El senador Joe Manchin (D-W.Va.) se ha manifestado en contra de la orden de vacunación en el sector privado del presidente Joe Biden. El congresista se unió a los republicanos en el copatrocinio oficial a un proyecto de ley que revocaría la regla.
Manchin indicó que empezó a considerar dicho patrocinio el jueves por la tarde.
«He apoyado mucho la orden en el gobierno federal, en el ejército, en todas las personas que trabajan en la nómina del gobierno», le dijo a la prensa. «Me ha entusiasmado menos el sector privado».
«Estamos trabajando en ello», dijo Manchin sin comprometerse.
Más tarde, ese mismo día, Manchin anunció que había tomado su decisión y dijo que apoyaría a los republicanos en su esfuerzo por derribar la orden en el sector privado.
Manchin señaló en una declaración emitida el jueves por la noche: «Yo personalmente he recibido tanto dosis normales de la vacuna como dosis de refuerzo y sigo instando a todos los habitantes de Virginia Occidental a que se vacunen». Aun así, el senador enfatizó su oposición a cualquier esfuerzo por imponer la vacunación a empleadores y empleados del sector privado.
“Permítanme ser claro: No apoyo ninguna orden gubernamental sobre vacunas en empresas privadas”, dijo Manchin. «Es por eso que he copatrocinado y apoyaré firmemente un proyecto de ley para revocar la orden de vacunación del gobierno federal para empresas privadas».
“Hace mucho que digo que deberíamos incentivar, no penalizar, a los empleadores privados cuya responsabilidad es proteger a sus empleados del COVID-19”, dijo Manchin.
El compromiso de Manchin con los republicanos se produce tras un trabajo republicano concertado para revocar la orden dirigida al sector privado.
Todos los republicanos en la cámara alta se unieron al senador Mike Braun (R-Ind.) y al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.) el 18 de noviembre para impugnar la medida bajo la Ley de Revisión del Congreso (CRA).
La CRA, aprobada en la década de 1990 bajo el presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, permite al Congreso revisar y, si es necesario, revocar nuevas regulaciones federales implementadas por administraciones federales como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). Si se anula una regla bajo este procedimiento, las administraciones federales tienen prohibido emitir la misma regla o una regla sustancialmente similar.
Según las reglas de su estatuto, una moción de la CRA puede ser aprobada por mayoría simple, sin riesgo de obstrucción.
Biden presentó la orden de vacunación en septiembre, y le dijo a la nación: «Nuestra paciencia se está agotando» con los millones de estadounidenses que han optado por no vacunarse contra el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
La orden se aplicaría a todos los empleados federales, incluido el personal militar y los contratistas federales. También se extendería al sector privado, requiriendo que todas las empresas con 100 empleados o más exijan la vacunación o pruebas semanales para el virus.
Para promulgar la orden, Biden pidió a OSHA que declarara una norma temporal de emergencia. En el pasado, dichos estándares se han utilizado para proteger a los empleados contra productos químicos peligrosos u otras toxinas similares.
OSHA dijo en una declaración a The Epoch Times que la norma temporal de emergencia “aseguraría que la fuerza laboral [de una empresa] esté completamente vacunada o exigiría que cualquier trabajador que permanezca sin vacunar se haga una prueba semanal antes de ir a trabajar”.
En total, el mandato de Biden se extendería a aproximadamente 100 millones de estadounidenses, casi un tercio de todos los ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, las maniobras legales que utilizó Biden para llegar al sector privado están sujetas a una letanía de reglas y restricciones que podrían hacer que la regla de OSHA sea cancelada.
La más importante de ellas es la moción de la CRA, que no solo revocaría la norma de emergencia temporal de OSHA, sino que prohibiría la imposición de otra regla sustancialmente similar.
El mandato también enfrenta desafíos en el sistema judicial; el Tribunal del Quinto Circuito de tendencia conservadora ya ha desafiado la autoridad de Biden sobre las decisiones de salud de los empleados y empleadores del sector privado.
Refiriéndose a la «escasa paciencia» de Biden, el juez del 5º Circuito de Apelaciones, Kurt D. Engelhardt, escribió que para proteger «nuestra estructura constitucional… debe ser defendida la libertad de los individuos para tomar decisiones intensamente personales de acuerdo con sus propias convicciones -incluso, o quizás particularmente, cuando esas decisiones frustran a los funcionarios del gobierno».
Los estados también han desafiado la norma a través de una serie de vías, incluyendo un esfuerzo para ampliar la elegibilidad a aquellos que perdieron su trabajo debido a la negativa a tomar la vacuna.
Una coalición de 24 fiscales generales estatales también impugnó la moción, prometiendo aprovechar «todas las opciones legales disponibles para responsabilizar a [Biden] y defender el estado de derecho».
La actual posición de Manchin ante la orden a las empresas privadas se produce en medio de crecientes impugnaciones al dictado de Biden, y da a los republicanos una oportunidad mucho mayor para anular la orden de vacunación.
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