Mientras los legisladores de California estudian una propuesta que cobraría tasas por el uso del periodismo a algunas empresas tecnológicas, el gigante de las redes sociales Meta afirma que bloqueará las noticias en sus plataformas si el proyecto se convierte en ley.
«Si se aprueba la Ley de Preservación del Periodismo, nos veremos obligados a eliminar noticias de Facebook e Instagram en lugar de pagar a un fondo que beneficia sobre todo a las grandes empresas de medios de comunicación de otros estados con el pretexto de ayudar a los editores de California», dijo un portavoz de Meta en un comunicado enviado por correo electrónico a The Epoch Times.
La compañía tecnológica dijo que se diferencia de Google porque el contenido de las plataformas Meta es publicado por los usuarios, mientras que los resultados de Google son generados por los motores de búsqueda.
Lo que está en juego es el Proyecto de Ley 886 de la Asamblea—escrito por la asambleísta Buffy Wicks y conocido como Ley de Preservación del Periodismo —que requeriría que las empresas tecnológicas más grandes (aquellas con al menos 50 millones de usuarios activos mensuales en Estados Unidos y al menos mil millones en todo el mundo o con ingresos superiores a 550,000 millones de dólares) que actualmente incluye sólo Meta y Google— paguen a los proveedores de noticias digitales por el contenido colocado en sus plataformas.
Meta indicó que las fuerzas del mercado que afectan al periodismo comenzaron mucho antes de que sus plataformas se popularizaran.
«El proyecto de ley no reconoce que los editores y los organismos de radiodifusión ponen su contenido en nuestra plataforma ellos mismos y que la consolidación sustancial en la industria de noticias locales de California ocurrió hace más de 15 años, mucho antes de que Facebook fuera ampliamente utilizado», dijo el portavoz de Meta.
Algunas empresas podrían verse incentivadas a inundar las redes sociales con sus noticias para generar más tarifas de uso, advirtió el gigante de las redes sociales.
«Es decepcionante que los legisladores de California parezcan estar priorizando los mejores intereses de las compañías de prensa nacionales e internacionales por encima de sus propios representados», afirmó el portavoz de Meta.
Los asesores legislativos reconocieron las críticas en sus análisis y dijeron que el autor debería considerar si los dos gigantes tecnológicos deberían recibir el mismo trato, dados sus diferentes modelos de negocio.
El proyecto de ley no especifica cuánto tendrían que pagar las empresas tecnológicas. En su lugar, las cantidades se fijarían mediante un proceso de arbitraje.
También se prohibiría a las empresas tecnológicas tomar represalias contra los proveedores de noticias que ejerzan su derecho a recibir tarifas de uso.
Las organizaciones de noticias que reciban pagos deberán reinvertir al menos el 70 por ciento de los ingresos en periodistas existentes o en mantener o ampliar sus operaciones de recopilación de noticias.
Según el texto del proyecto de ley, los ingresos por publicidad se han desplomado un 66% y la plantilla se ha reducido un 44% en la última década, por lo que el dinero está destinado a ayudar al periodismo a sobrevivir a los problemas económicos que han sufrido algunas salas de prensa.
«El periodismo desempeña un papel esencial en California y en las comunidades locales, y la capacidad de las organizaciones locales de noticias para seguir proporcionando a la población información fundamental sobre sus comunidades y permitir que los editores reciban el valor justo de mercado por su contenido que es utilizado por otros preservará y garantizará la sostenibilidad de los medios de noticias locales y diversos», dice el proyecto de ley.
Los pagos se consideran necesarios porque los periódicos benefician a las comunidades al ofrecer perspectivas sobre el gobierno, las empresas, la educación y los alrededores, según el proyecto de ley.
La autora destacó que California ha perdido más de 100 periódicos en los últimos 10 años y dijo que los dólares de publicidad que antes se habrían destinado a los proveedores de noticias ahora son absorbidos por las empresas tecnológicas.
«El proyecto de ley AB 886 será un salvavidas para los medios de comunicación, ya que devolverá parte de los ingresos procedentes de la publicidad a los medios impresos, digitales y de radiodifusión, que asumen todo el costo de recopilar e informar de las noticias, mientras que las plataformas tecnológicas no asumen ninguno», declaró Wicks en el análisis legislativo.
Uno de los patrocinadores del proyecto de ley se mostró de acuerdo y afirmó que la pérdida de ingresos publicitarios está perjudicando al sector.
«La AB 886 pone remedio a una injusticia publicitaria digital por la que las grandes tecnológicas agregan noticias locales para enriquecimiento de sus propios sitios sin asumir ninguno de los costos en que incurren los editores para emplear a periodistas locales y recopilar e informar de noticias vitales para sus comunidades», dijo en sus análisis legislativos la News Media Alliance—una asociación comercial con sede en Virginia que representa a más de 2000 periódicos de EE.UU. y Canadá.
«Es hora de que las grandes tecnológicas paguen el valor de mercado por el contenido que sustraen de los editores locales de noticias impresas, digitales y de radiodifusión».
Los opositores argumentan que el proyecto de ley podría limitar la libre circulación de la libertad de expresión y las ideas en Internet.
«La AB 886 tendrá la consecuencia no deseada de eliminar el acceso abierto a la información que ofrece actualmente nuestro ecosistema de Internet», afirma la Cámara de Progreso, una coalición del sector tecnológico, en su análisis legislativo.
«El libre intercambio de información e ideas es un aspecto fundamental de Internet, y cualquier intento de limitar el uso de links podría verse como una forma de censura o control sobre cómo se comparte la información».
Otros opositores afirmaron que el proyecto de ley y su cláusula de no represalia son potencialmente inconstitucionales y argumentaron que las empresas de capital riesgo —a las que culpan del declive del periodismo— serían las principales beneficiarias de la propuesta.
«Las plataformas cubiertas por esta ley siguen siendo partes privadas a las que no se puede obligar a difundir la libertad de expresión de los editores cubiertos», afirmó la Electronic Frontier Foundation en sus análisis legislativos.
«[Los capitalistas de riesgo] son los que dominarán las negociaciones con las plataformas tecnológicas» y «también serán los que recauden los pagos que ordena este proyecto de ley».
La AB 886 es similar a la Ley federal de Competencia y Preservación del Periodismo, pendiente en el Congreso y que cuenta con el apoyo y la oposición de muchas de los mismos grupos de interés.
Tras ser aprobada en la Asamblea por 55 votos a favor y 6 en contra, la AB 886 está ahora pendiente de audiencia en la Comisión Judicial del Senado.
Google no respondió a las solicitudes de comentarios en el plazo previsto.
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