Más de 300 grupos civiles piden investigación internacional sobre abusos de derechos humanos en China

Por Eva Fu
09 de septiembre de 2020 11:12 PM Actualizado: 09 de septiembre de 2020 11:12 PM

Una coalición de más de 300 grupos de derechos humanos está pidiendo a las Naciones Unidas crear un «mecanismo de monitoreo» para que el régimen chino rinda cuentas por los abusos contra derechos humanos cometidos en el país y en el extranjero.

321 grupos, incluidos Human Rights Watch , Amnistía Internacional , el Servicio Internacional de Derechos Humanos y 50 expertos de la ONU, redactaron una carta conjunta enviada a la ONU el 9 de septiembre, criticando también la supresión de libertades por parte de Beijing en Hong Kong , el Tíbet y Xinjiang, así como su mal manejo de la pandemia del virus del PCCh y la persecución a defensores de derechos humanos.

«El desprecio de China por los derechos humanos ya no afecta solo a sus ciudadanos; su apoyo a los dictadores y los esfuerzos por reescribir los estándares internacionales están haciendo que el trabajo de defender los derechos humanos sea más difícil que nunca», dijo en una declaración Sarah Brooks, intermediaria del Servicio Internacional de Derechos Humanos en Bruselas. La carta conjunta ha unido a organizaciones de todo el mundo «que luchan por sus propias comunidades con una causa común», agregó.

El colectivo pidió un «mecanismo imparcial e independiente de la ONU» para monitorear e investigar los abusos de China, lo que se suma a un creciente coro de críticas internacionales contra las tácticas de Beijing, desde su dura represión de las protestas de Hong Kong hasta la censura hacia los periodistas occidentales y los críticos de China.

Cuando un periodista le preguntó sobre la carta, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo en una conferencia de prensa el miércoles que «no vale la pena refutar las acusaciones infundadas de estas organizaciones».

Apenas unos días antes, siete expertos en derechos humanos de la ONU enviaron una carta al gobierno chino condenando la nueva ley de seguridad nacional que Beijing impuso a Hong Kong. Dijeron que la ley, con sus términos amplios, «infringe ciertos derechos fundamentales» y podría permitir a las autoridades chinas atacar a los disidentes políticos, por ejemplo, incriminando a defensores de derechos humanos al tomar sus actividades legítimas como ilegales.

En junio, alrededor de 50 expertos en derechos humanos de la ONU también pidieron «medidas decisivas para proteger las libertades fundamentales en China». A pesar de las numerosas solicitudes, dijeron que el régimen chino solo ha permitido cinco visitas de expertos externos durante la última década y desestimó sus preocupaciones.

Una niña se une a los manifestantes en Piccadilly Gardens mostrando su apoyo a los activistas prodemocracia de Hong Kong en Manchester, Inglaterra, el 31 de agosto de 2020 (Christopher Furlong / Getty Images).

En la carta del miércoles, las organizaciones expresaron «consternación por los esfuerzos de Beijing por distorsionar el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU [ACNUDH] promoviendo la ‘cooperación’ sobre la rendición de cuentas».

El régimen, utilizando su asiento en el panel de cinco miembros, ha protegido del enjuiciamiento a violadores de derechos humanos peligrosos, ha negado «sin fundamento» la acreditación de la ONU a organizaciones no gubernamentales y ha prohibido a activistas de derechos humanos acceder a las instalaciones de la ONU, dijeron.

Un funcionario de la ONU dijo anteriormente a Human Rights Watch que China es «uno de los pocos países que (…) presionó muy duro para tratar de limitar la participación de ciertas ONG» al describirlas como terroristas. Los delegados chinos han interrumpido a activistas como la cantante hongkonesa Denise Ho, durante sus testimonios ante organismos de la ONU.

El “creciente coro de voces” debería impulsar a la ONU a actuar y poner fin a la impunidad de Beijing por las amplias violaciones de derechos humanos, dijo John Fisher, director de Human Rights Watch en Ginebra.

“Un Estado que trata de mantenerse por encima de cualquier tipo de escrutinio presenta una amenaza fundamental para los derechos humanos”, escribieron los grupos en la carta conjunta.

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