Abogados de empresas de medios de comunicación se presentarán ante un juez federal en Florida el 18 de agosto para tratar de demostrar que debe hacerse público el principal documento que sustenta la orden de allanamiento del FBI que se ejecutó en una residencia del expresidente Donald Trump.
Los abogados representan a Associated Press, CNN, Miami Herald y otras empresas. Ellos se presentarán ante el juez federal Bruce Reinhart, quien aprobó la orden que se ejecutó el 8 de agosto en Mar-a-Lago, en Palm Beach.
Mientras que la propia orden y varios documentos relacionados, incluyendo un inventario incompleto de los artículos tomados de la residencia de Trump, fueron desclasificados a instancias del gobierno y de Trump, los abogados federales se oponen a la publicación de la declaración jurada que sustenta la orden, incluso teniendo partes tachadas.
Hacerlo, dijeron a Reinhart en una presentación legal reciente, «comprometería la integridad de esta investigación de seguridad nacional», que se centra en la posible violación de las leyes de defensa e información por parte de Trump.
«Si se divulga, la declaración jurada serviría como una hoja de ruta para la investigación en curso del gobierno, proporcionando detalles específicos sobre su dirección y curso probable, de una manera que es muy posible que comprometa los futuros pasos de la investigación», dijeron los abogados. «Además, la información sobre los testigos es particularmente sensible dada la naturaleza de alto perfil de este asunto con el riesgo de que la revelación de las identidades de los testigos afecte a su voluntad de cooperar con la investigación».
Incluso si se hiciera el tachado, el gobierno sigue oponiéndose a la publicación, alegando que los tachados necesarios serían «tan extensos como para hacer que el texto restante no clasificado carezca de contenido significativo y la publicación de tal versión editada no serviría a ningún interés público».
Respuestas
En una respuesta, las empresas de comunicación dijeron que ese argumento no es suficiente para superar la presunción de acceso público.
«La declaración jurada de causa probable debe hacerse pública con solo aquellos tachados que sean necesarias para proteger un interés imperioso articulado por el gobierno», dijeron a continuación.
El único acuerdo entre las partes hasta ahora es que los nombres de los fiscales deben quedar clasificados si la declaración jurada se hace pública, según la presentación.
En un escrito separado, los abogados de Judicial Watch —que presentó la primera moción para desclasificar el documento— dijeron que la oposición del gobierno «carece de cualquier equilibrio de los intereses en juego», teniendo en cuenta de que los abogados del gobierno en una presentación anterior dijeron que el asunto «claramente se refiere a los funcionarios públicos o a preocupaciones públicas ya que implica una operación policial llevada en la propiedad del 45º Presidente de los Estados Unidos».
«El argumento del gobierno para mantener clasificada la declaración jurada de la orden de allanamiento es poco más que la afirmación de que la declaración jurada debe permanecer clasificada por lo que el gobierno dice que es importante», añadieron.
Mantener clasificada la declaración jurada «no hará más que alimentar la especulación, la incertidumbre, las filtraciones y las intrigas políticas, y también servirá para socavar la confianza del público en una administración de justicia imparcial y en la protección equitativa de la ley», se afirma también en la respuesta. «Considerando la gravedad de esta acción sin precedentes del gobierno, como mínimo, la corte debería revisar la declaración jurada línea por línea para determinar qué información puede ser revelada y qué información puede ser tachada para equilibrar las preocupaciones competentes en el litigio».
Los abogados de Trump no han presentado ningún escrito en el caso. Un abogado del expresidente no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La audiencia se celebrará en persona en el tribunal federal de West Palm Beach. Solo las personas presentes en el lugar podrán ver la audiencia. No habrá transmisión de vídeo ni de audio.
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