El incremento de inversiones chinas en Ecuador genera alerta por la falta de transparencia en los acuerdos comerciales y la influencia de regímenes autoritarios en países soberanos, según un reciente informe.
El documento, llamado “Las inversiones chinas en Ecuador: Análisis y propuestas de mejora institucional”, fue publicado en septiembre por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador en colaboración el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE).
El informe señala que los “capitales corrosivos”, término al que la organización se refiere para definir el financiamiento poco transparente y que carece de rendición de cuenta, proviene de países autoritarios como China y Rusia.
“Los Capitales Corrosivos se originan en países no democráticos y aprovecha las debilidades institucionales de los Gobiernos receptores para sacar ventajas económicas o políticas sin responsabilizarse de los resultados de los acuerdos o los efectos colaterales”, según el informe.
Los “capitales corrosivos” provenientes de Beijing están presente en varios países de Latinoamérica. Desde 2005 al 2013, cerca del 75% de las inversiones y préstamos chinos–valorizados en USD 144,000–se concentraron en Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú. La mayor cantidad de este dinero fue destinado a industrias de extracción de minerales, petróleo, y proyectos hídricos.
En Ecuador, en donde se concentra el informe, la inversión china comenzó a tener una gran relevancia en 2006 cuando la participación de Beijing pasó de USD 11.9 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) a USD 84.8 millones para 2007, representando un crecimiento del 800 %.
Posteriormente, entre 2010 y 2019, China entregó a Ecuador un total de USD 22,589.6 millones en créditos bilaterales a través del EximBank China y el Banco de Desarrollo de China. Ese dinero fue destinado principalmente para obras de infraestructura del gobierno central.
Entre los proyectos con capitales corrosivos están la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la construcción de la Hidroeléctrica Sopladora 2011, el proyecto de Minas de San Francisco de 2013, y obras como la construcción de la Universidad Yachay, y el tramo de la avenida Simón Bolívar realizada por el Municipio de Quito.
Debido a estos financiamientos bilaterales, Ecuador asumió obligaciones crediticias hasta el 2039, señala el documento.
Los créditos chinos, según el informe, funcionan bajo la lógica del “Triángulo de Hierro” un término usado por el Banco de Desarrollo de China para referirse a que el banco chino presta al receptor dinero bajo condición de que se contrate a empresas chinas y un porcentaje de trabajadores chinos.
De esta manera los gobiernos se encuentran “condicionados” a no abrir al público licitaciones a proyectos estratégicos, «sino que están obligados a contratar a las compañías chinas; y, en algunos casos, también comprometen la administración del proyecto por un tiempo determinado» al terminarse la obra.
Otros riesgos de estos flujos en los países receptores son la falta de transparencia al incluir cláusulas de confidencialidad en los acuerdos, incluso llegando a ocultar el origen geográfico de las inversiones. Asimismo, la falta de control fiscal para evitar los controles institucionales.
Sin embargo, la situación más grave es que los países receptores ceden su soberanía para poder cubrir los préstamos concedidos. El informe destaca que en 2010, el Partido Comunista Chino exigió a Ecuador que renuncie a su derecho de invocar su inmunidad soberana en cualquier procedimiento contra el estado o sus activos.
A través de su iniciativa «La Franja y la Ruta», China invierten miles de millones de dólares en países emergentes para ayudar a construir grandes proyectos de infraestructura. Muchos de estos proyectos, sin embargo, se financian a través de prestamistas chinos controlados por el régimen comunista, lo que deja a algunas naciones en dificultades por la carga de la deuda poniendo en riesgo su soberanía.
El Partido Comunista Chino hizo de la iniciativa una pieza central de sus planes para aumentar su influencia geopolítica, desarrollando una vasta red de infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones.
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