El Gobierno de México declaró este lunes la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor ante la epidemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino) y alargó hasta el 30 de abril la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, a fin de mitigar su dispersión y contagio.
El virus del PCCh ha provocado hasta el 30 de marzo 1094 casos confirmados, 101 más que los 993 del domingo, y 28 defunciones, 8 más que la víspera, informaron las autoridades sanitarias.
El Consejo de Salubridad General, máxima autoridad sanitaria del país, decretó la emergencia al considerar al COVID-19 como una enfermedad grave y prioritaria en el país.
La Secretaría de Salud será la entidad responsable de tomar las medidas necesarias para atender la emergencia por el virus del PCCh, señaló la máxima autoridad sanitaria del país en su acuerdo, el cual estará vigente hasta el 30 de abril próximo.
La decisión del Consejo de Salubridad General supone la extensión de la suspensión que ya está vigente desde hace una semana y que en principio estaba previsto terminar el 19 de abril.
El Consejo tomó esta decisión a propuesta de la Secretaría de Salud, cuyo titular, Jorge Alcocer Varela, dijo que el Gobierno ha enfrentado desde hace tres meses y «con responsabilidad» el desafío del COVID-19 en el país.
A la sesión del Consejo de Salubridad asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que «la finalidad de esta suspensión es mitigar la dispersión y transmisión del coronavirus para disminuir la carga de enfermedad, complicaciones y muerte por COVID-19 en la población».
Agregó que la autoridad sanitaria ha subrayado la importancia de mantener la continuidad de las actividades esenciales, la primera de las cuales aplica al personal médico y sanitario.
«Garantizar la atención médica es necesario para atender la emergencia, tanto en lo público como lo privado», apuntó.
López-Gatell señaló como prioritaria la seguridad pública, la protección ciudadana, la defensa y la soberanía nacional, la procuración e impartición de justicia y la actividad legislativa en los niveles estatal y federal.
«Vemos un 60 % en la reducción de la movilidad, sin embargo vemos que todavía se debe reducir para no tener que lamentar los contagios en la fase 3; hoy hay que actuar», señaló el experto mexicano.
Las personas de más de 60 años y los que tienen enfermedades que pueden considerarse complicaciones, deberán tener un estricto resguardo domiciliario, por lo cual deberán ser sustituidos en sus funciones laborales.
Confirmó que una vez que se considere superada la emergencia sanitaria, las autoridades tomarán medidas para un regreso escalonado a las actividades laborales que será determinado por la Secretaría de Trabajo.
López Obrador anunció que prepara un plan de «reactivación de la economía» ante la crisis del COVID-19 que incluye la entrega de «un millón de créditos para pequeños negocios» y reforzar los programas de bienestar para lo que están adelantado el pago de dos bimestres de ayudas a los adultos mayores.
Los empresarios de México, a través de las dos principales patronales del país, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hace más de diez días que urgen al Ejecutivo a tomar medidas de gran calado para hacer frente a esta crisis económica.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un confinamiento en México reduciría un 29 % la producción económica del país.
Algunos expertos han pronosticado caídas del producto interno bruto (PIB) de México superiores al 5 % para 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia.
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