Opinión
A principios de noviembre un buque de carga de bandera británica fue secuestrado en el Mar Rojo por un grupo yemení, con el propósito de apoyar a la organización terrorista Hamás. De los veinticinco miembros de su tripulación, dos eran mexicanos.
El 28 de este mismo mes y gracias a negociaciones internacionales en las que no hubo representación oficial mexicana, los tripulantes del barco fueron liberados y con ellos los marinos mexicanos. Luego de esto ya no se supo más del asunto.
Cuando el presidente mexicano informó del caso lo hizo aclarando que no sabía mucho. Un desinterés semejante sucedió con los mexicanos secuestrados por Hamás durante su ataque terrorista del 7 de octubre en la frontera con Gaza.
El presidente López Obrador se pronunció como neutral; uno de los líderes de su movimiento, Gerardo Noroña, primer vocero de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, declaró que el ataque terrorista estaba justificado —luego fue destituido discretamente— y fue evidente el intento de que no hubiera demasiado escándalo con el tema de los dos mexicanos secuestrados. Finalmente fueron liberados por negociaciones de Israel y tampoco se supo más.
El presidente —si no está peleando con sus opositores o haciendo propaganda de su partido—, a veces da noticias, pero si no son de su interés no se ocupa mucho de ellas. Según se ve los mexicanos afectados por problemas internacionales no es algo que preocupe mucho a este gobierno. Cualquier mexicano en esta circunstancia, “que se rasque con sus propias uñas” como dice el dicho popular. Que no cuente ni siquiera con la solidaridad o apoyo moral de su gobierno.
Si los mexicanos que tienen estos líos en el extranjero sufren la indiferencia gubernamental, la cuestión se vuelve todavía más grave si esto sucede en el mismo territorio mexicano y los culpables del secuestro son criminales a quienes el presidente López Obrador les ha ofrecido abrazos —lo cual ha cumplido—, desde el principio de su gobierno.
El 8 de diciembre un comando fuertemente armado del grupo criminal La Familia se presentó en el poblado de Texcapilla en el municipio de Texcaltitlán. Su propósito era cobrar por las cosechas de los campesinos. Querían una cantidad mayor que la acostumbrada. No escucharon razones. Esto terminó por exasperar a los campesinos. Los citaron en un campo de futbol para pagar y los campesinos se presentaron armados de palos, machetes y una que otra escopeta vieja para enfrentar a los extorsionadores.
El resultado del enfrentamiento fue de diez criminales y cuatro pobladores muertos. El país se conmocionó. El presidente dijo que “se debía enfrentar unidos a los narcotraficantes”, aunque en estricto sentido se trataba de criminales extorsionadores.
Este delito de extorsión, el cobro de derecho de piso, se ha extendido en México. En el sur del Estado de México, en Guerrero, en Michoacán, Chiapas, Zacatecas, Guanajuato, en zonas de la propia ciudad de México como Iztapalapa y prácticamente en todos los lugares donde opera el crimen organizado, las bandas de sicarios aterrorizan a los ciudadanos para cobrar cuotas por sus negocios o comercio, por su trabajo. Imponen, por ejemplo, precios a los materiales de construcción y hasta a las tortillas.
Es una forma de opresión social que no es enfrentada por el Estado mexicano. Es el resultado de la política de pasividad ante el crimen organizado por parte del gobierno federal. De acuerdo a sus resultados, muchos observadores y analistas señalan que esto raya en la complicidad abierta.
El hecho es que la inseguridad en México crece. Se quieren maquillar las cifras de desaparecidos, eludir que hay regiones enteras del país en los que hay control territorial de las bandas del crimen organizado, las carreteras federales comienzan a ser inseguras y se detonan elementos que constituyen las características de un Estado fallido.
Después del enfrentamiento en Texcapilla los criminales heridos fueron llevados a un hospital cercano, pero sin ninguna actuación de las autoridades quienes debieron custodiarlos como detenidos, los mismos fueron liberados por sus cómplices. Posteriormente en un retén por parte del grupo criminal, 10 pobladores —entre los cuales hay cuatro niños— que huían del lugar fueron retenidos por el grupo criminal que exige la entrega de cuatro campesinos a quienes acusan, según se ve en el video del enfrentamiento, como líderes del levantamiento contra los sicarios extorsionadores.
La gobernadora Delfina Gómez del estado de México dice que los secuestrados son en realidad “desaparecidos”. El hecho es que la pasividad de las autoridades estatales y federales es consecuencia de una política que se define por una frase que algún día será parte de la historia del absurdo mexicano: “abrazos, no balazos”, que ya se dice de otra manera: “para los delincuentes abrazos, para los ciudadanos balazos”.
El secuestro de ciudadanos después de los hechos de Texcapilla en Texcatitlan precedió a matanzas de jóvenes en Guanajuato, primero cinco y luego una matanza en una posada donde murieron 12 jóvenes. Todos estos hechos se vuelven una desesperación que comienza a extenderse como un signo de impotencia ante la política de un gobierno federal que ha decidido dejar de aplicar la ley y proteger a los ciudadanos y no apoyar a las entidades más afectadas. Lavarse las manos nunca ha sido la mejor actitud de una autoridad.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
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