Los republicanos de la Legislatura de Pensilvania están analizando todas las vías legales que recuperarían su autoridad sobre los procedimientos electorales y disputarían los resultados de las elecciones de 2020 hasta que se resuelvan las denuncias de fraude masivo.
«Estamos en tiempos extraordinarios, y estamos haciendo una cantidad extraordinaria de investigación para ver cuáles son las posibilidades», dijo el representante republicano del estado Russ Diamond, a The Epoch Times el 1 de diciembre.
“Mi resultado preferido es simplemente asegurarme de que los residentes de Pensilvania sepan que todos los votos legales fueron contados con precisión y que los resultados lo reflejan. Eso es lo único que me importa».
Tanto la Cámara como el Senado han emitido resoluciones que acusan a los poderes ejecutivo y judicial de Pensilvania de usurpar el poder constitucional de la legislatura para establecer las reglas de las elecciones.
Sin embargo, la sesión legislativa de 2020 terminó el 30 de noviembre y ambas resoluciones expiraron a la medianoche. Ambas se están reintroduciendo, pero la nueva sesión legislativa no comienza hasta el 7 de enero de 2021–lo cual hace que la asamblea general sea impotente hasta el próximo año. No está claro si alguna de las cámaras tiene los votos para aprobar las resoluciones, aunque los republicanos tienen la mayoría en ambas. La resolución de la Cámara tuvo 40 copatrocinadores en las 12 horas que estuvo activa, pero necesitaría 102 votos para aprobarse.
El senador republicano Doug Mastriano dijo que espera una declaración de suspensión, lo que haría que el organismo volviera a entrar en sesión de inmediato.
“Realmente me parece extraño que la asamblea general se quede sin poder durante un mes entero”, dijo Mastriano a The Epoch Times el 1 de diciembre.
“El desafío es que la certificación está en manos de la secretaria de estado y del gobernador, las mismas personas con las que tenemos problemas. Así que tenemos un poco de crisis constitucional aquí».
La secretaria de la Mancomunidad, Kathy Boockvar, certificó los resultados de las elecciones estatales el 24 de noviembre.
Ambas resoluciones afirman que los poderes judicial y ejecutivo modificaron ilegalmente las reglas de las elecciones en tres instancias específicas.
Primero, el 17 de septiembre, la Corte Suprema de Pensilvania amplió “ilegal y unilateralmente” la fecha límite para recibir las boletas de correo, ordenó que las boletas sin matasellos se consideraran oportunas, y permitió que se aceptaran las boletas sin la firma verificada del votante, dice la resolución.
En segundo lugar, el 23 de octubre, a petición de la secretaria de la Mancomunidad, la Corte Suprema de Pensilvania dictaminó que no era necesario autenticar las firmas de los votos por correo.
Y tercero, el 2 de noviembre, la secretaria de la mancomunidad “alentó a ciertos condados a notificar a los representantes de los partidos y a los candidatos sobre los votos por correo cuyas boletas tenían defectos”, dice la resolución.
Los 20 electores del Colegio Electoral de Pensilvania son elegidos actualmente por Boockvar. Sin embargo, Mastriano dijo que la autoridad en realidad pertenece a la legislatura y él quiere recuperarla antes del 14 de diciembre, cuando los electores se reúnan en el Congreso para elegir formalmente al próximo presidente.
De no ser así, dijo, el cuerpo legislativo técnicamente podría nombrar a sus propios 20 electores y enviarlos también al Congreso.
“Eso sería un enfrentamiento y una crisis constitucional, por supuesto, sobre la que los tribunales tendrían que pronunciarse. Y tenemos la Constitución de nuestro lado, y eso es lo hermoso”, dijo Mastriano.
“No buscamos revertir nada de lo que sucedió de manera justa. Si [el candidato demócrata Joe] Biden ganó de manera justa, que así sea. Pero la pregunta es, en Pensilvania, ¿ganó [Biden]? Y eso es todo lo que estamos tratando de averiguar».
Si un candidato presidencial no alcanza los 270 votos del colegio electoral, el ganador es seleccionado por la delegación estatal en el Congreso. A cada estado se le otorga un delegado (y un voto), que es determinado por el partido que tiene la mayoría de los miembros del Congreso en ese estado. En este escenario, los republicanos tienen mayoría.
Mastriano y otros republicanos estatales llevaron a cabo una audiencia pública el 25 de noviembre que incluyó testimonios que alegaban obstrucción, manipulación de la máquina de votantes, y otras irregularidades.
La campaña de Trump tiene actualmente varios casos judiciales activos en Pensilvania, incluida una apelación a la Corte Suprema de los EE. UU. con respecto a la fecha límite del voto por correo.
Boockvar ha negado las acusaciones de fraude electoral o irregularidades que cambiarían el resultado de las elecciones de 2020.
Tanto Mastriano como Diamond señalaron un caso de 1994 en el que un juez federal anuló la victoria electoral de un senador estatal demócrata, luego de que asumió el cargo, debido a un fraude. Un tribunal de apelaciones confirmó la decisión.
El demócrata William Stinson fue destituido de su cargo y reemplazado por el republicano Bruce Marks en un distrito del norte de Filadelfia.
El juez Clarence Newcomer escribió en su decisión que “se presentaron pruebas sustanciales que establecían fraude, engaño, intimidación, acoso y falsificación masivos en la boleta electoral ausente”, según un artículo del New York Times.
En su decisión, el juez descartó todas las boletas de voto ausente, diciendo que la actividad fraudulenta «contaminó la totalidad de las boletas de voto ausente».
Mastriano compara la situación actual con 1775 cuando George Washington estaba pidiendo la ayuda de Dios mientras se enfrentaba a una superpotencia mundial.
“Estamos en este punto, enfrentamos tanta corrupción y tanta complicidad de los principales medios de comunicación, que realmente necesitamos orar a Dios para que intervenga en nuestro nombre”, dijo Mastriano. “Y también tenemos que actuar. Y nuestro acto, por supuesto, es involucrarnos e involucrar a nuestros senadores y representantes y preguntarles qué van a hacer al respecto».
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