El Gobierno mexicano y una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunieron este lunes para una revisión técnica de los avances y para ratificar la continuidad del grupo de expertos para resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
En un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se apuntó que la visita de la delegación de la CIDH tiene como objetivo «fortalecer los trabajos de cooperación y coordinación internacional para el caso Ayotzinapa».
Como parte de esos trabajos este día se acordó «dar continuidad del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI)».
En su turno, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación mexicana, Alejandro Encinas, recordó que el compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos «es mantener la participación del GIEI durante este proceso y hasta que se tengan resultados».
Encinas, dijo además que es prioridad para la Comisión robustecer los trabajos de judicialización y, para ello, se necesitan todas las capacidades técnicas de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR).
Además del fortalecimiento técnico con personal altamente especializado en materia de desaparición forzada, tortura y derecho penal.
En su turno, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería mexicana, Cristopher Ballinas, dijo que estos días servirán para «concretar una agenda de trabajo, acordada por el Gobierno, la Comisión y la representación de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, para los siguientes meses».
En estos días, la delegación de la CIDH se estará reuniendo con representantes de la FGR y de las secretarías de Gobernación (Interior) y de Relaciones Exteriores.
La reunión ocurre cuando faltan 20 días para que cumplen siete años, el próximo 26 de septiembre, de la desaparición de los 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero.
La Administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) promovió la «verdad histórica» que señalaba que policías corruptos en Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los mató e incineró en un basurero de Cocula.
Pero el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador reabrió la investigación en 2018 y derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, alejada del basurero.
El proceso se ha complicado porque funcionarios del anterior gobierno están acusados de cometer irregularidades y torturar a los acusados de Ayotzinapa.
El Gobierno mexicano busca extraditar de Israel a Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, quien llevó el caso y está acusado de irregularidades en el caso de Ayotzinapa.
También se ha entorpecido la indagatoria porque jueces han liberado a los detenidos por las irregularidades de las autoridades.
A mediados de agosto, el Gobierno mexicano reconoció el asesinato de al menos ocho personas vinculadas a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
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