Al hospital público de Leticia, capital del departamento colombiano del Amazonas (sur), llegó este lunes la renuncia colectiva de cerca de 30 médicos que reclaman medidas de protección sanitaria frente al virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como nuevo coronavirus, pandemia que deja cuatro contagiados en esa región.
«Por medio del presente y con el sentido de compromiso con la vida que enmarca nuestra profesión como médicos generales y médicos especialistas nos permitimos presentar nuestra renuncia masiva a la prestación del servicio de salud de la E.S.E Hospital San Rafael de Leticia», manifestaron los profesionales en una carta.
En el mismo documento, los médicos denunciaron que no existen garantías de bioseguridad para la prestación de los servicios de salud para el personal médico y tampoco «para los servicios de apoyo siendo un riesgo de contagio a nivel general».
Los profesionales de la salud advirtieron que tampoco cuentan con los insumos ni los equipos necesarios para la correcta y eficiente prestación de los servicios, pues algunos de los instrumentos que deben usar no tienen el debido mantenimiento o se encuentran en malas condiciones.
«No existe un consenso a nivel interno frente a las rutas de prestación de servicios para pacientes de COVID-19, lo cual genera caos y contaminación a áreas que no atienden este tipo de pacientes», aseguraron.
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Región alejada
Hasta la semana pasada, los ocho departamentos de la Amazonía y la Orinoquía colombiana, históricamente alejados de los centros de poder y del desarrollo, no registraban contagios por COVID-19.
Sin embargo, el pasado 17 de abril el Ministerio de Salud reportó el primer caso de COVID-19 en el Amazonas, cuya capital, Leticia, forma una triple frontera con Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa de Yavarí (Perú).
Desde entonces, se han confirmado tres casos más, y aunque la cifra no es comparable con la de lugares como Bogotá, que supera los 1.500 enfermos, las precarias condiciones de salud del departamento pueden poner en jaque a una de las poblaciones más vulnerables del país.
Por esa razón, los médicos que renunciaron hoy aseguraron que «no pueden ser partícipes de las decisiones arbitrarias y las no garantías al personal», y en cambio consideraron que deben procurar proteger sus vidas y la de los demás.
Los profesionales también denunciaron la falta de pagos y garantías de reconocimiento económico al riesgo biológico, así como el exceso de carga laboral.
«No existen garantías para la prestación de servicios ambulatorios e intrahospitalarios para los usuarios no COVID-19, y no podemos compartir la irresponsabilidad de exponer las vidas de los pacientes», agregaron.
A pesar de esa decisión, los médicos aclararon que, por compromiso con su profesión, están dispuestos a atender urgencias vitales que no estén relacionadas con el virus del PCCh.
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