Se ha presentado una demanda contra un distrito escolar de California y contra los empleados acusados de instruir a una estudiante de secundaria para que creyera que era transgénero y cambiara secretamente su nombre y sus pronombres en la escuela.
La demanda alega que los empleados de la escuela manipularon a la estudiante de sexto grado para que «creyera que era bisexual y que su género no coincidía con su sexo biológico» y le indicó que «no le dijera a su [madre] la nueva identidad y expresión de género».
Harmeet Dhillon, director ejecutiva del Center for American Liberty, que representa a la estudiante menor de edad y a su madre, dijo a The Epoch Times que el caso podría ser el primero de muchos que exponen las consecuencias del activismo transgénero en las escuelas.
La demanda, presentada el 14 de junio, nombra al distrito escolar de Spreckels Union, a Katelyn Pagaran, directora de la escuela secundaria Buena Vista de Salinas (California), y a dos maestras: Lori Caldeira y Kelly Baraki como demandados.
Jessica Konen, la madre de la niña, se presentó después de que una grabación de audio filtrada revelara que Caldeira y Baraki contaban a otras maestras cómo habían reclutado secretamente a estudiantes para el club LGBT de la escuela.
Las maestras se jactaban de haber espiado las búsquedas y la actividad online de los alumnos, así como de haber espiado sus conversaciones para identificar y reclutar a alumnos de sexto curso para los clubes LGBT, cuyas listas de miembros se mantenían ocultas a los padres.
«Acechamos totalmente lo que hacían en Google», dijo Baraki en la grabación.
El dúo dirigió un taller llamado «Cómo dirigimos una ‘GSA’ en comunidades conservadoras» en una conferencia de la Asociación de Maestros de California (CTA) anunciada como «Conferencia sobre temas LGBTQ+ 2021, más allá de lo binario: Identidad e Imaginando Posibilidades» en Palm Springs el pasado mes de octubre. Describieron los obstáculos que encontraron como maestras para ocultar a los padres las actividades del «Club de la Igualdad» de la GSA (Alianza Gay-Hetero).
Han surgido nuevos detalles en el caso ahora que la hija de Konen, que está protegida bajo el seudónimo «A.G.» en la demanda porque es menor de edad, participa activamente en el caso, dijo Dhillon.
La demanda alega que las maestras actuaron con el conocimiento de la directora Pagaran.
«Pagaran estaba al tanto del Club de la Igualdad y de las tácticas de Caldeira y Baraki… y las aprobaba. De hecho, Pagaran asistía con frecuencia a las reuniones del Club de la Igualdad», afirma la demanda.
También alega que Baraki y Caldeira trataron de imponer identidades a los estudiantes que se resistieron.
Cerca del comienzo del año escolar 2018, cuando la estudiante tenía 11 años, fue invitada por un amigo a asistir a una reunión del Club de Igualdad, pero no estaba interesada en la discusión y decidió no regresar, según la demanda.
Unas dos semanas después, Caldeira se acercó a la hija de Konen y le pidió que volviera al club, diciendo que «encajaba perfectamente», y la niña accedió, alega la demanda.
En la primavera de 2019, la hija de Konen le dijo a un consejero escolar que estaba deprimida y comenzó a asistir a sesiones semanales de asesoramiento, después de lo cual «Caldeira y Pagaran a menudo tendrían reuniones de seguimiento con [ella] y el consejero escolar», dice la demanda. «Durante esas reuniones, el consejero y Caldeira le informaron [a la niña] que los sentimientos que tenía se debían a que «no estaba siendo quien era» y que si se convertía en su «verdadero yo», su depresión y estrés mejorarían (o palabras en ese sentido)».
Caldeira animó a la hija de Konen a cambiarse el nombre por uno de chico, y empezó a usar ropa de chico, alega además la demanda.
«A veces, Caldeira y Baraki presentaban y presionaban a los estudiantes para que adoptaran identidades, y los estudiantes se resistían», afirma la demanda.
Antes de asistir a una reunión del consejo escolar a mediados de diciembre para exponer la presunta manipulación que había sufrido su hija, Konen hizo pública su historia y acusó a los empleados de la escuela, incluidas las maestras, de «entrenar» a su hija.
El 19 de enero, el Center for American Liberty presentó una notificación de reclamación en virtud de la Ley de Reclamaciones Gubernamentales, un requisito previo para presentar una demanda contra el gobierno de California. El Estado tenía 60 días para responder, pero no lo hizo.
«Para mí, como abogado de derechos civiles, creo que se debe permitir a los adultos hacer lo que quieran, y si quieren expresarse de esa manera después de recibir toda la información, están en su derecho. Pero, la gente no está recibiendo la información completa sobre esta agenda transgénero radical», dijo Dhillon.
«No se están enterando de los efectos permanentes de estos cambios. No están aprendiendo que su tristeza y su depresión nunca van a desaparecer. En el proceso, los maestros de las escuelas estadounidenses están interfiriendo activamente con los derechos civiles de las familias estadounidenses. Y así, pretendemos a través de esta demanda y otras… poner fin a esto antes de que dañen y marquen de forma permanente a más niños y destruyan más vidas».
Dhillon no está de acuerdo con el reciente impulso del presidente Joe Biden a la «atención de afirmación de género» ni con la legislación estatal propuesta por el senador Scott Wiener (D-San Francisco) y la asambleísta Lori Wilson (D-Suisun City) para acoger a los padres que se identifican como transexuales y que han sido acusados de maltrato infantil en otros estados.
Algunos tratamientos, como los bloqueadores de la pubertad y las hormonas de sexo cruzado, utilizados para tratar a los menores que se identifican como trans, no han sido debidamente probados médicamente para su uso en niños, alegó Dhillon.
«El uso de bloqueadores de la pubertad en niños no es un uso autorizado. No está probado», dijo. «Están utilizando medicamentos destinados a otras enfermedades como el cáncer de próstata. Están usando eso para suprimir las hormonas en los niños estadounidenses».
«Esto es una barbaridad», continuó Dhillon. «Cuando vemos que otros países mutilan los genitales de niñas y niños, lo llamamos ‘barbarie’. Pedimos sanciones de derechos humanos para esos países. Lo estamos haciendo en Estados Unidos con el pretexto de la ‘atención de afirmación de género'».
La decisión sobre la medicina transgénero es mejor dejarla en manos de los adultos —pacientes mayores de 18 años— que pueden tomar legalmente esas decisiones por sí mismos, dijo.
«Creo que será triste si lo hacen, pero no tengo ningún problema con ello legalmente. Tengo un gran problema, desde el punto de vista legal, con que se aleje a los padres de los niños», dijo Dhillon.
Que las escuelas oculten la identidad de género de los niños a sus padres no solo es problemático, sino que es ilegal, «y lo demostraremos en esta demanda», dijo.
Konen dijo a The Epoch Times el 15 de junio que tanto ella como su hija están preparadas para la batalla legal contra el distrito escolar y el personal.
«¡Estoy preparada para librar esta batalla por mi hija! ¡Ella está preparada para luchar! Estamos preparados!» dijo Konen, «Ellos entenderán las consecuencias de sus acciones».
El superintendente del SUSD, Eric Tarallo, indicó en una reunión anterior que una investigación de terceros sobre las acusaciones hechas contra el distrito escolar y los empleados se completaría el 2 de junio. Hasta ahora, los resultados de la investigación —si es que se ha completado— no se han hecho públicos.
Konen y otros padres dijeron a The Epoch Times que estaban decepcionados de que la reunión del consejo escolar del 2 de junio no fuera transmitida en vivo como lo han sido las reuniones en el pasado.
Tarallo no ha respondido a las preguntas, ni tampoco Steve McDougall, el presidente del consejo escolar.
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