Más de una decena de organizaciones presentaron querellas y denuncias al Tribunal Supremo de Justicia debido a la presunta ausencia de respuesta del Gobierno central de España y el Gobierno autonómico de Valencia frente a las graves inundaciones provocadas por la dana que golpeó Valencia el 29 de octubre.
En una actualización del 15 de noviembre, el Gobierno informó que hasta ahora hay 224 víctimas mortales, 16 desaparecidos y 78 municipios afectados en Valencia, Castilla La-Mancha y Andalucía.
Manos Limpias, Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción, Movimiento para la Regeneración de España, Hazte Oír, Iustitia Europa, La Confederación General del Trabajo (CGT), la asociación Liberum y dos particulares más, están entre las organizaciones que piden al gobierno asumir responsabilidades por la tragedia.
Hoy, 15 de noviembre, la organización Hazte Oír presentó dos acciones judiciales contra la Confederación Hidrográfica del Júcar y la delegada del Gobierno en Valencia.
La Confederación Hidrográfica tiene la función de elaborar el plan hidrográfico de la cuenca, así como de llevar a cabo su seguimiento y revisión. También administra y controla el dominio público hidráulico.
Según la web oficial del órgano adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, otra de sus funciones es administrar y controlar el aprovechamiento de interés general o que afecte a más de una comunidad autónoma.
A través de un comunicado publicado en la red social X, la organización explica que la primera querella se centra en señalar las fallas en la previsión y gestión de los caudales fluviales.
#Urgente ???????? NOTA DE PRENSA – Hazte Oír presenta las dos primeras querellas relacionadas con la catástrofe de Valencia.
La asociación ciudadana presenta las acciones judiciales contra la Confederación Hidrográfica del Júcar y contra la Delegada del Gobierno en Valencia. pic.twitter.com/i2zcinUBqe
— HazteOir.org (@hazteoir) November 15, 2024
La segunda querella está dirigida contra la Delegada del Gobierno en Valencia, en la cual se señala la “posible inacción y falta de coordinación en la activación de recursos de emergencia, lo que habría empeorado la catástrofe”.
En la misiva, el abogado de la organización, Javier María Pérez Roldán, escribió. “Esta catástrofe dejó al descubierto aparentes diferencias en la gestión de los recursos hídricos y en la coordinación de los dispositivos de emergencia”.
Por otro lado, el pasado 11 de noviembre, Europa Press informó que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) registró una querella por parte del movimiento político ciudadano, Iustitia Europa contra el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón.
VALENCIA DESDE EL AIRE, HOY.@LMPardoAbogado está en Valencia para ratificar la querella interpuesta contra Mazón.
Iustitia Europa exige justicia por las nefastas gestiones de la GOTA FRÍA.
Los ciudadanos reclaman ser escuchados. La sociedad esta hartahttps://t.co/Kwn5ivoO1m
— IUSTITIA EUROPA (@IustitiaEuropa) November 14, 2024
Según Iuistitia Europa la querella se presentó por “prevaricación omisiva, omisión del deber de socorro y homicidio por imprudencia grave”. También acusan a Mazón de «abandono absoluto» ante la gestión de la DANA y considera lo acontecido como una «cadena de fallos y omisiones flagrantes”.
Sostiene además que Mazón, “ignoró la gravedad de la DANA y las posibilidades existentes de preparar la emergencia a través del Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana (Patricova), un protocolo diseñado para actuar en catástrofes de esta magnitud”, según informó Europa Press.
La primera denuncia que se registró ante el Juzgado de Guardia de Valencia fue la del Colectivo de Funcionarios Públicos, Manos Limpias en contra de la directora de la Agencia Estatal de Meteorología Aemet, Maria José Rallo del Olmo, así como el responsable de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Javier Montoro Hernández.
El colectivo interpuso la denuncia por los presuntos delitos de homicidio imprudente, imprudencia grave de lesiones y daños por imprudencia.
La semana pasada, el líder del partido político VOX, Santiago Abascal, dio a conocer que interpondrían una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y otros miembros de su gabinete como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles y la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera.
Abascal asegura que declarar la emergencia nacional “no era una opción, era un deber inexcusable e ineludible y, de manera consciente, no lo hicieron». «Ahora tendrán que pagar por ello», informó EFE.
El reconocido abogado valenciano Curro Nicolau, presentó también un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) por lo que denomina como una «clara inactividad» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, frente a la «catástrofe» de la DANA, de acuerdo con Europa Press.
Nicolau amplió su recurso para dirigirse contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a través de su presidente, Miguel Polo, y contra el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
«Resulta evidente que todos ellos tenían competencias concurrentes en la gestión de la crisis hidrológica tanto previamente como posteriormente”, señala el abogado.
«Resulta palmaria en este sentido la absoluta descoordinación con los órganos autonómicos de la Generalidad Valenciana, en la medida que no se ha podido determinar la solución de responsabilidades en las alertas a la población, lo que también debe llegar a considerar su enjuiciamiento», añadió en el escrito.
Frente a las actuaciones de las asociaciones y de los partidos políticos en la vía penal y Contencioso-Administrativa, el Tribunal Supremo podría remitir las querellas a la fiscalía para recabar el correspondiente informe antes de decidir su admisión a trámite.
Sin embargo, fuentes del alto tribunal declararon al medio de comunicación el Levante qué dicha opción no parece ser probable, pues considera que la mayoría de ellas se basan en noticias publicadas y para considerar que existen indicios de la Comisión de delitos se necesita mucho más que eso.
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