El exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Donald Trump, Mark Meadows, está apelando la negativa de un juez federal a escuchar los cargos estatales de crimen organizado en su contra en una corte federal.
La apelación se produjo después de que el expresidente Donald Trump, el Sr. Meadows y 17 coacusados fueran imputados por un gran jurado estatal en el condado de Fulton, Georgia, el 14 de agosto, sobre el desafío del exjefe del Ejecutivo a las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, una demócrata, que inició la acusación de crimen organizado, quiere juzgar a todos los coacusados juntos en una corte estatal, pero un juez estatal ordenó que uno de los coacusados tenga su juicio el 23 de octubre.
El Sr. Meadows y todos los acusados en el caso recibieron cargos por violar la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión o Crimen Organizado) de Georgia desde el 4 de noviembre de 2020, el día después de las elecciones presidenciales de 2020, hasta el 15 de septiembre de 2022. La imputación establece que los acusados «conspiraron ilegalmente y se esforzaron por dirigir y participar, directa e indirectamente, en dicha empresa [ilegal] a través de un patrón de actividad de crimen organizado».
El Sr. Meadows argumenta que era inmune a la acusación estatal en virtud de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE. UU., que eleva la ley federal sobre la ley estatal. En otras palabras, el Sr. Meadows afirma que no puede ser procesado en una corte estatal porque lo que hizo, lo hizo en su capacidad oficial como funcionario federal, y tenía defensas federales a su disposición.
Varios coacusados también presentaron notificaciones de traslado del proceso ante el mismo juez federal. El propio presidente Trump presentó una notificación ante la corte el 7 de septiembre, indicando que él también podría solicitar el traslado a una corte federal.
La última decisión del juez federal, Steve C. Jones, del Distrito Norte de Georgia, podría sugerir que tampoco está dispuesto a conceder las otras peticiones de traslado.
El caso ha sido seguido de cerca porque esta es la primera vez este año que se han presentado argumentos de fondo ante la corte, entre cualquiera de los cuatro casos penales que se han presentado en contra el presidente Trump y sus coacusados.
Algunos comparan la moción para el llamado traslado a la corte federal con un mini juicio para el presidente Trump y sus coacusados y especulan que el tratamiento que el Sr. Meadows reciba en la corte federal será un indicador de cómo procederán los diversos procesos relacionados con Trump.
La nueva notificación de apelación del Sr. Meadows dirigida a la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 11º Circuito, fue registrada la noche del 8 de septiembre, apenas unas horas después de que el juez Jones devolviera el caso a la Corte Superior del Condado de Fulton, en Atlanta, por carecer de jurisdicción en la materia. El juez Jones fue nombrado en 2011 por el presidente Barack Obama, un demócrata.
La notificación no expone los argumentos del Sr. Meadows en la apelación.
La Corte de Apelaciones del 11º Circuito tiene fama de ser una corte conservadora. Las solicitudes de emergencia derivadas de las decisiones de la corte de circuito se dirigen al juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, el principal conservador que lidera la corte, que supervisa el 11º Circuito.
En una orden de 49 páginas, el juez Jones escribió que estaba abordando la «cuestión relativamente estrecha» de si el Sr. Meadows había «llevado su tarea de demostrar que la remoción del proceso penal del estado de Georgia contra él es apropiada bajo el estatuto federal de remoción de funcionarios».
«Tras considerar los argumentos y las pruebas, la Corte concluye que Meadows no ha cumplido con su tarea. Por lo tanto, la Corte declina asumir la jurisdicción sobre el enjuiciamiento penal del estado contra Meadows (…) y devuelve el caso a la Corte Superior del Condado de Fulton».
La decisión se produjo después de que el juez pidiera a la defensa y a los fiscales del estado que presentaran un informe posterior a la audiencia en el que se plantease si se podría llevar el caso ante una corte federal en caso de que considerase que un solo acto manifiesto cometido por el Sr. Meadows estaba protegido por la ley federal. En la imputación se atribuyen al Sr. Meadows ocho actos manifiestos.
En su sentencia, el juez Jones escribió que algunos de los actos manifiestos de los que se acusa al Sr. Meadows en la imputación estaban dentro del ámbito de sus funciones como funcionario federal, pero otros actos no lo estaban.
«Sin embargo, dado que la investigación gira en torno a si la asociación de Meadows con la conspiración estaba relacionada con la asignación de su cargo, la jurisdicción no se confiere simplemente porque un único acto manifiesto esté relacionado con el cargo federal de Meadows. Después de todo, la imputación alega una serie de actos asociativos que abarcan más de un año, y los actos manifiestos atribuidos a Meadows abarcan tres meses», escribió el juez.
«Sin duda, durante ese tiempo Meadows realizó acciones para o relacionadas con la asignación de su cargo. Pero la investigación relevante es qué actividades van [al] corazón de la participación de Meadows en la empresa y si esas actividades se relacionan con el ámbito de su cargo federal. Si no es así, entonces Meadows no puede satisfacer su tarea de establecer la jurisdicción en razón de la materia en virtud del estatuto de destitución de funcionarios federales», escribió el juez.
La corte encontró que las «actividades políticas» del Sr. Meadows, como «trabajar con o trabajar para la campaña de Trump» excedieron «los límites exteriores de la Oficina del Jefe de Gabinete de la Casa Blanca».
El juez Jones también parecía preocupado de que «cuando se le preguntó sobre el alcance de su autoridad, Meadows fue incapaz de explicar los límites de su autoridad».
Debido a que los «procedimientos que los estados utilizan para llevar a cabo las elecciones y garantizar los resultados no forman parte de la función o el poder del poder ejecutivo (…) Meadows no puede haber actuado en su papel de funcionario federal con respecto a cualquier esfuerzo para influir, interferir, perturbar, supervisar o cambiar las elecciones estatales: esas actividades se delegan expresamente a los estados».
Los fiscales se han centrado en lo que se dijo en una conversación telefónica del 2 de enero de 2021 entre el presidente Trump y el secretario de Estado de Georgia, en la que ellos discutieron, entre otras cosas, el recuento de votos en el estado y qué opciones tenían los dos funcionarios a su disposición. Los fiscales dicen que el presidente Trump y otros intentaron ilegalmente interferir en el proceso electoral, una acusación que él niega rotundamente.
El juez Jones consideró que la llamada telefónica, en la que el Sr. Meadows tuvo un papel, «se hizo en relación con un litigio privado presentado por [el] presidente y su campaña contra el estado de Georgia. Por lo tanto, estaba fuera de la función federal de Meadows como funcionario del poder ejecutivo».
El juez concluyó que no había «pruebas suficientes para establecer que el gravamen, o una gran mayoría de los actos manifiestos alegados contra Meadows estuvieran relacionados con su papel como Jefe de Gabinete de la Casa Blanca».
«El estado ha presentado pruebas de que en varios momentos, durante el tiempo de la supuesta conspiración, Meadows trabajó con la campaña de Trump, lo que admitió que estaba fuera del papel de Jefe de Gabinete de la Casa Blanca».
The Epoch Times se puso en contacto con el abogado principal de Meadows para este caso, George J. Terwilliger III, que trabaja para el bufete de abogados McGuire Woods en Washington, pero no ha recibido respuesta hasta el momento de la publicación.
The Epoch Times también pidió comentarios a la oficina de la fiscal Willis. El fiscal adjunto de la división de relaciones con los medios, Jeff DiSantis, no respondió al cierre de esta edición.
Pero el profesor de derecho, Jonathan Turley, escribió en X que, si bien el juez Jones se enfrentó a «una pregunta difícil con jurisprudencia limitada, creo que la corte se equivoca al afirmar que Meadows no presentó una demanda plausible sobre algunas de estas cuestiones».
«Hay una amplia base para cuestionar la interpretación de la corte sobre la norma aplicada a este caso», escribió el Sr. Turley.
«Mi problema es que el Jefe de Gabinete es una especie de «gato de todos los oficios», con una amplia cartera que va desde la programación hasta la investigación de hechos y el cabildeo (…) Dada la amplia gama de actos y comentarios cubiertos en este amplio caso de crimen organizado, me resulta difícil desestimarlos en su totalidad para su posible remoción».
La orden del juez Jones también se produjo después de que el juez celebrara una audiencia el 28 de agosto en la que escuchó varias horas de declaraciones de testigos, entre ellos el Sr. Meadows y el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger.
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