El Gobierno de México dijo este miércoles que realiza una «depuración» de las instituciones de seguridad para asegurar que no haya cómplices del exsecretario Genaro García Luna, y se mantiene pendiente de cualquier solicitud para cooperar con la investigación por narcotráfico que se le realiza en Estados Unidos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, declaró en conferencia de prensa que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se realiza una revisión «para garantizar que en las instituciones de seguridad no se hayan enquistado cómplices del exsecretrario (García Luna)».
«Estamos avanzando en este proceso. No cometeremos ninguna arbitrariedad. No se trata de sacar a los que llegaron en determinado año, sino de depurar a aquellos que pudieran formar parte de un equipo político que actúa en función de sus intereses», declaró.
A su vez, López Obrador aseguró que el Gobierno de México va a cooperar en lo que solicite Estados Unidos, donde está detenido García Luna como acusado de aceptar millones de dólares del Cártel de Sinaloa, que entonces dirigía el convicto Joaquín «El Chapo» Guzmán, mientras era el encargado de seguridad de México bajo la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012).
No obstante, López Obrador reiteró su posición de que su Gobierno no va a promover una investigación contra Calderón. «La Fiscalía va a cooperar (con EE.UU.), y si ellos deciden abrir un proceso es una decisión de esa instancia autónoma».
Argumentó que si la investigación se promoviera desde el Ejecutivo se vería como una «persecución política», pero aseguró que eso no significa que se vaya a encubrir al exmandatario.
Asimismo, se pronunció porque la investigación en Estados Unidos abarque la actuación de las agencias de ese país en México.
«Lo de Rápido y Furioso ¿no fue un acuerdo? Estuvo muy mal que lo permitiera el Gobierno mexicano, pero fue un acuerdo con una agencia extranjera. Los crímenes que se cometieron por ese operativo fallido son responsabilidad de los dos Gobiernos», manifestó.
Rápido y Furioso fue una operación estadounidense para rastrear armas adquiridas por compradores ilegales hasta los cárteles mexicanos. Pero las autoridades perdieron la pista a miles de las armas, que acabaron siendo usadas en crímenes en ambos países.
López Obrador indicó que solo si la ciudadanía solicita que se realice una consulta sobre un posible proceso a Felipe Calderón el Gobierno actuaría en ese sentido, pero adelantó que él votaría en contra.
Por otro lado, el mandatario indicó que en el plan nacional de desarrollo está prevista la integración de «consejos ciudadanos para la paz».
Para López Obrador, otro aspecto fundamental de la estrategia de seguridad es que no se permita la asociación entre autoridades y delincuencia. «Si la autoridad va a estar al servicio de la delincuencia no hay posibilidad de que las cosas mejoren», señaló.
Durante la conferencia de prensa, un periodista aseguró que en la gestión de Calderón el general Tomás Ángeles Dahuahare le advirtió al entonces presidente sobre la amenaza del narcotráfico y le presentó un plan para enfrentarla.
El militar fue acusado y encarcelado como sospechoso de vínculos con el narcotráfico, pero fue exonerado y liberado en 2013 durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
En respuesta, el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, aseguró que Ángeles Dahuahare, fue «un gran militar, reconocido por todos nosotros».
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