La Corte Suprema de EE.UU. ha fijado una conferencia para el 1 de diciembre sobre si acepta o no dos apelaciones clave del caso del 6 de enero, una sobre un agente federal que portaba su arma de fuego en el Capitolio de EE.UU. y la otra sobre el controvertido uso por parte del Departamento de Justicia de la ley de manipulación de pruebas para procesar a los acusados del 6 de enero por un delito de obstrucción al Congreso.
Si se aceptan una o ambas peticiones, será la primera vez que el Tribunal Supremo revise un caso relacionado con el 6 de enero.
El 14 de noviembre, el tribunal señaló ambos casos como «distribuidos para conferencia» el 1 de diciembre.
La abogada defensora Marina Medvin, que está involucrada en ambos casos, dijo que debería estar claro para el 4 de diciembre si el tribunal emitirá órdenes, aceptará o rechazará las peticiones de revisión, o mantendrá los casos para otra conferencia.
El primer caso -Edward Jacob Lang, demandante contra Estados Unidos- podría afectar a cientos de acusados del delito más frecuente del 6 de enero. La obstrucción corrupta de un procedimiento oficial, que puede conllevar una pena de 20 años de prisión, se ha imputado en 317 casos, según el último recuento del Departamento de Justicia.
Decenas de acusados por el delito del 6 de enero ya han sido condenados en virtud de esta ley, que nunca se había utilizado de esta forma desde que se implantó en 2002 como medio para frenar el fraude financiero de las empresas.
Los abogados de Lang y de otros tres acusados del 6 de enero, que presentaron un escrito amici curiae en el caso, afirman que la instrumentalización de la ley por parte del Departamento de Justicia representa una peligrosa extralimitación de la acusación.
«Si se permite el aventurerismo del Departamento de Justicia de Biden, cambiará permanentemente la capacidad del gobierno para suprimir los derechos de los ciudadanos estadounidenses», dijo el investigador jurídico Jonathon Moseley a The Epoch Times en octubre.
«Todos los estadounidenses estarán al capricho de cualquier fiscal para aterrorizarlos».
El Departamento de Justicia dijo que el Alto Tribunal no debería intervenir, permitiendo que los procesamientos sigan adelante.
«Como mínimo, debería permitirse al gobierno presentar su caso ante un jurado y demostrar que los peticionarios obstruyeron un procedimiento impidiendo [en parte] que los responsables pertinentes vieran las pruebas en el momento y lugar especificados para ello», reza el documento de oposición del DOJ.
Impedir que la sesión conjunta del Congreso cuente los votos del Colegio Electoral de las elecciones presidenciales de 2020 «constituye una obstrucción centrada en las pruebas», escribió el DOJ, comparando lo que hicieron los manifestantes en el Capitolio con encerrar las pruebas de las elecciones en una cámara acorazada a la que no se pudiera acceder.
El arma de un agente de la DEA
El segundo caso se refiere al procesamiento de un antiguo agente de la DEA por llevar su pistola reglamentaria y sus credenciales al Capitolio el 6 de enero.
Mark Sami Ibrahim, de 35 años y natural de Anaheim (California), se enfrenta a tres cargos federales: entrar y permanecer en un edificio o recinto restringido con un arma mortal o peligrosa, portar un arma de fuego en los terrenos del Capitolio y lesiones contra la propiedad por subirse a una estatua situada en los límites de los terrenos del Capitolio.
Ibrahim procede de una familia de militares y fuerzas del orden. Antes de incorporarse a la DEA, sirvió durante años en los servicios de inteligencia del ejército estadounidense. Su hermano es un veterano del ejército que se convirtió en agente especial del FBI. Su hermana es veterana de la Marina y su madre estuvo en el Pentágono el 11 de septiembre de 2001.
En su recurso, Ibrahim alega que, aunque el 6 de enero no estaba de servicio, la ley federal le autorizaba legalmente a llevar su arma reglamentaria en los terrenos del Capitolio. Las normas de la DEA animan a los agentes a llevar sus armas y credenciales en todo momento, dice la petición de apelación.
«El enjuiciamiento de este caso rompe la fe con innumerables agentes de las fuerzas del orden federales que están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y llevan las armas que les han sido expedidas por la agencia siguiendo sus directrices», afirma el documento.
«No abordar la cuestión de la exención de la ley genera incertidumbre y hace tambalear cualquier resto de confianza del público y de los agentes del orden en la aplicación de las leyes».
En marzo, el juez de distrito Timothy Kelly se pronunció en contra de la petición de Medvin de desestimar el cargo 3 de la acusación, que imputaba a Ibrahim, en virtud del artículo 5104 del Código de los EE.UU., la tenencia de un arma de fuego en los terrenos del Capitolio.
El 2 de junio, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia desestimó el recurso del Sr. Ibrahim y el 11 de septiembre denegó una nueva vista de la desestimación.
Medvin había conseguido anteriormente la desestimación del cargo 4, que acusaba a su cliente de hacer una declaración falsa al FBI.
También ha argumentado que Ibrahim es víctima de una persecución selectiva por parte del Departamento de Justicia, que, según ella, se centró en su cliente debido a sus creencias políticas.
«El Sr. Ibrahim llevaba banderas asociadas con el movimiento conservador, declaró que parte de la razón por la que asistió fue para apoyar al presidente Trump, y lamentó públicamente la muerte a tiros de la manifestante conservadora desarmada Ashli Babbitt», escribió Medvin en una moción del 2022 de julio. «Estas expresiones políticas fueron investigadas por el gobierno en profundidad a pesar de que ninguna de estas creencias conservadoras eran elementos de ningún delito penal».
Ibrahim fue testigo de cómo los paramédicos sacaban a Babbitt del Capitolio, sangrando tanto que caía de la camilla a la acera.
«Vimos cómo la sacaban en camilla y la metían en una ambulancia. Estaba cubierta de sangre», contó Ibrahim al cineasta Nick Searcy en «Capitol Punishment«, un documental de 2021. En un vídeo grabado fuera del Capitolio, Ibrahim dice: «Acaban de matar a esta pobre señora. Es [improperio] trágico, han disparado a esta pobre señora».
Ibrahim asistió a la protesta del 6 de enero con su hermano, agente especial del FBI. No entró en el Capitolio e impidió que al menos una persona accediera al edificio.
En los documentos de acusación del Departamento de Justicia, los fiscales incluyeron numerosas fotos Ibrahim supuestamente «mostrando» su escudo de oro y pistola en los terrenos del Capitolio. También posó con manifestantes para hacerse fotos en las que se veían su placa y su pistola.
En su entrevista con el FBI, Ibrahim dijo que no recordaba haber mostrado su placa ni su pistola. El Departamento de Justicia obtuvo una foto personal tomada por un amigo en la que se ve a Ibrahim con un lado de su abrigo abierto. Se ven su placa y su arma reglamentaria.
«En ese momento yo era un agente especial acreditado de la DEA. Se me permite llevar mi arma en cualquier lugar», dijo Ibrahim a Searcy. «Mi pistola nunca estuvo desenfundada. Nunca apunté mi placa o mi arma a nadie».
Ibrahim acudió a la manifestación Stop the Steal con un viejo amigo llamado Jorge, al que conoció cuando servía en el ejército estadounidense en Irak.
«Jorge es informante del FBI desde hace varios años. Sabía que la ciudad iba a estar muy bloqueada y me pidió que le llevara a la manifestación. Sabía que yo era un agente especial de la DEA en activo. Sabía que iba armado. Creo que quería protección».
El FBI afirma que Jorge les dijo que no estaba allí el 6 de enero en calidad oficial del FBI, y que Ibrahim se inventó esa historia para «cubrirse las espaldas».
En «Capitol Punishment», sin embargo, Ibrahim proporcionó capturas de pantalla de mensajes de texto que, según él, se enviaron entre Jorge y su agente del FBI. En un intercambio, el agente del FBI escribió: «Ok, bueno, tenemos interés en lo que pasa, y estaríamos muy agradecidos si pudieras recoger y (sic) toda la información».
Ibrahim llevaba una bandera de Troutman de «Libertad o Muerte» y una bandera de Betsy Ross en el Capitolio, dijo el DOJ en sus documentos de acusación.
Alrededor de las 3:30 p.m., se paró en el Monumento a la Paz y grabó un video, lo que resultó en el cargo de pisar o escalar, remover o de alguna manera lesionar cualquier estatua.
«Medvin y el abogado de apelaciones Theodore Cooperstein escribieron en la petición de Ibrahim a la Corte Suprema que este caso plantea una importante cuestión de responsabilidad de las fuerzas del orden federales con repercusiones en todo el país.
«Este caso implica una cuestión de importancia excepcional porque el fallo de la Corte afectará a las operaciones de la aplicación de la ley federal en la salvaguardia no solo del Capitolio de los EE.UU., sino de cualquier otro sitio federalmente protegido en todo el país y sujeto a dicha ley.»
El Departamento de Justicia decidió no presentar respuesta a la petición de Ibrahim ante la Corte Suprema.
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