Diez estados demandan al presidente Joe Biden por su orden ejecutiva que ordena a todas las agencias federales que comiencen a trabajar en lo que él describe como «la crisis climática».
Biden firmó en su primer día en el cargo la orden, que dice que el gobierno federal «debe promover la justicia ambiental» y, entre otros esfuerzos, «reducir las emisiones de gases de efecto invernadero» y «reforzar la resiliencia a los impactos del cambio climático».
El demócrata reveló el jueves una nueva fase de su agenda climática, prometiendo que Estados Unidos reducirá a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
La orden de Biden podría destruir una serie de industrias si no se cuestiona, advirtió el fiscal general de Louisiana, Jeff Landry, al encabezar la presentación de la demanda multiestatal en la corte federal de su estado.
«La orden ejecutiva de Joe Biden debería alarmar a todos los estadounidenses. Si no se controla, el Presidente podría utilizar esta estructura de costes destructiva para justificar casi cualquier cosa», dijo en un comunicado. «Louisiana produce recursos naturales y artificiales cruciales para nuestra nación y disfruta de un modo de vida rico y con mucha historia. Desde la madera y las reservas de alimentos hasta el petróleo y el gas natural, los productos químicos e industriales y las actividades recreativas al aire libre—casi todos los aspectos de nuestra economía y cultura están en riesgo bajo esta política desmesurada».
La orden de Biden también obliga a las agencias federales a estimar las emisiones de tres gases de efecto invernadero, conocidos como estimaciones SC-GHG, señala la demanda de 57 páginas.
Dado que los gases son omnipresentes, las estimaciones podrían ser relevantes para el análisis de coste/beneficio de cada norma federal y de una serie de otras acciones, que abarcan temas desde los lavavajillas hasta las máquinas expendedoras.
«En otras palabras, las agencias federales deben utilizar ahora las estimaciones del SC-GHG para calcular los costes y beneficios de la regulación de prácticamente todo lo que los Estados y sus ciudadanos encuentran cada día. Esto significa que las agencias federales utilizarán las estimaciones SC-GHG para asignar costes masivos —incluso existenciales— a cada acción reguladora y «otra acción relevante», transformando así fundamentalmente la forma en que los Estados realizan sus negocios y los estadounidenses viven. No es exagerado decir que las Estimaciones SC-GHG son la iniciativa regulatoria federal más expansiva y potencialmente más cara de la historia», advirtieron los fiscales generales en la demanda.
El uso de las estimaciones durante la administración Obama no siguió los procedimientos requeridos por la ley federal y tampoco lo hace la administración Biden, añadieron.
La administración Biden no respondió a una solicitud de comentarios.
Los demandantes piden a la corte que ordene a las agencias federales que no utilicen las estimaciones y que declare que éstas son contrarias a la ley y «arbitrarias y caprichosas».
Los fiscales generales de Alabama, Florida, George, Kentucky, Mississippi, Texas, Virginia Occidental y Wyoming se unieron a la demanda, junto con la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem. Todos son republicanos.
En una acción separada en el Congreso, los representantes Chip Roy (R-Texas) y Lauren Boebert (R- Colo.) dijeron que tratarían de forzar una votación sobre la legislación que revertiría la orden ejecutiva de Biden del 20 de enero y otros mandatos similares.
«La administración Biden está dispuesta a sacrificar millones de empleos en el sector del petróleo y el gas, a aumentar los costos de la energía y a destruir nuestra independencia energética, todo ello para tranquilizar a los radicales amantes del Nuevo Acuerdo Verde», dijo Roy en un comunicado. «Es hora de que el Congreso ponga fin a su destrucción económica unilateral y ponga al pueblo estadounidense en primer lugar. Después de que todos los republicanos de la Cámara de Representantes hayan firmado este esfuerzo, estoy deseando ver cuántos de mis colegas demócratas están dispuestos a proteger los empleos estadounidenses y la seguridad energética».
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