Más del 64 por ciento de las muertes por COVID-19 (virus del PCCh) ocurrieron en entornos de atención médica entre mayo y agosto, según un informe reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Entre el 1° de mayo y el 31 de agosto, el Sistema Nacional de Estadísticas Vitales (NVSS) registró un total de 114,411 muertes por el virus del PCCh, y el 64,3 por ciento de estas muertes ocurrieron en un entorno de atención médica para pacientes hospitalizados, que incluyen hogares de ancianos.
El informe se produce cuando una nueva investigación muestra que el 78,2 por ciento de las personas que han muerto por el virus del PCCh tenían más de 65 años.
Varios estados tenían políticas según las cuales los hogares de ancianos no podían negarse a admitir pacientes, independientemente de si habían dado positivo por COVID-19 o no.
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York emitió una orden en marzo (pdf) que decía: «A ningún residente se le negará la readmisión o admisión a un asilo de ancianos basándose únicamente en un diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID-19».
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, emitió una orden ejecutiva el 10 de mayo que impedía que los hospitales enviaran pacientes infectados a hogares de ancianos, pero continuó con la norma que prohibía que se les impidiera a los ancianos ingresar a hogares geriátricos.
Sin embargo, a pesar de la orden ejecutiva de Cuomo, que establecía que los hospitales están obligados a mantener a los pacientes mayores con COVID-19 hasta que se confirme una prueba negativa o trasladarlos a otra instalación estatal que no sea un asilo de ancianos, la orden original de marzo sigue en pie y los hogares de ancianos todavía están restringidos por el mandato de no negar a los solicitantes la admisión basándose en los resultados de las pruebas.
«La pandemia de COVID-19 en curso ha afectado de manera desproporcionada a los ancianos, especialmente a los que viven en hogares de ancianos y en otras instalaciones de atención a largo plazo», escribieron los republicanos de la Cámara de Representantes en una carta (pdf) dirigida a Josh Shapiro, el fiscal general de Pensilvania, el 25 de junio.
«Casi lo peor que se puede hacer es introducir el coronavirus a sabiendas en las poblaciones más vulnerables, pero eso es exactamente lo que hicieron varios estados al exigir que los hogares de ancianos aceptaran pacientes infectados», dijo en una declaración Jackie Walorski (R-Ind.), miembro del subcomité selecto, Coronavirus Crisi. «Estas políticas equivocadas merecen un escrutinio minucioso, y los líderes que las implementaron tienen muchas preguntas difíciles que responder».
Blaine Luetkemeyer (R-Mo.) dijo que las acciones que ciertos gobernadores habían tomado para emitir órdenes ejecutivas, que tenían el objetivo de no permitir que los hogares de ancianos rechazaran a los pacientes con COVID-19, eran irresponsables.
“A medida que el resto de la nación practicaba el distanciamiento social y actuaba con cautela para frenar la propagación del virus, algunos gobernadores obligaron a los pacientes con COVID-19, no examinados o potencialmente contagiosos, a ser readmitidos en hogares de ancianos e instalaciones de atención a largo plazo, poniendo en peligro la vida del personal y de un grupo de estadounidenses extremadamente vulnerable”, dijo.
Ivan Pentchoukov contribuyó a este artículo.
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