Ascensión Parra, la madre de Paula, la niña tetrapléjica que mañana cumplirá diez años y que desde su nacimiento permanece en la cama, sin movilidad, por una negligencia médica en el parto, ha dicho que no dudaría en cambiar la indemnización millonaria que la familia ha recibido por recuperar la salud de su hija.
Así lo ha dicho este jueves en una rueda de prensa en la que la familia y la asociación El Defensor del Paciente han dado a conocer que ya han recibido la indemnización de 5,2 millones de euros a la que fue condenado el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y que han hecho efectiva sus aseguradoras, Zúrich y Mapfre, tras llegar a un acuerdo las partes.
La condena al Sescam es la de mayor cuantía de España en cuanto a negligencias médicas.
La niña nació el 14 de octubre de 2012 y el acuerdo entre la acusación particular y las aseguradoras del Sescam ha evitado que este proceso judicial por un delito de lesiones por imprudencia llegue al Tribunal Supremo.
Ascensión Parra, profundamente emocionada, ha contando cómo es el día a día de la familia desde que su hija quedó mal tras un parto en el que no fue atendida adecuadamente por un ginecólogo y una matrona del Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas (Ciudad Real) y que acabó ocasionando gravísimas lesiones a Paula.
La madre ha relatado cómo durante el parto los facultativos le dijeron que su hija venía con una vuelta de cordón umbilical, pero no hicieron nada evitar que la niña sufriera y dejaron que naciera por parto natural.
Ello «le ocasionó graves lesiones a mi hija que nos hizo cambiar radicalmente mi vida y la de mi familia, renunciando a poder hacer una vida normal», ha explicado Ascensión Parra, quien ha agregado que la situación de Paula «no sólo nos ha afectado a mi y marido, también a mis otros hijos, que en este tiempo han perdido su infancia, porque nunca, desde entonces, podemos dejar de estar con ella para darle los cuidados que necesita».
El estado de Paula, ha explicado, obliga a prestarle una atención continuada casi durante todas las horas del día, aspirándola para evitar que las flemas acaben ahogándola, ante la imposibilidad de que ella misma las expulse.
Las atenciones que necesita la niña, ha comentado, son muchas, entre ellas fisioterapia respiratoria al menos cuatro veces a la semana, que es necesaria para que la niña «pueda seguir viviendo».
Además, la familia ha tenido que hacer obras en casa para adaptarla y todos estos gastos, de años, han sido asumidos por la familia.
Al ir creciendo la niña, su padre tomó la decisión de dejar de trabajar para dedicarse a su cuidado, ya que hasta entonces eran la madre y la abuela quienes la movían para asearla: «Mi marido hace dos años que está conmigo en casa, hasta entonces a Paula la estábamos cuidando mi madre y yo, y ahora es imposible que mi madre me ayude a manejarla por su edad y porque cada vez la niña pesa más», ha explicado la madre.
A preguntas de los periodistas, Ascensión Parra ha afirmado que en estos años ninguno de los dos facultativos sanitarios que la atendieron le han pedido perdón.
«Me da igual el perdón, sinceramente, pero me hubiera gustado que me hubiera dicho no fue a posta lo que sucedió, que fue una negligencia. No sé si hubiera podido perdonarles, porque sé que ellos sabían lo que estaba pasando, y no hicieron nada por evitar lo que finalmente pasó», ha declarado.
Por su parte, el abogado de la asociación del Defensor del Paciente, Francisco Javier Fernández-Bravo, ha asegurado que tras destrozarle la vida a una familia la sentencia viene a «amortiguar un poco ese daño, porque repararlo es imposible».
Ha agregado que el deficiente seguimiento del parto y la «dejadez» de los profesionales provocó que naciera con deficiencias una niña que de otra forma hoy no debería tener ningún otro problema.
Por su parte, la presidenta del colectivo, Carmen Flores, ha calificado como «un éxito muy grande» esta sentencia y ha reclamado que se tomen medidas para que «este tipo de situaciones no se repita» en la sanidad pública.
También ha pedido que este tipo de sentencias conlleven la inhabilitación para los profesionales sanitarios y ha exigido a la justicia más agilidad a la hora de resolver estos casos.
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