Michigan: Proyecto convertiría tratamientos de afirmación de género para menores en abuso en primer grado

Por Rita Li
17 de octubre de 2022 2:38 PM Actualizado: 17 de octubre de 2022 2:38 PM

Los republicanos de Michigan han presentado recientemente un proyecto de ley que prohibiría los procedimientos médicos para la reasignación de género en los menores transgénero, y los consideraría abuso infantil en primer grado. La propuesta llega pocos días antes de que comience esta semana el primer juicio del país sobre la prohibición de este tipo de tratamientos en un estado.

Una persona, incluidos los padres, los tutores y los profesionales médicos con licencia, sería culpable de abuso infantil en primer grado en Michigan si consiente, obtiene o ayuda a sabiendas un procedimiento de transición de género para un niño, según una propuesta respaldada por el Partido Republicano, conocida como Proyecto de Ley 6454.

El abuso de menores en primer grado puede llevar a la cadena perpetua o cualquier término de años, dijo el proyecto de ley presentado el 11 de octubre. Los representantes republicanos que presentaron el nuevo proyecto de ley son Beau LaFave, Ryan Berman, Steve Carra, Luke Meerman y Steve Marino.

«La idea de que hagamos cambios que puedan alterar la vida de niños de 11, 12, 13, 14 y 15 años cuando es ilegal que tengan relaciones sexuales es una locura», dijo LaFave a The Hill el miércoles pasado. «No son lo suficientemente ‘responsables’ como para fumar un cigarrillo hasta los 21 años».

El legislador dijo que es optimista de que la mayoría de los republicanos en la legislatura estatal apoyarán la medida. Si se aprueba, el estado se convertiría en el segundo del país en convertir en delito la atención a menores.

En abril, una nueva ley de Alabama prohibió ciertos procedimientos y sustancias transgénero a los menores de 18 años, como el tratamiento hormonal, los bloqueadores de la pubertad o la cirugía de cambio de género que incluye la esterilización. Sin embargo, en mayo, un juez federal detuvo su aplicación mientras avanzaba una apelación contra la legislación.

Acciones estatales

La propuesta llega una semana antes de que se celebre en Arkansas el primer juicio del país sobre las restricciones estatales a la atención infantil relacionada con el género.

Arkansas fue el primero en prohibir a los médicos y a los profesionales de la salud que proporcionen procedimientos de transición de género a los jóvenes, o que los remitan a otros profesionales de la salud para que los realicen.

El estado no lo considera un delito grave castigado con penas de prisión superiores a un año. Los proveedores de servicios médicos que infrinjan la ley podrían enfrentarse a medidas disciplinarias por parte de la entidad que otorgue la licencia o la junta de revisión disciplinaria correspondiente.

Sin embargo, la ley, dirigida a los tratamientos de la transexualidad para menores, también se enfrentó a un desafío judicial inmediato en julio de 2021, ya que el juez de distrito Jay Moody bloqueó temporalmente su entrada en vigor durante más de un año, hasta el lunes.

A partir del 17 de octubre, Moody escuchará los testimonios y las pruebas del caso. Las familias de cuatro jóvenes transgénero y dos médicos que proporcionaron atención para la afirmación de género alegaron previamente que la legislación era inconstitucional y socavaba los derechos de los jóvenes transgénero, los padres y los médicos. Pero los defensores de la ley han argumentado que la prohibición está dentro de la autoridad del estado para regular las prácticas médicas.

Se espera que el juicio dure dos semanas.

Arizona también ha aprobado su propia versión de la ley de Arkansas, la S.B. 1138, para prohibir a los jóvenes menores de 18 años el acceso a las denominadas cirugías de «afirmación de género», que entró en vigor a finales de septiembre.

El 19 de agosto, la representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) presentó la primera ley federal, la «Ley de Protección de la Inocencia de los Niños», para que los procedimientos de transición de género en menores sean un delito de clase C en todo el país. La pena prevista en su proyecto de ley es de hasta 25 años de prisión con una multa máxima de 250,000 dólares.

Con información de The Associated Press.


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