Cuando Fidel Castro confiscó propiedades privadas en la década de 1960, tanto los propietarios como el pueblo cubano sufrieron. Los ganadores –el joven dictador y sus camaradas cercanos– se beneficiaron de ganancias mal habidas al asociarse con capitalistas compinches sin escrúpulos.
Los compinches de la actualidad, en su mayoría fuera de Cuba, se enfrentan a una serie de demandas por daños y perjuicios por robo. Desde mayo, tal como explicó el Secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo, el gobierno de Trump otorgó a las víctimas de la confiscación en Cuba la oportunidad de recibir compensación por las injusticias de hace décadas atrás. Los casos se rigen por la Ley “Libertad” de Helms-Burton de 1996.
Transcurrieron casi 60 años desde que empezaron las confiscaciones, pero los daños son fácilmente identificables para decenas de miles de exiliados cubanos y sus descendientes. El régimen castrista también llevó a cabo el robo masivo de manera descaradamente pública, por lo que no hay disputa sobre su ocurrencia y la cantidad de bienes afectados.
Por lo tanto, las cuestiones que se plantean son a quién enjuiciar y si esto es un esfuerzo que vale la pena realizar por parte de los tribunales de Estados Unidos.
Las víctimas
Los exiliados cubanos de finales de la década de 1950 a 1970 tuvieron que volver a empezar su vida en Estados Unidos y en otros lugares. Se reagruparon principalmente en Florida y lograron un éxito notable como empresarios, trabajadores y artistas. De la cultura popular, por ejemplo, conocemos a la cantante Gloria Estefan y al actor Andy García. Este último recibió el Premio Alexis de Tocqueville del Independent Institute por su dedicación a “los principios de la libertad individual como base de sociedades libres, prósperas y humanas”.
Entre 1960 y 1962, la Operación Peter Pan llevó a 14.000 menores no acompañados a Estados Unidos, a menudo para no regresar o no volver a ver a su familia de nuevo. Muchos se volvieron influyentes, incluyendo a Carlos Eire, historiador de religión en la Universidad de Yale.
Mi propio mentor, José Azel, estuvo entre ellos y se fue a los 13 años en 1962. Autor de Mañana en Cuba (2010) y Reflexiones sobre la libertad (2017), Azel sabe que el régimen tomó la casa de su familia y la repartió entre otras familias. La pérdida de su tierra natal aún lo entristece, pero dice que dio vuelta la página con respecto a la esperanza de que se le devuelva esa propiedad específica. Además, dada la aplastante pobreza en la isla, “con buena conciencia, [él] no se sentiría bien desplazando a estas familias”.
Sin embargo, el caso de los extranjeros que disfrutan de los beneficios a causa del robo, deja poco espacio para la simpatía. Mickael Behn y Javier García-Bengochea tienen demandas certificadas a nivel federal de propiedades confiscadas en Cuba, incluyendo edificios y muelles en el puerto de La Habana. El uso de estos activos por parte de empresas estadounidenses agrega sal a la herida, y los dos están aprovechando la oportunidad para iniciar demandas multimillonarias contra Carnival Cruise Lines.
“Esperaban que mi familia muriera y desapareciera”, dijo Behn en una conferencia de prensa en Miami. Su caso de 45 millones de dólares es una de las 5911 demandas aprobadas, de las cuales 817 son por un valor de más de 50.000 dólares antes de 1972. Incluyendo a las personas que luego se convirtieron en ciudadanos y a otras que no presentaron el caso a tiempo, el Departamento de Estado cree que podría haber hasta 200.000 demandas legítimas por un valor de 8000 millones de dólares.
Culpables muertos y distantes
El marxista-leninista Fidel Castro falleció en 2016, y el número de integrantes vivos de la toma de poder original sigue disminuyendo. Muchos de los que participaron en la revolución, como el difunto comandante Huber Matos (1918-2014), en realidad se opusieron al comunismo. Matos y otros desertaron una vez que vieron a Castro y a Ernesto «Che» Guevara implementando sus sueños autoritarios. Sin embargo, los esfuerzos de los disidentes por derrocar al régimen nunca tuvo éxito.
Los participantes del régimen aliado a los soviéticos que se quedaron y murieron en Cuba, evadieron desafiantes la justicia. Lejos de un paraíso para los trabajadores, dejaron un legado de destrucción y promesas rotas. Como se describe en el brillante ensayo de 2014 de Michael Totten, La última ciudad comunista, el “pequeño grupo de élites económicas y políticas de Cuba vive en un mundo enrarecido, muy por encima de las masas empobrecidas. (…) [La Habana] está llena de gente que lucha para subsistir en las ruinas”.
Por más difícil que sea ahora creerlo, Cuba era una de las naciones más desarrolladas económicamente del mundo antes de la revolución de 1959. Ahora el salario promedio es de unos 20 dólares al mes, y la nación apenas puede producir datos económicos. Los datos que se publican, canalizados a través del monopolio de los medios de comunicación estatales, no son de fiar.
En medio de este caos y daño antropológico, quedamos frente a los herederos y usuarios que recibieron los bienes robados por el régimen. Eso incluye algunas o todas las 60 compañías estadounidenses que se sabe hacen negocios en Cuba. Dado que la empresa privada está prohibida en la isla, excepto por una lista detallada de trabajos de servicio personal, los negocios que se ven y de los que disfrutan los turistas son asociaciones público-privadas con el ejército cubano.
Por eso los exiliados son tan sensibles a enviar dinero o incluso viajar a la isla: saben que sus fondos terminan en los bolsillos de los criminales que están arriba. Cuando alguien se aloja en el Hotel Nacional de La Habana, por ejemplo, los trabajadores reciben centavos. El proceso de “contratación” en las asociaciones público-privadas se traduce en que el régimen proporciona trabajadores, cobra los salarios y luego se queda con el 90 por ciento o más para sí mismo.
Como me explicó hace poco un reciente exiliado, todos los ciudadanos comunes de la isla son, en efecto, prisioneros del régimen. Los cubanos en casa y los enviados al extranjero, incluidos los profesionales de la medicina, son siervos modernos.
Quienes hacen negocios en la isla, incluidas las empresas estatales extranjeras y las empresas privadas de Estados Unidos, también saben esto. Tienen que mirar hacia otro lado o justificar de alguna manera que lo que hacen es mejor que la alternativa.
Alguna actividad económica es mejor que ninguna, dice la lógica. Lamentablemente, esta actitud apoya al régimen y desvía la presión para liberalizar la economía y respetar las libertades civiles, que no existen en la isla caribeña. Pregúntele a la exiliada Rosa María Payá, cuyo padre fue asesinado por el régimen después de haber recogido una petición para la democracia.
¿Cómo cobrar?
El régimen cubano sigue sin estar dispuesto a aceptar el crimen y a respetar ningún Estado de derecho, incluso si eso significa condiciones económicas de subsistencia para los residentes. A falta de una invasión, como el fiasco de Bahía de Cochinos de 1961, es poco lo que se puede hacer para cobrar los daños del régimen.
“Durante años”, explica Azel, “las víctimas de los crímenes cubanos han ganado victorias en la corte que no pudieron cobrar”.
El único caso exitoso se produjo después de que la Fuerza Aérea cubana derribara dos aviones de Hermanos al Rescate en la década de 1990. En 2001, después de cinco años de actividades legales, las familias de los cuatro hombres asesinados recibieron una suma combinada de 96,7 millones de dólares –dinero del régimen cubano congelado en cuentas estadounidenses.
Sin embargo, sin más fondos disponibles, los tribunales de Estados Unidos tendrán dificultades para extraer algo del régimen cubano. Incluso persiguiendo a los socios extranjeros del régimen, Azel no prevé ningún pago a las víctimas.
Parte del problema es la ambigüedad de la Ley Libertad, ya que excluye los viajes autorizados a Cuba. El Departamento del Tesoro incluso autorizó a los cruceros para llevar a cabo sus actividades, aunque la administración de Trump prohibió recientemente los cruceros de Estados Unidos a Cuba.
Además, el honorario para iniciar una de estas demandas es de 6458 dólares, de modo que eso también será un obstáculo en el camino para que muchas personas puedan comenzar la prolongada iniciativa.
Hasta que el Congreso no reforme la ley y encuentre la manera de influir más eficazmente en el régimen cubano, las demandas en virtud de la Ley Libertad seguirán siendo en gran medida simbólicas. Sin embargo, esos cambios pueden ocurrir. Las demandas también traen la verdad sobre el despotismo de Cuba a la conciencia pública y preparan el camino para una justicia restaurativa cuando sea más factible.
Fergus Hodgson es el fundador y editor ejecutivo de la publicación de inteligencia latinoamericana Antigua Report. También es el editor itinerante de Gold Newsletter y un investigador asociado del Frontier Centre for Public Policy.
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