Nueva York. El podcaster Joseph Nieman argumentó que las órdenes violaban sus derechos como miembro de los medios de comunicación.
En TruthSocial, Trump dijo que «Merchan tiene tan poco respeto por la Constitución que mantiene en vigor una orden ilegal de silencio sobre mí».
A principios de este año, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York confirmó una orden de mordaza contra Trump al tiempo que afirmaba que Merchan «determinó adecuadamente que las declaraciones públicas del peticionario suponían una amenaza significativa para la integridad del testimonio de los testigos y de los testigos potenciales también en este caso».
Con información de Matthew Vadum y Jack Phillips.
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