El 17 de noviembre, los abogados del expresidente Donald Trump declararon ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia que el gobierno de Biden presentó argumentos jurídicos deficientes al intentar evitar la orden de silencio de un tribunal inferior.
La presentación se produce justo antes de que un panel de tres jueces escuche los argumentos orales sobre la orden el 20 de noviembre. El Departamento de Justicia y la juez Tanya Chutkan, de la Corte de Distrito de Washington, D.C., sostuvieron que, como acusado, no gozaba de un derecho irrestricto a la libertad de expresión. Argumentan que la retórica del presidente Trump tiene el potencial de provocar reacciones violentas o acoso, aunque los abogados del presidente Trump han alegado que esta línea de justificación carece de pruebas y es inadmisible en virtud de la Primera Enmienda.
La orden se ha levantado temporalmente a la espera de la decisión de la corte de apelación. Un juez de Nueva York también levantó recientemente la orden de silencio del juez Arthur Engoron en el juicio por fraude civil del presidente Trump, una medida que la defensa señaló en su escrito del 17 de noviembre.
El equipo del consejero especial Jack Smith y los abogados del presidente Trump han discrepado en gran medida sobre cómo se aplica el precedente judicial anterior al caso de Washington. El equipo del presidente Trump argumentó que las decisiones de las cortes federales han aclarado que el núcleo de la Primera Enmienda es el tipo de discurso político que su cliente quiere perseguir. Además, los abogados de Trump argumentan que la orden de silencio viola los derechos de la Primera Enmienda de los votantes que quieren saber de él.
La orden de la juez Chutkan no impide al presidente Trump atacar en general a la administración Biden, sus políticas o alegar que su procesamiento es político. Sin embargo, contiene lo que, según la defensa, es una vaga prohibición de que el presidente Trump «apunte» a testigos potenciales, como el ex iscal general William Barr, durante su campaña.
La presentación del 17 de noviembre representa la última de una serie que cada parte ha presentado sobre el tema, y contenía algunos ataques fuertemente planteados tanto en los argumentos del abogado especial como en la decisión del juez Chutkan.
«La fiscalía sostiene que silenciar a un candidato político con más de 100 millones de seguidores impone un perjuicio ‘igual’ que silenciar a un solo orador, un argumento que reprobaría matemáticas de primer grado», decía el escrito de los abogados del presidente Trump.
Esa parte parecía referirse a los argumentos del abogado especial sobre cómo se aplicaba la orden al presidente Trump y a sus seguidores.
El escrito del abogado especial del 14 de noviembre argumentó que la orden de mordaza «a primera vista se aplica por igual a ambas partes, y les prohíbe dirigirse a varias personas, incluidos los ‘abogados defensores o su personal'».
También decía que «el derecho del público a recibir el discurso [del presidente Trump] -aunque ciertamente legítimo- es, como señala el demandado… ‘igual’ y ‘recíproco’ al suyo».
Dado que el derecho del presidente Trump a la libertad de expresión no había sido violado, argumentaba el abogado especial, tampoco lo había sido el derecho de sus seguidores. Sus seguidores, decía el escrito, «siguen pudiendo escuchar sus opiniones sobre una amplia gama de cuestiones, incluidas las críticas a esta acusación». Como ilustran las publicaciones del acusado mientras la orden ha estado en vigor, puede seguir difundiendo sus opiniones entre sus seguidores cumpliendo las estrechas restricciones de la orden».
La juez Chutkan intenta «microgestionar» el discurso de Trump
El escrito de la defensa del 17 de noviembre comienza acusando a la juez Chutkan de intentar microgestionar el discurso del presidente Trump.
«La Orden Mordaza instala a un solo juez federal como una barrera entre el principal candidato a la presidencia, el presidente Donald J. Trump, y cada estadounidense en todo el país», se lee.
«La corte de distrito no tenía nada que hacer insertándose en la elección presidencial, apenas semanas antes de los caucus de Iowa. La Primera Enmienda no permite a la corte de distrito microgestionar el discurso político central del presidente Trump, ni dictar qué discurso es lo suficientemente «general» y qué discurso es demasiado «específico» para el gusto de la corte.»
No está claro, por ejemplo, cómo exactamente el presidente Trump podría responder públicamente a un testigo como el exvicepresidente Mike Pence cuando sus declaraciones son aprovechadas por el presidente Biden en el ciclo electoral.
Los expertos legales han entrado en conflicto sobre la orden de silencio. Algunos dijeron a The Epoch Times que los tribunales gozan de amplia discreción para limitar el discurso de los acusados. Mientras tanto, algunos han destacado la naturaleza sin precedentes del caso y han indicado que la juez Chutkan fue demasiado lejos en la forma en que estructuró su orden.
Al restablecer su orden el 29 de octubre, la juez Chutkan rechazó la idea de que su orden fuera demasiado vaga o creara una restricción previa inconstitucional del discurso del presidente Trump. En su lugar, dijo, la audiencia del 16 de octubre y el texto de la orden original proporcionan suficiente aclaración de quién y qué cubre.
En una presentación del 14 de noviembre ante la corte de apelaciones, el abogado especial reiteró las preocupaciones de la juez Chutkan acerca de que él, el ex presidente, estimulara la violencia o el acoso.
«Como explicó la corte de distrito… el acusado no necesita incitar explícitamente a las amenazas o a la violencia en sus declaraciones públicas, porque bien sabe que, al dirigirse públicamente a los adversarios percibidos con un lenguaje incendiario, puede mantener una pátina de negación plausible mientras se asegura los resultados deseados», se lee en la presentación del 14 de noviembre.Y añadía: «Lo que importa a efectos actuales es que todo el mundo -el acusado, sus seguidores y las personas a las que se dirige- es consciente de la dinámica, que crea un ‘riesgo significativo e inmediato’ de intimidación, amenazas y acoso a los implicados en el juicio del acusado y, por tanto, plantea un riesgo intolerable de perjuicio material para el proceso».
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