Hace más de un mes que el estado de Nueva York empezó a exigir la comprobación de antecedentes para la compra de munición.
Los distribuidores informan de la pérdida de negocios debido a los retrasos en el procesamiento de la información y a la migración de clientes a Pensilvania y Vermont.
Esos clientes no quieren esperar para lo que solía ser una compra mundana y no quieren facilitar información personal que se almacenará en una base de datos estatal permanente.
El 13 de septiembre de 2023 entró en vigor la Ley Ejecutiva 228 de Nueva York, que obliga a la Policía del Estado de Nueva York (NYSP) a realizar comprobaciones de antecedentes para todas las compras de munición.
Mientras Josh Hawkins considera el impacto de la nueva ley en su negocio, el director general y copropietario de Just Holster It -una tienda de armas de fuego y centro de formación a las afueras de Buffalo, Nueva York- dijo que la gobernadora Kathy Hochul probablemente considera la ley un éxito.
«Ha hecho más o menos lo que Hochul quería que hiciera», dijo Hawkins a The Epoch Times.
La oficina de Hochul no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios para esta historia.
Hawkins dijo que su tienda ha realizado «un par de cientos» de verificaciones de antecedentes para la compra de municiones. Dijo que muchas compras se retrasan por el sistema estatal a pesar de que el sistema federal aprueba su compra de armas al mismo tiempo.
Dijo que una mujer fue autorizada por el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS) para comprar una pistola. Sin embargo, no pudo comprar munición durante dos semanas porque su comprobación de antecedentes estatal estaba «pendiente».
Cuando pidió ayuda a la NYSP, la respuesta le decepcionó.
«No han sido de ninguna ayuda», dijo.
El NYSP no respondió a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición.
Peter Tilem, abogado penalista de White Plains, Nueva York. Dijo que parece que el sistema de verificación de antecedentes de municiones está diseñado para frustrar a los compradores, mientras que no hace nada sustancial para prevenir los delitos con armas de fuego.
Dijo que el hecho de que los residentes de Nueva York puedan cruzar las fronteras estatales para comprar munición hace que la comprobación de antecedentes sea inútil.
«Absolutamente nada impide a un individuo ir a otro estado. No tiene sentido», declaró a The Epoch Times.
Mike Onysko, gerente de McLain’s Sporting Goods en Endicott (Nueva York), expresó su preocupación por la seguridad de los datos en el sistema estatal. Al parecer, los retrasos pueden deberse a la información de los clientes que ya se encuentra en las bases de datos estatales.
Los retrasos han sido tal que él y otros comerciantes se pusieron en contacto con Donna Lupardo, miembro de la asamblea estatal, para determinar la causa.
Ella les dijo que las personas con huellas dactilares archivadas en el estado -incluidos los agentes de policía, los titulares de permisos de armas de fuego, los funcionarios de prisiones y otros- tenían más probabilidades de ser marcadas, puesto que sus nombres ya estaban en el sistema.
Las molestias son solo una de las quejas. Onysko afirma que la munición representa entre el 35 por ciento y el 40 por ciento de las ventas anuales de su tienda.
Con la temporada de caza en marcha, Onysko afirma que debería haber tenido que reponer existencias al menos dos veces en el último mes. Pero no ha tenido que hacerlo porque las ventas han sido la mitad de las del mismo periodo del año pasado.
Cree que los requisitos añadidos, junto con la exigencia de más información por parte del Estado, están llevando a los clientes a buscar otras fuentes.
Clientes que cruzan fronteras
«Compran en otros sitios. La gente no quiere dar su información, y no les culpo», declaró Onysko a The Epoch Times.
Según la ley, los datos de los clientes se introducen en una base de datos estatal de licencias de armas.
La base de datos podría incluir información de «la División de Servicios de Justicia Penal, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York y otras entidades locales».
La información es para la certificación y recertificación de permisos de armas de fuego. Los datos no se considerarán registros públicos en virtud de la ley. La ley también permite al NYSP desarrollar otras bases de datos «según sea necesario».
Las verificaciones de antecedentes para la venta de municiones se propusieron por primera vez en 2013 bajo la Ley de Aplicación Segura de Municiones y Armas de Fuego (SAFE) de Nueva York de 2013 del entonces gobernador Andrew Cuomo.
Esa ley, entre otras cosas, exigía que todas las ventas de munición se gestionaran como las ventas de armas.
Los republicanos negociaron un memorando de entendimiento según el cual no se gastaría dinero estatal hasta que ambas partes hubieran acordado un plan de costes y un plan para implementar el nuevo sistema estatal de verificación de antecedentes, que no existía.
Tom King, presidente de la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York (NYSRPA), dijo que Cuomo aclaró que el memorando no significaba nada para él.
«Dijo que podían romperlo en cualquier momento», dijo King.
Según una transcripción de un discurso del 1 de julio de 2023 sobre una sesión extraordinaria de la legislatura, Hochul dijo que eso es precisamente lo que hizo.
«Por lo tanto, estamos literalmente rompiéndola, y Nueva York ahora requerirá y llevará a cabo verificaciones de antecedentes para todas las compras de municiones. Y también crearemos una base de datos de munición, para que las fuerzas del orden puedan identificar y procesar a los delincuentes», dijo.
Aseguró a los asistentes que la ley solo afectaría a los delincuentes.
«Sabemos que esto no tiene nada que ver con los propietarios legales de armas, nada que ver con ellos en absoluto. Se trata de personas que han sido condenadas por delitos graves u otras categorías de personas a las que se debería prohibir el acceso a armas de fuego y munición», afirmó.
Discrepancias con el Gobernador
Un representante de la industria de los deportes de tiro dijo que no ha resultado ser así.
Mark Oliva es el director general de asuntos públicos de la NSSF: Asociación de Comercio de la Industria de Armas de Fuego.
En un correo electrónico a The Epoch Times, Oliva escribió que el control de antecedentes de la munición es solo un obstáculo más que Hochul puede poner en el camino de los propietarios de armas respetuosos con la ley.
«Estas políticas no están haciendo que las comunidades sean más seguras. Los neoyorquinos estarían mejor servidos si la gobernadora Hochul dirigiera este mismo esfuerzo y recursos a hacer cumplir las leyes contra los delincuentes en lugar de centrarse en los que obedecen la ley», escribió Oliva.
Hawkins se mostró de acuerdo. Cree que los funcionarios estatales están más preocupados por el control que por la seguridad.
«Un derecho retrasado es un derecho denegado. Si Kathy Hochul quisiera proteger a la gente, no se lo pondría tan difícil para que se protegieran a sí mismos», dijo.
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