Más de 50 supuestos miembros de pandillas han sido capturados en el contexto de un cerco de seguridad, amparado en un régimen de excepción, establecido en el departamento de Cabañas (norte) para arrestar a remanentes de maras, según informó a EFE este lunes una portavoz de la Presidencia salvadoreña.
Al menos 8000 miembros de las fuerzas de Seguridad fueron desplegados el pasado 1 de agosto en Cabañas, ubicado a más de 80 kilómetros de la capital San Salvador, para la búsqueda de pandilleros que habrían huido de la ciudad a zonas rurales para evitar ser capturados.
Con lo anterior, dicho departamento, que es el que menos municipios tiene -nueve en total-, se convierte en el primero en ser «cercado» en su totalidad.
La fuente indicó que entre el 1 de agosto y las 06.00 hora local (12.00 GMT) de este lunes se contabilizan 52 detenidos -todos supuestos miembros de pandillas- y que se han decomisado 19 armas, 2 escopetas, una granada y un arma artesanal.
Se desconoce si las personas capturadas serán presentadas a la prensa.
En el contexto del régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 como una estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, se han militarizado dos municipios -en el centro y norte del país- y tres comunidades de San Salvador.
Durante la medida de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales y que ha sido catalogada de violar derechos humanos, han sido capturadas más de 71,000 personas señaladas de ser pandilleros.
De los más de 1100 kilómetros cuadrados que conforman Cabañas, unos 1099 son de zona rural y los restantes -3.6 kilómetros- son de zona urbana.
Los operativos de búsqueda se han centrado en las zonas rurales del departamento, donde, de acuerdo con las autoridades, están «escondidos» miembros de «células» de maras que han «huido» a estos lugares para evitar ser capturados o buscar salir del país.
La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés) señaló recientemente que «es alarmante que el régimen de emergencia (excepción) se haya convertido en una política de seguridad ciudadana permanente y sin control» en El Salvador.
Recordó que organizaciones de la sociedad civil han documentado graves abusos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, procesos penales sin las garantías del debido proceso y aproximadamente 153 muertes bajo custodia estatal, según citó.
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