México, ¿un país sin ley?

Opinión

Lo sucedido con el fracaso en la detención del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en la Ciudad de México, podría verse como un astracan, o sea un conjunto de disparates.

Pero no es así, se trata de algo muy serio. Representa el último caso, de los muchos sucedidos en los últimos años, en los cuales está en disputa si México es un país de leyes o no lo es.

Porque en gran medida vivimos en una anarquía de la peor especie, que propicia la corrupción, la injusticia, la arbitrariedad, el desorden y el atraso. El poeta Javier Sicilia habla incluso de “una crisis civilizatoria”, es decir, en nuestro país no prevalece la civilización, sino la barbarie.

Esto es muy claro si lo vemos con el dato de que el 35 por ciento del territorio nacional se encuentra bajo dominio pleno del crimen organizado, según un informe del Pentágono al Congreso estadounidense.

Ahí no sólo está ausente la ley, sino se impone la “ley” de los criminales, su cobro de extorsiones —que le llaman el derecho de piso—, el control de las autoridades locales, la impunidad en los delitos, la sumisión al poder bárbaro, a su arbitrio, su capricho, su crueldad.

Cuando comenzó la llamada guerra del narco durante el gobierno del presidente Felipe Calderón —de acuerdo a un estudio del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública—, había 90 zonas bajo control criminal. Al terminar ese sexenio, ya eran 900. El fracaso de esa política de seguridad es evidente.

Pero después del gobierno del presidente Enrique Peña hasta llegar ahora al término del sexenio de los “abrazos, no balazos” del presidente López Obrador, lo que se tiene es prácticamente la tercera parte del territorio nacional donde no manda la autoridad del Estado mexicano, sino el dominio de las organizaciones criminales.

Pero si bien hemos señalado el extremo en relación a la pregunta de si somos un país sin ley, la respuesta debe incluir lo que sucede en ámbitos que supuestamente se siguen rigiendo por un Estado de derecho, más falso que los bibilinques de la Revolución mexicana, o sea, pura “moneda falsa”.

Las leyes tienen poco valor en un país donde la vigencia de la ley se rige por el soborno, el influyentismo, la arbitrariedad, o la hegemonía de los poderosos, ya sea se trate del poder económico o el poder político.

Por eso lo sucedido en el caso de Javier Corral no es un astracan, es un mal síntoma: para alguien la ley no es la ley y la actuación es contraria a la ley. Se trata del Fiscal de la Ciudad de México, quien acude al rescate de un personaje al que se le ha girado una orden de aprehensión por parte de un juez, quien para hacerlo debió ponderar las pruebas de un fiscal. Lo suficiente para ser indiciado en un proceso penal.

Según se publicó, para detener a Javier Corral la policía judicial de Chihuahua notificó al fiscal local, quien incluso debió prestar su colaboración para este ejercicio legal. La versión del periódico El País de que los policías ministeriales de Chihuahua querían secuestrar a este político no se sostiene, pues actuaron públicamente al presentarle al acusado la orden de aprehensión.

El fiscal Ulises Lara de la CDMX alegó primero que no había dictaminado la procedencia de la petición de la fiscalía chihuahuense. Lo cual no le corresponde, pues no tiene jurisdicción sobre el procedimiento de la fiscalía del estado de Chihuahua.

Luego hace un alegato ante la opinión pública, diciendo confusamente que era su obligación proteger los derechos humanos de Javier Corral, que nunca han estado en riesgo, por lo menos no se vio ninguna amenaza en ese sentido.

El presidente de la República ya dictaminó que se trata de una “venganza política” y la presidenta electa ha secundado esa versión. Si así fuera, el asunto sería muy grave porque habría una distorsión del estado de derecho.

El hecho es que una orden de aprehensión obsequiada por un juez —quien debió sustentar jurídicamente su decisión—, fue obstruida por una autoridad que debió apoyar se cumpliera, porque la ley es la ley.

Si Javier Corral es inocente de la grave acusación de corrupción que le señalan, lo debe demostrar en un juicio. Exactamente como al que fueron sometidos empresarios y políticos acusados de desviar fondos públicos para acciones electorales.

El político chihuahuense ya tramitó un amparo, habrá que ver, con el procedimiento de la ley, si procede o no. Pero la idea de que haya una protección extra legal, o el famoso fuero legislativo y, por tanto, una imposición política mayoritaria, no son el camino en un caso como este.

Por eso la prisión preventiva, sin el procedimiento de un fiscal que pruebe sus acusaciones lo suficiente para someter a un ciudadano a un proceso penal, es algo que no debe permitirse, y es parte de las posturas que ahora se quieren imponer por una mayoría política, en temas complejos como lo fiscal o lo que genéricamente se llaman “acciones en contra de la seguridad del Estado”, lo que tiene un eco de sistemas autoritarios ilegales intrínsecamente.

Un efecto político de este caso, es que la condición de Zar anticorrupción que le había sido asignada a Javier Corral, ya no tiene sentido mientras todo esto no se aclare. Un desvío de 98 millones de pesos como le imputa el gobierno del estado de Chihuahua con la simulación de un contrato de asesoría para reestructurar la deuda del estado cuando era gobernador, es demasiado, debe resolverse en un proceso legal que, por lo demás, por la relevancia del caso y del personaje acusado, va a tener muchos ojos encima.

Lo peor sería que, en efecto, se tratara de una venganza política sin sustento, o que Javier Corral se haya refugiado, después de cuarenta años de tener una posición política e ideológica distinta, en las filas del partido mayoritario en el poder, en la búsqueda de impunidad.

La realidad es que la presidenta Claudia Sheinbaum se quedó sin este Zar anti corrupción, pero hereda un problema creado en el sistema mexicano y es la necesidad de que la ley sea la ley y sea justa, como muchas veces no sucede.

Y sin duda, además de la forma y el contenido que debe ser funcional para que México no sea considerado un país sin ley, se requiere con urgencia que el Estado mexicano recupere el territorio que ahora está bajo el imperio de la tiranía de los grupos criminales.

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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times