Maryland se convirtió el viernes en el primer estado del país en aprobar un proyecto de ley que impone un impuesto a los ingresos por publicidad de las grandes empresas tecnológicas, ya que la Asamblea Legislativa, controlada por los demócratas, anuló el veto del gobernador Larry Hogan sobre la medida.
Tras una votación de 88-32 en la Cámara de Delegados, el Senado estatal anuló el veto por un margen de 29-17.
El proyecto de ley tiene dos componentes: el aumento de los impuestos sobre los productos de tabaco y la aplicación de un nuevo impuesto sobre los ingresos de la publicidad digital.
«El proyecto de ley impone un impuesto sobre los ingresos brutos anuales de una persona derivados de los servicios de publicidad digital en el Estado», dice un resumen de la Cámara.
Las personas pagarán el impuesto en función de sus ingresos brutos anuales globales; las personas con mayores ingresos tendrán que ceder porcentajes más altos de lo que ganen a través de los anuncios digitales.
«Compañías como Amazon, Facebook y Google han visto sus beneficios aumentar drásticamente durante la pandemia del COVID-19 mientras que nuestros empresas comunes están luchando para mantener el ritmo», dijo el presidente del Senado, Bill Ferguson, un demócrata que encabezó la legislación, en un posteo en las redes sociales poco antes de la votación.
«Este impuesto dirigido a las empresas que ganan más de 100,000,000 dólares al año SOLO con la publicidad digital es un mecanismo vital para asegurar que las grandes empresas tecnológicas paguen impuestos en Maryland, al igual que nuestras pequeñas empresas. En un momento en el que el presupuesto de Maryland está sufriendo un impacto imprevisto y astronómico debido al COVID-19, las familias y las empresas de Maryland pueden pagar la factura, o las grandes empresas tecnológicas pueden empezar a pagar su parte justa».
Un análisis cifra la recaudación anual del nuevo impuesto en 250 millones de dólares.
El proyecto de ley es uno de los numerosos esfuerzos realizados en todo el país para frenar a las Big Tech —grandes empresas tecnológicas como Facebook— mientras acumulan más dinero y ejercen su poder con bloqueos de personas como el expresidente Donald Trump.
Hogan, un republicano, vetó el proyecto de ley porque creía que «aumentaría los impuestos y las tasas a los habitantes de Maryland en un momento en que muchos ya están sin trabajo y con dificultades financieras», dijo en una carta a Ferguson y a la presidenta de la Cámara, Adrienne Jones, el año pasado.
El fiscal general de Maryland, el demócrata Brian Frosh, revisó el proyecto de ley y dijo que era constitucional.
Algunas disposiciones pueden plantear preocupaciones si la legislación es impugnada en los tribunales, dijo a Hogan en una carta en abril de 2020, pero «es nuestra opinión que estas disposiciones no son claramente inconstitucionales».
«Además, si estas disposiciones fueran impugnadas y un tribunal encontrara alguna de ellas inconstitucional, es nuestra opinión que cada una de las disposiciones sería separable del resto del proyecto de ley», añadió.
Algunos grupos se han opuesto a la aprobación del proyecto de ley, entre ellos Association of National Advertisers, Internet Association, y Marylanders for Tax Fairness, una coalición que cuenta con el exasesor de Hogan, Doug Mayer, como portavoz.
El grupo calificó la legislación de «inviable y vaga» y afirmó que garantizaría aumentos de impuestos a las pequeñas empresas.
«Este aumento de impuestos fue históricamente miope, tonto y perjudicial para innumerables pequeñas empresas y empleados, y los habitantes de Maryland lo recordarán así», dijo Mayer en un comunicado el viernes.
La Tax Foundation, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la política tributaria, dijo que el proyecto de ley probablemente infringe la Ley de Libertad Fiscal Permanente en Internet, una ley federal que prohíbe los impuestos discriminatorios sobre el comercio electrónico. El proyecto de ley no establece claramente qué parte o partes pueden estar sujetas al impuesto, dijo la fundación.
La Internet Foundation, una coalición que representa a empresas como las que son objetivo de los legisladores, sugirió que la ley sería impugnada en los tribunales, y Robert Callahan, su vicepresidente senior de asuntos gubernamentales estatales, dijo: «Al menos las empresas y los consumidores de Maryland pueden estar más tranquilos sabiendo que los tribunales tendrán la última palabra en este asunto, y que será la ley, y no la política, la que decida el resultado».
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