LITTLE ROCK, Arkansas —Dos médicos testificaron el 17 de octubre en apoyo de los procedimientos de transexualidad para los niños como parte del día de apertura del primer litigio en un tribunal federal de la nación de una prohibición estatal de los tratamientos controvertidos.
Los adolescentes que se identifican como transgénero y que nacieron como mujeres a menudo parecen «felices» después de las mastectomías, ya que ven sus cuerpos mejor «alineados» con una identidad de género masculina, dijo la Dra. Deanna Adkins, una endocrinóloga pediátrica de Carolina del Norte que ha recomendado estas «cirugías de la parte superior» para algunos de sus pacientes.
En cambio, Adkins también ha visto lo que puede ocurrir cuando los jóvenes con problemas de género no reciben las intervenciones que buscan.
A Adkins se le quebró la voz cuando dijo: «Perdí a un paciente por suicidio porque (el paciente) no llegó a su segunda visita». Es entonces cuando el paciente habría empezado a recibir atención de «afirmación de género», dijo Adkins. Estos tratamientos pueden incluir bloqueadores de la pubertad, hormonas del sexo opuesto y cirugías.
Adkins fue uno de los dos médicos que testificaron el 17 de octubre en un tribunal federal de Arkansas, apoyando el intento de la Unión Americana de Libertades Civiles de invalidar la primera ley del país que prohíbe las intervenciones médicas en menores de edad.
El juez James Moody escuchará los testimonios hasta el 21 de octubre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en Little Rock. Luego, el caso entrará en receso hasta que se pueda programar la declaración de algunos testigos, dijo el juez.
La Ley SAFE en peligro
El caso gira en torno a la Ley para Salvar a los Adolescentes de la Experimentación (SAFE, por sus siglas en inglés). Esa ley, que los legisladores de Arkansas aprobaron en abril de 2021, ha quedado en suspenso a la espera del resultado de la impugnación de la ACLU.
El juicio, que muchos siguen de cerca, llega en un momento en que los «detransicionistas», personas que se arrepienten de haber usado hormonas y cirugías para cambiar sus cuerpos, se han hecho oír cada vez más.
Afirman que la euforia de los procedimientos puede desvanecerse, dejando cicatrices físicas y mentales duraderas y costes médicos de por vida.
Pero el Dr. Dan Karasic, psiquiatra californiano que testificó a favor de los demandantes, dijo que «no hay esta increíble explosión» de detransicionistas, hasta donde él puede ver. Cree que los reportes de los medios de comunicación sobre este fenómeno son exagerados.
Karasic y Adkins declararon que consideran que los procedimientos médicos de transición de género son seguros y eficaces para los menores cuando se administran tras una cuidadosa evaluación, algo que los demandados discuten.
Varios países europeos han restringido los fármacos de transición de género para los jóvenes porque faltan pruebas y aumentan las preocupaciones.
Sin embargo, los dos médicos que testificaron en contra de la Ley SAFE afirman que los jóvenes que sufren disforia de género, un diagnóstico de angustia persistente por la incongruencia de género, a menudo ven una mejora dramática en su angustia después de seguir estos tratamientos.
Karasic y Adkins han tratado a cientos de adolescentes por disforia de género; ninguno de los dos ha recomendado la cirugía de los genitales a menores de 18 años, y dicen que pocos médicos lo hacen. Karasic sabe de al menos un informe de un joven de 15 años que se sometió a una cirugía de los genitales.
La ACLU utilizó el testimonio de los dos médicos para rebatir las afirmaciones que los partidarios de la Ley SAFE han hecho en las actas judiciales y que se espera que repitan cuando comparezcan para testificar en directo.
Directrices
Karasic y Adkins dicen que creen que pocos médicos están haciendo lo que alegan los partidarios de la Ley SAFE: empujar a los pacientes jóvenes y a sus padres a seguir tratamientos médicos cada vez más intensos, con poca o ninguna evaluación y advertencias inadecuadas sobre los riesgos.
«No es una buena práctica» impulsar a los pacientes por un determinado camino en aras de una agenda, como se alega, dijo Karasic. «No es nuestro papel decirles quiénes deben ser», dijo.
Tanto él como Adkins describieron procesos detallados para identificar los problemas subyacentes que podrían afectar a los niños con disforia de género, como el autismo, la disfunción familiar, el abuso sexual, los traumas o los trastornos del comportamiento.
«Cada paciente recibe un plan de atención individualizado», dijo Adkins. Los bloqueadores de la pubertad se utilizan con bastante poca frecuencia en su práctica, que abarca 22 años e implica el tratamiento de todo tipo de problemas endocrinos en los niños.
También dijo que los planes de tratamiento de los pacientes cambian a medida que pasa el tiempo, no una consulta única, en sus prácticas médicas. Las situaciones de los pacientes cambian, y también lo hace la investigación, señalaron los médicos.
Desde que Adkins empezó a tratar a pacientes con disforia de género, ha tratado a unos 600 jóvenes de este tipo. Doce de esos pacientes fueron sometidos a bloqueadores de la pubertad; nueve siguen tomando los fármacos. Algunos pueden seguir tomándolos durante años, incluso hasta los 20 años, para evitar cambios no deseados en la apariencia de sus cuerpos.
Inconstitucionalidad
La demanda de la ACLU se presentó en nombre de cuatro jóvenes transexuales de entre 9 y 16 años, de sus familias y de dos médicos que proporcionan tratamiento a jóvenes con disforia de género en Arkansas.
Los legisladores del estado dicen que la Ley SAFE es solo el último ejemplo de que el estado cumple con su obligación de proteger a los menores. Si la ley entrara en vigor tal y como está redactada, cualquier médico que la infrinja podría enfrentarse a la disciplina profesional, y los menores que se sometieran a los procedimientos tendrían derecho a demandar durante 20 años después de cumplir los 18 años.
Pero la ACLU alega que la Ley SAFE es inconstitucional por tres razones.
Según la demanda, «discrimina por el sexo y por la condición de transgénero», y también interfiere en el derecho de los padres a tomar decisiones sobre la atención médica de sus hijos.
Por último, la ACLU sostiene que la Ley SAFE vulnera el derecho de los médicos a comunicarse con los pacientes en virtud de la Primera Enmienda, ya que prohibiría a los médicos remitir a los proveedores que pueden realizar los procedimientos.
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