Un grupo de legisladores demócratas insta al Tribunal Supremo de EE.UU. a que confirme la sentencia de un tribunal inferior que impidió a un gobierno local de Oregón perseguir a personas sin hogar por dormir a la intemperie.
El caso, Ciudad de Grants Pass contra Johnson, cuya vista está prevista para finales de este mes, se plantea en un momento en que las ciudades de todo el país se enfrentan al problema de las personas sin hogar y a la expansión de los campamentos de personas sin hogar, impulsada, entre otros factores, por el aumento de los alquileres residenciales. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. informó de que más de 580,000 personas se quedaron sin hogar en 2022.
En el caso que nos ocupa, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito sostuvo que Grants Pass, Oregón, tenía prohibido por la Constitución de Estados Unidos aplicar sanciones penales o civiles como parte de un esfuerzo por hacer cumplir las leyes del municipio contra acampar en terrenos públicos.
La garantía de la Octava Enmienda contra los castigos crueles e inusuales significa que los gobiernos locales no pueden procesar a las personas por dormir al aire libre cuando no hay espacio interior disponible, sostuvo el tribunal de apelaciones en una decisión criticada por pensadores jurídicos conservadores.
El Noveno Circuito ratificó la sentencia dictada en julio de 2020 por el juez de instrucción Mark D. Clarke, del Tribunal de Distrito de Oregón, quien consideró que la «política y práctica de Grants Pass de castigar a las personas sin hogar violaba la Cláusula de Castigo Cruel e Inusual de la Octava Enmienda».
El juez Clarke sostuvo que Martin v. Boise, una decisión del Noveno Circuito de 2019, era un precedente de control en el caso. Ese fallo sostuvo que la Constitución «prohíbe castigar a las personas por realizar actos humanos inevitables, como dormir o descansar al aire libre cuando no tienen acceso a un refugio», escribió el juez.
En el caso Martin contra Boise, el Noveno Circuito dictaminó que «‘mientras haya un mayor número de personas sin hogar en [una ciudad] que el número de camas disponibles [en los albergues], una ciudad no puede castigar a las personas sin hogar por ‘sentarse, tumbarse y dormir involuntariamente en público'».
Criminalizar a personas indigentes y sin hogar por dormir al aire libre sería castigarlas basándose «en la falsa premisa de que podían elegir».
Según Paul J. Larkin y Zack Smith, de la conservadora Heritage Foundation, la sentencia del Noveno Circuito que confirma la decisión del tribunal de distrito es un ejemplo de «jurisprudencia resultadista en su peor expresión, prueba de que un juez intelectualmente deshonesto puede llegar a cualquier resultado que desee con solo escribir frases gramaticalmente correctas y espolvorear unas cuantas citas o citas de decisiones del Tribunal Supremo».
En un escrito de amigo del tribunal presentado la semana pasada ante el Tribunal Supremo, la representante Cori Bush (D-Mo.), y otros 15 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, incluidas Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y). y Rashida Tlaib (D-Mich.), argumentaron que las personas sin hogar no deberían estar sujetas a sanciones penales por vivir al aire libre en terrenos públicos.
Tres senadores estadounidenses, Ed Markey (D-Mass.), Elizabeth Warren (D-Mass.) y Bernie Sanders (I-Vt.), que se reúne con los demócratas, también firmaron el escrito.
«Castigar la pobreza atrapa a las personas en ciclos de deuda, desempleo y desesperanza, aumentando la probabilidad de que alguien se convierta en un sin techo crónico, lo que empeora el problema para todos y, por lo tanto, no sirve a ningún propósito penal legítimo», afirma el escrito.
«Aunque los miembros del Congreso aquí firmantes están de acuerdo en que los poderes políticos han fallado, al menos parcialmente, a los estadounidenses sin hogar al apartarse de su papel histórico de garantizar un amplio acceso a una vivienda asequible, este Tribunal nunca ha permitido que un gobierno local inflija dolor a sus propios residentes inocentes con el propósito deliberado de echarlos y convertirlos en la carga de otro».
Los estudios también han demostrado que «castigar a los sin techo» es ineficaz, afirma el escrito.
La criminalización «perpetúa el sinhogarismo al erigir más barreras contra la salida del ciclo de la pobreza». Las personas sin hogar sufren a menudo un empeoramiento de su salud mental y física mientras están detenidas, y el encarcelamiento es costoso para los contribuyentes y hace «aún más difícil el acceso a una vivienda segura tras el encarcelamiento», según el escrito.
El gobierno de Biden, que no es parte en el recurso, pidió permiso al tribunal para participar en la vista oral del 22 de abril, lo que indica que el gobierno federal considera que el caso es importante.
La Procuradora General de EE.UU., Elizabeth Prelogar, presentó una moción el 1 de abril pidiendo a los jueces que permitieran al gobierno federal participar en el argumento.
El Tribunal Supremo podría pronunciarse sobre la moción en cualquier momento.
Estados Unidos argumenta que el Noveno Circuito sostuvo correctamente que la Octava Enmienda, tal y como se interpreta en el precedente del Tribunal Supremo Robinson contra California (1962), prohíbe «a un gobierno local criminalizar de hecho la condición de sin techo prohibiendo completamente residir en la jurisdicción a las personas sin acceso a un refugio».
El gobierno va más allá, argumentando que «la aplicación de ese principio a una persona en particular requiere una investigación de las circunstancias de esa persona, y que el tribunal de apelaciones se equivocó al afirmar un amplio desagravio por mandato judicial sin exigir tales demostraciones particularizadas».
El gobierno tiene interés en trabajar con los estados y las localidades «para abordar el problema de las personas sin hogar y garantizar que todos los estadounidenses tengan un lugar seguro y estable donde vivir» y en «garantizar que las ciudades del país puedan responder de forma adecuada y humanitaria a los problemas de salud pública y seguridad causados por los campamentos».
El gobierno también tiene interés en asegurarse de que las disposiciones constitucionales sobre enjuiciamiento penal y castigos se interpretan y aplican correctamente, escribió la Sra. Prelogar.
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