El exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, pidió a un juez federal que suspenda temporalmente una orden que devuelve a la corte estatal un proceso en su contra de Georgia por crimen organizado mientras él apela ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el 11º Circuito.
Los abogados del exasistente de Trump están preocupados de que debido a que los fiscales estatales del caso esperan ir a juicio a contar del próximo mes, el Sr. Meadows podría terminar siendo condenado en una corte estatal antes de que sus apelaciones federales hayan terminado.
En la nueva moción de emergencia presentada el 11 de septiembre, los abogados del Sr. Meadows indicaron que si no se pone la orden de prisión preventiva en espera, esto perjudicará a su defendido en el proceso penal en curso.
El juez federal Steve C. Jones, del Distrito Norte de Georgia, denegó la petición de Meadows de «remover» el caso y trasladarlo a la justicia federal, por lo que lo devolvió a la Corte Superior del Condado de Fulton, en Atlanta, al considerar que carecía de jurisdicción en la materia.
El juez Jones fue nombrado en 2011 por el presidente demócrata Barack Obama.
Varios codemandados en el caso también han presentado notificaciones de remoción y traslado ante el mismo juez federal.
El propio presidente Trump presentó una notificación ante la corte el 7 de septiembre, indicando que él también puede solicitar la remoción a la corte federal.
El juez Jones dio a los fiscales estatales hasta el 12 de septiembre al mediodía para responder a la nueva moción del Sr. Meadows.
El 8 de septiembre, Meadows presentó una notificación de apelación dirigida a la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, pocas horas después de que el juez Jones emitiera su orden de devolución.
El 11º Circuito tiene la reputación de ser una corte conservadora y algunos especulan que simpatizaría con el Sr. Meadows, quien argumenta que es inmune al enjuiciamiento estatal porque lo que hizo para ayudar a los esfuerzos del presidente Trump para impugnar las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, se hizo en su capacidad oficial como funcionario federal, y tenía defensas federales a su disposición.
Las solicitudes de emergencia derivadas de las decisiones de la corte de circuito se dirigirían al juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, el principal conservador de esa corte, que supervisa el 11º Circuito.
El Sr. Meadows, el expresidente Donald Trump y 17 coacusados fueron imputados por un gran jurado estatal en el condado de Fulton, Georgia, el 14 de agosto por la impugnación de las elecciones en Georgia por parte del ex jefe del Ejecutivo.
El señor Meadows y todos los acusados en el caso están acusados de violar la Ley RICO (Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Crimen Organizado) de Georgia desde el 4 de noviembre de 2020, que es el día después de las elecciones presidenciales, hasta el 15 de septiembre de 2022.
La imputación afirma que los acusados «conspiraron ilegalmente y se esforzaron por dirigir y participar, directa e indirectamente, en dicha empresa [ilegal] a través de un patrón de actividad de crimen organizado».
La fiscal de distrito del Condado de Fulton, el demócrata Fani Willis, que inició el proceso por crimen organizado, quiere juzgar a todos los coacusados desde el 23 de octubre.
Algunos expertos legales cuestionaron la necesidad de que el juicio proceda con tanta premura y dijeron que armar un caso de crimen organizado con un cronograma tan comprimido sería difícil tanto para la fiscalía como para la defensa.
«En ausencia de una suspensión, existe un riesgo sustancial de que el Sr. Meadows sufra daños irreparables», afirma la nueva moción.
«Él tiene derecho a apelar […] y una suspensión de la orden de reenvío es prudente ‘para ayudar a evitar que [este] caso removido se convierta en un volante, bateado de ida y vuelta entre una corte estatal y una corte federal'», afirma la moción, citando un precedente de 2021 del 1er Circuito.
La moción afirma que «el daño irreparable ya ha comenzado».
«Meadows se vio obligado a entregarse el miércoles 24 de agosto, después de que la fiscal del distrito rechazara un modesto aplazamiento de la detención a la espera de la remoción federal. Desde entonces, Meadows se ha visto obligado a renunciar a la comparecencia, a pagar una fianza y a empezar a preparar una defensa para un posible procesamiento estatal».
«Meadows ha tratado de minimizar este daño pidiendo a la corte estatal que separe y suspenda su caso».
La moción señala que la corte estatal «no ha revocado el agresivo cronograma del estado».
«Como mínimo, la corte debería suspender la orden de prisión preventiva para proteger a Meadows de una condena teniendo una apelación pendiente. En ausencia de una suspensión, el estado continuará buscando juzgar a Meadows a contar de 42 días desde ahora, el 23 de octubre de 2023».
«Si el estado se sale con la suya, Meadows podría verse obligado a ir a juicio —y podría ser condenado y encarcelado— antes de que se cumpla el plazo estándar para una apelación federal.
«Los derechos que Meadows afirma ‘quedarían efectivamente anulados’ si el proceso sigue adelante durante esta apelación», afirma el documento, citando precedentes del 5º Circuito y de la Corte Suprema.
El caso ha sido seguido de cerca porque esta es la primera vez que se han presentado argumentos sustantivos ante la corte entre cualquiera de los cuatro casos penales que se han presentado este año contra el presidente Trump y sus compañeros acusados.
Algunos comparan la moción del Sr. Meadows para su remoción y traslado a la corte federal con un mini juicio para el presidente Trump y sus coacusados y especulan que el tratamiento que el Sr. Meadows reciba en la corte federal será un indicador de cómo procederán los diversos juicios relacionados con Trump.
The Epoch Times pidió comentarios sobre la nueva moción a la oficina de la Sra. Willis. ¡El fiscal adjunto de la división de relaciones con los medios, Jeff DiSantis, no respondió al cierre de esta edición.
The Epoch Times también pidió comentarios al abogado principal de Meadows en el caso, George J. Terwilliger III, que trabaja para el bufete McGuire Woods de Washington, pero no ha recibido respuesta al momento de esta publicación.
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