El gobierno de México está demandando a cinco vendedores de armas estadounidenses en los tribunales de Arizona, alegando que las empresas estadounidenses están participando ilegalmente en el tráfico de armas para los cárteles del país asolado por el crimen.
La nueva demanda se produce después de que el 30 de septiembre un juez federal de Massachusetts desestimara una demanda de 10,000 millones de dólares que México presentó contra los fabricantes de armas, entre ellos Smith & Wesson, en la que se alegaba que las empresas estadounidenses socavaban deliberadamente las draconianas leyes de armas de ese país al fabricar «armas de asalto de estilo militar» que iban a parar a los cárteles de la droga y a los delincuentes.
El juez de ese caso consideró que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) de 2005 «prohíbe inequívocamente las demandas en las que se pretenda responsabilizar a los fabricantes de armas de los actos de personas que utilicen las armas para su fin previsto». La PLCAA se promulgó para proteger a la industria de demandas frívolas presentadas contra empresas relacionadas con delitos que no han cometido.
México está apelando la desestimación, como reportó The Epoch Times.
Los críticos afirman que México se está aprovechando de las leyes estadounidenses en un esfuerzo por paralizar la industria de las armas de fuego en Estados Unidos y debilitar las protecciones de la Segunda Enmienda que disfrutan los estadounidenses.
La nueva acción legal (pdf), Estados Unidos Mexicanos contra Diamondback Shooting Sports Inc., expediente judicial 22-cv-00472, fue presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Tucson, Arizona. Aparte de Diamondback, los otros demandados son SNG Tactical LLC, Loan Prairie LLC haciendo negocios como The Hub, Ammo A-Z LLC, y Sprague’s Sports Inc.
El gobierno de México emitió un comunicado de prensa en el que afirma que los vendedores de armas con sede en Arizona «participan sistemáticamente en el tráfico de armas, incluyendo de tipo militar, para organizaciones criminales en México» al realizar «ventas a prestanombres (straw purchasers) y ventas que están dirigidas a traficantes de armas.
La demanda «es parte de una estrategia multifacética para detener la avalancha de armas a México, particularmente de asalto, que equipan a grupos delictivos y provocan derramamiento de sangre en el país».
Según México, las cinco tiendas a las que apunta son «vendedores de Arizona cuyas armas son recuperadas con mayor frecuencia en México».
«Los demandados optan por vender armas utilizando prácticas imprudentes e ilegales, a pesar de la previsibilidad -de hecho, la virtual certeza- de que con ello están ayudando a causar la violencia mortal de los cárteles a través de la frontera», señala la demanda legal. «Los demandados llevan a cabo estas acciones imprudentes e ilegales porque les hace ganar dinero. Esta demanda pretende hacerles rendir cuentas y hacer que dejen de hacerlo».
El comunicado de prensa afirma que la demanda «de ninguna manera cuestiona el derecho constitucional a portar armas de los ciudadanos estadounidenses, ni el derecho de las tiendas a vender sus productos de manera responsable y en apego a la ley. La demanda involucra una causa común de ambos países cuyos ciudadanos sufren por las prácticas ilícitas de armas de fuego».
México argumenta que los vendedores «no cumplen con el debido cuidado al que están obligados, causan daño previsible, usan publicidad engañosa y tendenciosa, venden armas que se modifican en armas automáticas, causan alteración al orden público y violan leyes estatales y federales, lo que causa un daño mayúsculo en territorio mexicano».
Jonathan Lowy, de la organización estadounidense Global Action on Gun Violence, forma parte del equipo jurídico de México. Lowy trabajó anteriormente para otro grupo antiarmas, la Campaña Brady. Global Action ha presentado documentos ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para registrarse como agentes de México bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, reportó Politico el 17 de octubre. Lowy se negó a decir a Político quién financia su grupo.
Larry Keane, vicepresidente Senior y consejero general de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro, un grupo de la industria, dijo al sitio web de noticias de armas The Reload a principios de este mes, que los esfuerzos legales de México contra la industria de armas de fuego de Estados Unidos eran «equivocados y sin fundamento».
«El crimen que está devastando al pueblo mexicano no es culpa de los miembros de la industria de las armas de fuego, que bajo la ley estadounidense, solo pueden vender sus productos legales a los estadounidenses que ejercen sus derechos de la Segunda Enmienda después de pasar una verificación de antecedentes», dijo Keane.
Los distribuidores y fabricantes de armas autorizados en Estados Unidos no deberían ser responsables «de la falta de voluntad e incapacidad de México para llevar a los cárteles de la droga mexicanos ante la justicia en los tribunales mexicanos», dijo.
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