Colombia, México, Panamá y Estados Unidos acordaron hoy en Cartagena de Indias ampliar la cooperación internacional y el intercambio de información sobre funcionarios venezolanos corruptos y sus redes de apoyo para combatir ese delito en el país petrolero.
Altos funcionarios de las carteras económicas de estos cuatro países «reconocieron la importancia de la cooperación internacional para combatir las redes de financiación ilícitas que respaldan el régimen represivo» del presidente venezolano, Nicolás Maduro, según una declaración conjunta.
Explicaron además que «el régimen» de Venezuela «usa alimentos y ayuda humanitaria como un arma para el control social».
También «condenaron el robo de fondos» de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), encargados de la distribución de alimentos a las familias venezolanas inscritas en ese sistema, y «compartieron información financiera sobre redes de corrupción que se están beneficiando a costa del sufrimiento del pueblo».
El ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, dijo que «la conclusión de la reunión es que la población venezolana está pasando hambre a expensas de la corrupción del régimen».
«El hambre en Venezuela es producto del robo de recursos por parte de organizaciones criminales que están perjudicando a la población venezolana», detalló Cárdenas.
Por su parte, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingslea, afirmó que este grupo de países está haciendo frente a un comportamiento que calificó como de «los más horrendos» y aseguró que se trata de un «crimen contra la humanidad».
«Hemos visto funcionarios del régimen que están reemplazando productos populares como la leche en polvo en el programa CLAP con ítems que no tienen ningún valor nutritivo», manifestó Billingslea.
Añadió que le rompe «el corazón ver que un país que tiene tantos recursos naturales y humanos sea lanzado al abismo por esta cleptocracia».
Billingslea explicó que «ellos roban del programa CLAP en 4 o 5 etapas» y que lo primero que hacen «es que mueven el dinero a una entidad gubernamental venezolana» y «luego le dan un contrato a una persona que está dentro del régimen, por lo que no hay ningún tipo de transparencia comercial».
«Esa persona que hace parte del régimen, después vende el contrato a unas cuantas empresas y obtiene un beneficio y estas empresas más adelante subcontratan para producir las cajas de alimentos, pero estos subcontratos tienen un sobreprecio», detalló.
Después de eso, denunció que «una vez que las cajas están producidas se las dan a compañías transportadoras, que tienen que pagar sobornos para poder llevar la comida a los puertos».
«A partir de allí empeora, porque cuando llega la comida a los puertos (venezolanos) las fuerzas militares cogen las cajas con los alimentos, sacan lo que quieren y lo venden en el mercado negro y solamente una fracción de la comida es lo que llega a los venezolanos que se están muriendo de hambre», añadió.
Por otra parte, Cárdenas dijo que aparte del seguimiento al tema alimentario, en Venezuela «hay otras líneas de investigación que son preliminares y están asociadas a la corrupción, lavado de activos, que son muy promisorias pero están en proceso de investigación».
Esta es la cuarta vez que el grupo se reúne. El próximo encuentro, sin fecha establecida aún, se realizará en Washington y se espera se sumen España y Argentina.
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