BOSTON— El senado de Massachusetts, dominado por los demócratas, tras mantener un extenso debate sobre las formas de lidiar con el flujo de inmigrantes ilegales, aprobó un proyecto de ley a última hora del jueves que establece un límite nueve meses para los beneficiados en las estancias del refugio. Sin embargo, algunos republicanos dicen que la medida no tiene sentido, ya que incluye varias disposiciones para eludir el límite.
«No es más que un proyecto de ley para sentirse bien, ya que, con la cantidad de lagunas jurídicas que incluye, en realidad no hace absolutamente nada para limitar el tiempo que los inmigrantes permanecen en los refugios», declaró el senador republicano Peter Durant, a The Epoch Times.
Antes de la aprobación de la ley, el Sr. Durant y otros republicanos presentaron varias enmiendas para eliminar algunos de los vacíos legales, que fueron rápidamente rechazadas por los demócratas. El proyecto de ley pide la eliminación de una exención general del límite de nueve meses para una «condición médica documentada».
«Eso podría ser cualquier cosa», declaró el Sr. Duran.
Otra exención que él considera demasiado abierta es la exención del límite para los no ciudadanos que «muestren progresos» en la búsqueda de empleo. «¿Significa eso de que he rellenado una solicitud?», indicó el legislador.
Los demócratas incluso rechazaron una enmienda propuesta por el líder de la minoría republicana en el Senado, Bruce Tarr, para suspender los beneficios a los inmigrantes ilegales que hayan sido condenados previamente por un delito grave.
Una enmienda presentada por los demócratas que pedía que los refugios en Massachusetts se ubicasen en zonas «geográficamente diversas» del estado también fue rechazada, al igual que un llamado a celebrar reuniones comunitarias antes de establecer un refugio para inmigrantes ilegales en un barrio.
El senador demócrata, Michael Moore, que presentó la enmienda, citó la reciente controversia suscitada cuando la gobernadora Maura Healey, también demócrata, anunció sin avisar a la comunidad que su administración iba a reconvertir un edificio de propiedad estatal, que albergaba un popular centro recreativo del histórico barrio negro de Roxbury, en Boston, en un refugio para inmigrantes ilegales.
El Senado aprobó una enmienda para elaborar un plan de seguridad en los centros de acogida financiados por el Estado.
Aunque no se debatió el incidente, la enmienda se produjo tras la violación de una chica de 15 años presuntamente a manos de un inmigrante ilegal alojado por el Estado en un hotel de Massachusetts.
Tras la agresión, la gobernadora Healey fue objeto de críticas a nivel nacional cuando, durante una entrevista con Boston 25 News, pareció restar importancia a la violación de la chica, diciendo que «es lamentable que, de vez en cuando, ocurran cosas».
Un día después, los representantes Jim Jordan (R-Ohio), presidente del Comité Judicial, y Tom McClintock (R-Calif.), presidente del Subcomité, iniciaron una investigación federal sobre Cory Alvarez, de 26 años, el inmigrante ilegal que presuntamente violó a la niña.
La Sra. Healey citó la ley estatal sobre el derecho al refugio como la razón por la que Massachusetts está tan inundada de inmigrantes ilegales. Los republicanos han argumentado que la ley, aprobada en 1973, estaba destinada únicamente a los ciudadanos estadounidenses.
Los republicanos, entre ellos Tarr y Durant, pidieron que se añada una cláusula de ciudadanía a la ley, que tiene medio siglo de antigüedad, pero hasta ahora la falta de apoyo de los demócratas ha impedido que se tomen medidas concretas al respecto.
La Sra. Healey nunca se ha referido a la propuesta, pero ha declarado públicamente en repetidas ocasiones que los más de 7500 inmigrantes ilegales alojados por el Estado en Massachusetts viven «legalmente» en el Estado.
El tope de nueve meses fue aprobado por el Senado como parte de un proyecto de ley de gastos que otorga a la Sra. Healey otros 25 millones de dólares de los contribuyentes a los ya 277 millones de dólares que su administración ha gastado en proporcionar vivienda, alimentos, atención médica y otros suministros a dichos inmigrantes ilegales solo en el último año.
El proyecto de ley también permitirá a la Sra. Healey que el estado aproveche 825 millones de dólares de fondos de garantía bloqueados, para pagar para ellos los refugios de emergencia adicionales.
Algunos demócratas calificaron de «insostenible» la cantidad de dinero que se gasta en los inmigrantes ilegales en Massachusetts, pero luego votaron a favor del proyecto de ley.
«Todos sabemos que es insostenible», dijo la senadora estatal demócrata Rebecca Rausch, que estuvo entre los 32 que votaron a favor.
De los ocho que votaron en contra, cuatro eran demócratas que se unieron a la oposición.
La aprobación del proyecto de ley en Massachusetts se produjo mientras los legisladores del vecino New Hampshire avanzan proyectos de ley que prohíben a cualquier organismo estatal o municipal adoptar políticas de santuario e interferir en la aplicación de las leyes de inmigración. Los republicanos de New Hampshire también presentaron un proyecto de ley que invalida cualquier permiso de conducir expedido a los no ciudadanos en el estado.
Durante el debate en el pleno sobre el proyecto de ley de refugios para inmigrantes de Massachusetts, tanto republicanos como demócratas culparon a los legisladores federales del elevado número de inmigrantes ilegales que llegan al estado.
El senador demócrata John Velis apuntó en contra de los republicanos por haber rechazado recientemente un proyecto de ley bipartidista del Senado sobre la frontera que, según sus proponentes, agilizaría la tramitación de permisos de trabajo para inmigrantes ilegales e identificaría mejor a los que deberían ser deportados.
«Ellos nos han dejado con un proyecto de ley, nos han dejado a nuestra suerte», dijo el Sr. Velis. «Yo creo que es una vergüenza desgracia, una vergüenza absoluta, la renuncia a su autoridad y mirar a sus socios en el gobierno luchando con esto y viendo el impacto que está teniendo en esta Mancomunidad y múltiples otras jurisdicciones en todo el país».
El Sr. Tarr dijo que el gobierno de Healey ya ha perdido una gran oportunidad para frenar la población de inmigrantes ilegales al exceder la capacidad del propio estado de 7500 personas en el número que se supone se albergaría.
Él propuso que, como mínimo, que a las agencias de reasentamiento, el estado deje de pagar servicios a los ilegales por encima de la capacidad del estado.
Hay una frase que se cita a menudo en política: «Cuando te encuentres en un agujero, deja de cavar»», dijo el Sr. Tarr.
La aprobación del proyecto de ley del Senado sigue a la aprobación por la Cámara de un proyecto similar a principios de este mes.
Ambos proyectos de ley se modificaron para incluir prórrogas automáticas del refugio para inmigrantes embarazadas, el período posparto tras el parto y cualquier persona considerada discapacitada.
Un día antes de la votación en el Senado, la Sra. Healey declaró a la emisora de radio de Boston WBUR que estaba a favor de limitar la estancia de los inmigrantes en los centros de acogida estatales, pero no quiso decir si estaba de acuerdo en que nueve meses era el plazo adecuado.
«Estas personas, si ustedes han visto las noticias, lo que está pasando en Haití, están huyendo de situaciones desesperadas, y vienen aquí en busca de una vida mejor para su familia», dijo la gobernadora.
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