Los representantes de los agricultores españoles han mostrado una «profunda indignación» por la «precipitada» aprobación de la Ley de la Restauración de la Naturaleza (LRN) ayer lunes en el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea sin esperar a que el nuevo parlamento tome posesión.
La norma, que ha generado un encendido debate y ha sido rechazada sucesivamente por las Comisiones de Pesca, Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento Europeo, establece «ambiciosos» objetivos de restauración, incluyendo la recuperación del 20 % de los ecosistemas terrestres y marinos de la UE para 2030, y la restauración total de los ecosistemas degradados para 2050.
Además, plantea la eliminación de barreras y la mejora de la conectividad hidráulica en al menos 25.000 kilómetros de ríos, la reversión del declive de las poblaciones y diversidad de polinizadores, y la restauración de ecosistemas forestales y urbanos.
El reglamento también incorpora objetivos de mejora en diversos indicadores ecológicos de los ecosistemas agrícolas y medidas para promover la restauración marina mediante una gestión pesquera adecuada.
Una norma «sin financiación clara y coherente»
Pedro Barato, presidente de ASAJA lamenta esta «precipitada decisión» y advierte que la norma «carece de una financiación clara y coherente para la restauración de los ecosistemas en toda la UE». Asegura en un comunicado que esta decisión plantea un futuro incierto, «plagado de disputas legales a nivel regional, nacional y europeo».
Barato ha enfatizado la falta de transparencia y previsión en la aprobación de esta ley, que asegura que deja sin respuesta la crucial cuestión de la financiación. «La ley, tal como está, no es aplicable ni aceptable sobre el terreno. Se ha perdido una valiosa oportunidad de revisar y hacer más realista este texto. Una segunda lectura podría haber garantizado una normativa más justa y viable», ha añadido el presidente de ASAJA.
Por su parte, Unión de Uniones anunció hoy martes que presentará una iniciativa para derogar los artículos que tienen un impacto negativo para el sector agrario español y europeo una vez conformado el nuevo Parlamento Europeo.
La organización destaca las excesivas cargas ambientales que ya soportan los agricultores y ganaderos con el aumento consiguiente de los costes. Además asegura que, en muchos casos y en muchas explotaciones, todas estas medidas no han demostrado una incidencia favorable en los objetivos ambientales o climáticos perseguidos.
Asimismo recuerda que la LRN afectará a las prácticas llevadas a cabo en tierras de uso agrícola y ganadero y que podrán implicar la obligación de introducir elementos paisajísticos, reducir el pastoreo, detener el uso de fitosanitarios y fertilizante químicos y de estiércol animal o el abandono de explotaciones para permitir que los ecosistemas desarrollen sus propias dinámicas. Todo ello, sin que, además, se contemple una dotación financiera adicional para cubrir y compensar estas nuevas exigencias.
Igualmente, ante las conversaciones que se están dando en Europa sobre los quiénes serán los altos cargos de la Comisión Europea, insiste en que es importante que se respete el resultado de las urnas, algo que consideran que no esté sucediendo.
“Es cambiar todo para quedarse igual. Los agricultores hemos pedido una serie de cambios, perpetrar lo que había en el Parlamento europeo con un reparto de sillones es prácticamente decir que no se va a hacer nada”, critican desde la organización.
Aprobación polémica
La aprobación es polémica no sólo porque se ha alcanzado con el quórum mínimo de países, que representa el 66,07 por ciento de la población, sino también porque se ha logrado con el voto de la ministra austriaca de Protección del Clima, Leonore Gewessler, quien actuó por iniciativa propia en contra del criterio del gobierno de coalición del que forma parte.
Gewessler pertenece al partido político los Verdes que son minoría en el Gobierno de coalición con los populares.
El Ejecutivo austriaco ya ha anunciado un recurso de anulación y presentará una querella contra la ministra por haberse arrogado una representación indebida.
«Ahora estamos luchando contra esta decisión, que en nuestra opinión fue tomada ilegalmente, también en opinión del Servicio Constitucional de la Cancillería Federal, que fue tomada ilegalmente dentro de la UE», dijo el canciller austríaco Karl Nehammer el lunes en una conferencia de prensa en Bruselas, según Euronews.
La ministra Gewessler dijo a los periodistas que se mantiene firme en su decisión y que no teme a ninguna represalia porque había recibido «un amplio asesoramiento legal» antes de la votación, lo que le dio confianza para seguir adelante, según el mismo medio.
Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado la aprobación del reglamento europeo de restauración de la naturaleza de «muy buena noticia» para «todos los europeos y para la biodiversidad en su conjunto, también a nivel mundial».
«Nos jugamos mucho, pero es muy importante el paso que hemos dado», ha dicho Ribera tras agradecer la labor de todos aquellos que «han contribuido para alcanzar este acuerdo, su esfuerzo, su compromiso». «Mucho ánimo y mucha energía para todo lo que está por venir», ha añadido.
Con información de EFE
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