Los habitantes de Oregón pronto votarán por una medida electoral que, según los opositores, podría poner fin virtualmente a la venta legal de armas de fuego en el estado, convirtiéndola en una de las «medidas de control de armas más estrictas jamás propuestas en la nación».
Si los votantes aprueban la Medida 114, la “Iniciativa de Cambios en la Propiedad de Armas y Requisitos de Compra”, se exigiría un permiso para obtener cualquier arma de fuego, se prohibirían los cargadores con capacidad para más de 10 cartuchos, se prohibirían algunas escopetas de munición de uso común ya que pueden exceder el límite de 10 cartuchos, y se exigiría a la Policía Estatal que mantuviera una base de datos pública de búsqueda de todas las solicitudes de permiso.
Los argumentos de ambos lados de la medida comenzaron realmente el 26 de julio, cuando un comité de cinco personas—compuesto por dos miembros que ayudaron a redactar y promover la medida electoral impulsada por los ciudadanos, otro que la apoya y dos que se oponen a ella—se reunió para redactar la declaración explicativa de 500 palabras que aparecerá en la guía del votante este otoño.
El comité tuvo un comienzo polémico, ya que la única declaración considerada había sido proporcionada por los proponentes. Aquellos que se oponen a la medida calificaron su lenguaje de «engañoso».
“El Comité Explicativo está a cargo de preparar una declaración imparcial, simple y
comprensible que explique la medida de la boleta electoral”, escribió el miembro del comité Leonard Williamson en un memorando al comité. “Al omitir ciertos componentes clave del resumen, los votantes son engañados en cuanto a lo que la medida de la boleta electoral hará o no hará».
La medida promulgaría una ley que exigiría un permiso emitido por una agencia local de seguridad para comprar cualquier arma de fuego. Los solicitantes tendrían que pagar una tarifa, tomarse las huellas dactilares, completar una formación de seguridad y pasar una comprobación de antecedentes penales.
Además, el solicitante debe completar una demostración práctica de manejo básico de armas de fuego para obtener el permiso.
«Para conseguir el permiso, el solicitante tendría que presentarse con un arma de fuego para demostrar que es capaz de cargarla, dispararla, descargarla y guardarla», dijo Williamson, un abogado litigante de Oregón especializado en derecho de las armas de fuego, a The Epoch Times. «Pero no se puede conseguir un arma de fuego sin el permiso. Y según las leyes de almacenaje de armas altamente restrictivas de Oregón, nadie puede prestar legalmente un arma de fuego a otro. Eso crea una barrera infranqueable».
Los opositores afirman que los programas de permisos y capacitación también crean un mandato sin fondos y sin medidas de cumplimiento.
“La iniciativa de ley hace un llamado a la Policía Estatal de Oregón para que elabore estos programas [de permisos y capacitación], pero no hay consecuencias si no lo hacen, y no hay un plazo para hacerlo”, argumentó el miembro del comité HK Kahng, ingeniero e instructor de armas de fuego de la NRA, durante la reunión del comité.
La medida no estima el costo ni analiza su impacto en los pequeños departamentos de policía locales.
La Asociación de Sheriffs del Estado de Oregón ha calculado que, incluso si una persona pudiera completar de alguna manera la formación requerida, el proceso de obtención de permisos podría costar a los sheriffs casi 40 millones de dólares anuales. Pero nada en la medida proporciona ningún tipo de financiación, y las tarifas incluidas no se acercarían a cubrir los costes.
“Numerosos departamentos de policía y oficinas del sheriff acordaron que cumplir con esta medida será exorbitantemente costoso o imposible”, dijo Kevin Starrett de la Fundación de Armas de Fuego de Oregón a The Epoch Times. «Ninguna ha dicho que vaya a ofrecer la formación necesaria para solicitar el permiso de compra, que los sheriffs y la policía local se encargarán de administrar».
Williamson también expresó su preocupación por el hecho de que el sistema de permisos otorga a la Policía Estatal de Oregón «autoridad sin límites» para indagar en todo tipo de información personal del solicitante y negarle el permiso por cualquier motivo o simplemente por no cooperar.
«Ninguna información está fuera de los límites», afirma. «La introducción de criterios altamente subjetivos en [la medida] permite al gobierno una autoridad significativa para entrometerse en la vida privada de los ciudadanos respetuosos de la ley que desean ejercer sus derechos protegidos por la Segunda Enmienda».
Los opositores también argumentan que el lenguaje que describe la prohibición de la revista crea confusión.
La medida permite a los «propietarios registrados» de cargadores con más de 10 cartuchos conservarlos siempre que se hayan comprado antes de la prohibición.
«¿Pero cómo se demuestra cuándo se compró un cargador?» cuestionó Williamson. «No hay ningún ‘registro’ de cargadores. No tienen números de serie. No hay forma de que una persona normal pueda demostrar que lo tenía antes de que se aprobara la ley. Eso significa que los ciudadanos deben demostrar su inocencia».
Los cargadores de propiedad legal que superen los 10 cartuchos no podrán utilizarse para la autodefensa fuera del hogar. Según la medida, la posesión estaría restringida a la propiedad del dueño, en un armero, en un campo de tiro privado o durante una competición de armas de fuego.
«En el momento en que salga de casa, ese cargador de 15 balas es ahora ilegal, y podría ser arrestado y acusado de un delito menor por cada cargador que tenga en su poder porque no está en su casa o en un campo de tiro», explicó Williamson. «Y podrían acusarle varias veces por los mismos cargadores, ya que los cargadores no contienen marcas de identificación».
“Así que eso podría convertir a un propietario legal de un arma en un criminal de la noche a la mañana”, comentó Kahng.
«Pero tendrían tiempo para entregar esos cargadores», respondió Margaret Onley, miembro del comité y abogada laboralista de Oregón que apoya la medida.
Al final, el comité votó 3-2 para adoptar el lenguaje explicativo con cambios menores y lo envió al Secretario de Estado de Oregón para su aprobación final, dejando a los opositores frustrados.
«No creo que se encuentre ningún precedente en la historia de Estados Unidos en el que un ciudadano tenga que pasar por tantos trámites para ejercer sus derechos constitucionales», dijo Williamson. «Esta es la primera de este tipo, y si se aprueba, acabará en la corte».
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