Un número creciente de estados están aprobando leyes que prohíben la inculcación de la cuasi-marxista teoría crítica de la raza (CRT) en las escuelas y otras instituciones gubernamentales en respuesta a la creciente oposición a la ideología.
Los gobernadores de Tennessee, Idaho, Arkansas, y Oklahoma ya han firmado proyectos de ley anti-CRT. En Texas, Arizona e Iowa, proyectos de ley similares están esperando la firma de sus gobernadores.
Carolina del Norte y Utah han aprobado proyectos de ley anti-CRT en una cámara legislativa hasta ahora. Los legisladores en varios estados más propusieron tales proyectos de ley, pero no han tenido mucho éxito para aprobarlos.
La CRT redefine la historia humana como una lucha entre los «opresores» (gente blanca) y los «oprimidos» (todos los demás), de manera similar a la reducción del marxismo de la historia a una lucha entre el «burgués» y el «proletariado». Etiqueta a las instituciones que surgieron en las sociedades de mayoría blanca como racistas y de “supremasía blanca”.
Ha proliferado gradualmente en las últimas décadas desde la academia hasta las estructuras gubernamentales, los sistemas escolares y el mundo empresarial.
Los defensores de la CRT han argumentado que la teoría está «demostrando cuán generalizado es realmente el racismo sistémico».
Los opositores dicen que el argumento de la teoría sobre el racismo sistémico está plagado de falacias e incluye elementos totalitarios de coerción y supresión de la disidencia.
Algunos de los proyectos de ley tienen como objetivo mantener la CRT fuera de las aulas, algunos se limitan a prohibir la capacitación sobre CRT a los trabajadores del gobierno.
Los proyectos de ley no mencionan la CRT específicamente, pero se centran en sus principios, como la prohibición de inculcar «conceptos divisivos» que afirman, por ejemplo, que «un individuo, en virtud de su raza o sexo, es inherentemente racista, sexista , u opresivo, ya sea consciente o inconscientemente ”y que“ un individuo, en virtud de su raza o sexo, es responsable de las acciones cometidas en el pasado por otros miembros de la misma raza o sexo”.
Los proyectos de ley generalmente incluyen una cláusula que deja en claro que los maestros son libres de hablar sobre la CRT o temas relacionados siempre que no respalden tales «conceptos divisivos».
Algunos gobernadores, como Ron DeSantis en Florida y Kristi Noem en Dakota del Sur, no han recibido una prohibición de la CRT para aprobarla, pero han tomado otras acciones contra la CRT. Florida está trabajando en un nuevo plan de estudios de educación cívica que excluirá explícitamente a la CRT. Parece que el estado también está considerando que sus reglas antidiscriminación existentes son aplicables contra la CRT.
La administración Biden está presionando en la dirección opuesta. El Departamento de Educación delineó nuevos criterios de prioridad el mes pasado para una subvención de USD 5.3 millones de Educación Cívica e Historia Estadounidense, así como materiales ejemplares para educadores del K-12. El departamento citó el “Proyecto 1619” y la “idea antirracista” de Ibram X. Kendi, ambas respaldadas por la CRT, como ejemplos destacados del tipo de contenido que quiere promover en las aulas de historia y educación cívica de todo el país.
La oferta de subvención fue parte de la razón por la que el representante de Tennessee John Ragan presentó el proyecto de ley anti-CRT del estado como un «ataque preventivo», dijo a The Epoch Times.
Su otra razón fue una serie de «quejas de electores en todo el estado», dijo.
Muchos padres se enteraron por primera vez sobre la CRT cuando las escuelas cambiaron a la enseñanza virtual en respuesta a la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino) el año pasado y los padres tuvieron la oportunidad de ver lo que estaban aprendiendo sus hijos. Mientras tanto, un número creciente de maestros y otro personal escolar han denunciado la proliferación de la CRT en sus escuelas.
El lenguaje del proyecto de ley de Ragan se inspiró en la orden ejecutiva emitida el año pasado por el presidente Donald Trump que prohibía a las agencias federales, contratistas, subcontratistas, y beneficiarios instruir a sus empleados a seguir los principios de la CRT. Desde entonces, el presidente Joe Biden anuló la orden.
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